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21 octubre 2026 - 19:01
El exintegrante de la Bonaerense, Lucas Artioli, acordó una pena de cinco años de prisión en una causa por asociación ilícita. Pero su testimonio ante otra Fiscalía abrió un frente distinto.
Imagen ilustrativa
La investigación por una organización delictiva integrada por policías y civiles de San Nicolás y Ramallo tiene una derivación que apunta al funcionamiento interno de la Policía Bonaerense. Mientras Lucas Rubén Artioli, señalado como jefe de aquella asociación ilícita, espera la homologación de un juicio abreviado que contempla cinco años de prisión, una declaración suya ante la Justicia expuso acusaciones sobre un supuesto sistema de recaudación y distribución de dinero entre funcionarios policiales.
Se trata de dos investigaciones judiciales diferentes, aunque relacionadas por el testimonio del propio Artioli. En la primera, iniciada en 2023, la UFI N.º 14 a cargo del Dr. Patricio Múgica Díaz investiga una presunta asociación ilícita vinculada con delitos contra la propiedad y la administración pública. La segunda tramita ante la UFI N.º 13 de San Nicolás, especializada en delitos institucionales y a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, donde el exteniente primero formuló denuncias sobre el manejo de servicios adicionales, horas de trabajo y recursos policiales.
La declaración que permite conocer parte de esas acusaciones fue incorporada a una investigación por abuso de autoridad y lleva fecha de diciembre de 2024.
En ella, Artioli ratificó testimonios anteriores y aseguró que, mientras cumplía funciones en la Policía Local, existía un mecanismo por el cual los efectivos debían entregar parte del dinero recibido por servicios adicionales. Según su versión, la recaudación era distribuida entre la entonces titular de la dependencia, Mariana Aguiar, y el segundo jefe, Matías Godoy.
Artioli afirmó que él mismo había sido el encargado de reunir esos fondos y entregarlos a sus superiores hasta julio de 2022, cuando le secuestraron el teléfono celular y Aguiar le indicó que tomara licencia. Desde entonces, siempre de acuerdo con su declaración, Godoy habría asumido esa tarea.
El testimonio incorporó una acusación de mayor alcance: parte del dinero habría sido trasladado a La Plata para su entrega al comisario inspector Pablo Lescano, a quien identificó como responsable de la custodia de detenidos en la Superintendencia.
La declaración no constituye una comprobación judicial de esas maniobras. Son afirmaciones realizadas por el imputado en otra causa penal, cuya veracidad y eventual responsabilidad de las personas mencionadas deben establecerse mediante pruebas independientes.
Uno de los aspectos más llamativos del testimonio es la proporción de dinero que, según Artioli, quedaba en manos de quienes organizaban los servicios.
El exteniente primero sostuvo que, tanto en adicionales autorizados como en aquellos que describió como realizados sin autorización ministerial, el 70% de lo recaudado era destinado a los superiores y el 30% permanecía en poder del efectivo que prestaba el servicio.
También mencionó presuntas irregularidades relacionadas con horas de trabajo que se cobraban sin cumplirse efectivamente.
Según explicó, algunos policías figuraban prestando servicios cuando en realidad se encontraban de franco, mientras que en otras oportunidades los adicionales se realizaban durante horarios que correspondían a tareas ordinarias.
En ese contexto, señaló que determinados porcentajes de las denominadas horas CORES también habrían sido entregados a las autoridades de la dependencia.
Entre los lugares mencionados aparecen el Centro de Alojamiento de Detenidos (CAD), establecimientos privados y entidades bancarias.
La declaración incluyó además referencias a presuntos servicios de vigilancia en el supermercado chino ubicado en barrio 9 de Julio, sobre Ruta 188, y en una obra civil vinculada con la zona de B° Fraga.
Artioli aseguró que, en algunos casos, un patrullero permanecía estacionado durante toda la noche frente a establecimientos privados, aunque formalmente figuraba cumpliendo tareas de recorrida.
De corroborarse, esa situación implicaría un posible desvío de recursos policiales destinados a la seguridad pública hacia prestaciones particulares.
Las acusaciones no se limitaron a la recaudación de dinero. Ante la Fiscalía, Artioli también describió presuntas maniobras relacionadas con el combustible asignado a móviles oficiales.
Mencionó estaciones de servicio de San Nicolás, Ramallo y Baradero, donde, según su relato, se habrían utilizado mecanismos para permitir que combustible pagado con recursos públicos terminara siendo cargado en vehículos particulares.
Una de las modalidades denunciadas consistía en obtener vales por combustible que no era efectivamente cargado en los patrulleros y utilizarlos posteriormente para abastecer automóviles privados, mayormente de los jefes policiales.
También afirmó que se habría utilizado una tarjeta YPF Ruta asignada a un móvil policial para cargar combustible en vehículos particulares.
En ese tramo de su declaración mencionó al excomisario Villanueva y describió supuestas prácticas que, según sostuvo, se habrían desarrollado durante su desempeño en Baradero.
Artioli también aseguró que, después de decidir prestar declaración, comenzó a observar movimientos que interpretó como posibles actos de intimidación.
Relató que una camioneta blanca habría pasado reiteradamente frente a su vivienda y que, en otra oportunidad, vehículos policiales se estacionaron en las inmediaciones e hicieron sonar sus sirenas.
El expolicía sostuvo que esas situaciones le generaban preocupación por la seguridad de su familia.
En su declaración mencionó además a otros funcionarios policiales y afirmó que existían contactos destinados a obtener testimonios en su contra.
A la fecha, la justicia no determinó la veracidad de esas acusaciones o si se adoptaron medidas de protección o si derivaron en nuevas imputaciones.
La declaración ante Giagnorio debe diferenciarse de la investigación principal por asociación ilícita que se conoció públicamente en septiembre de 2023.
Aquella causa estuvo a cargo de la UFI N.º 14, encabezada por el fiscal Patricio Múgica Díaz, y derivó en una serie de 25 allanamientos simultáneos.
La pesquisa había comenzado a partir de elementos obtenidos durante la investigación de un robo cometido en Ramallo en 2022. El análisis de un teléfono celular permitió avanzar sobre una supuesta organización integrada por policías y civiles.
Entre los delitos investigados figuraron asociación ilícita, concusión, defraudación en perjuicio de la administración pública y robos.
Artioli fue señalado como presunto jefe de esa estructura y permaneció privado de libertad desde septiembre de 2023, posteriormente bajo arresto domiciliario.
En el marco de esa causa, once imputados presentaron acuerdos para acceder a juicios abreviados, con penas diferenciadas según las acusaciones y la participación atribuida a cada uno.
Para Artioli se acordó una pena de cinco años de prisión, aunque el entendimiento todavía requiere homologación judicial para producir los efectos de una sentencia.
Entre los demás acusados – en su mayoría policías – que aceptaron acuerdos figuran Matías Godoy, Claudio Báez, Juan Apaza, Amira y Agustina Méndez, Juan Giles, Sergio Ayala, Walter Espinoza, Eduardo Ponce y Rolando Albornoz, con penas propuestas que incluyen condenas de ejecución condicional, multas e inhabilitaciones, según cada situación procesal.
Por su parte, los policías Graciela Kruger y Leandro Almendra, acusados de defraudación a la administración pública, decidieron afrontar un juicio oral y público.
Ese debate debía comenzar el 7 de octubre, pero fue suspendido mientras se aguardaba la homologación de los acuerdos presentados por los restantes imputados. Hasta la información disponible, no se había establecido una nueva fecha.
El expediente por asociación ilícita y la investigación por presunto abuso de autoridad no deben confundirse.
En el primero, Artioli está acusado de integrar y dirigir una organización dedicada a cometer distintos delitos. En el segundo, su declaración lo ubica como denunciante de supuestas prácticas irregulares dentro de la estructura policial, algunas de las cuales afirmó haber conocido por su propia participación en la recaudación.
Esa circunstancia vuelve especialmente importante la valoración judicial de su testimonio: el hecho de que una persona imputada formule acusaciones contra terceros no convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos probados, pero tampoco impide que sean investigadas.
La declaración presentada ante la Fiscalía de Giagnorio contiene referencias concretas a funcionarios, lugares, porcentajes de recaudación, servicios y modalidades de utilización de recursos públicos.
La documentación disponible no permite establecer qué resultados produjo esa investigación, si las personas señaladas fueron imputadas o si se reunieron pruebas independientes que respaldaran las acusaciones.
Mientras la causa principal se encamina hacia la definición de los acuerdos de juicio abreviado y continúa pendiente el debate de los dos policías que optaron por ser juzgados, permanece abierto un interrogante sobre el alcance judicial de las denuncias formuladas por Artioli.
La investigación por presuntas irregularidades institucionales quedó bajo intervención de la UFI N.º 13, a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, mientras que la causa por asociación ilícita corresponde a la UFI N.º 14 del Departamento Judicial San Nicolás.
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