Más previsiones: Clima 30 dias
16 octubre 2026 - 20:34
Abogados Penalistas de Rosario cuestionan las presiones políticas y mediáticas contra el Magistrado.
La controversia institucional desatada por la absolución de Maximiliano Cabaleyro y seis extrabajadores de Rey Distribución continúa sumando repercusiones. Esta vez, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresó su preocupación por los cuestionamientos dirigidos contra el juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás.
El pronunciamiento incorpora una nueva voz al debate abierto después de que el diputado provincial Manuel Passaglia anunciara su intención de promover un juicio político contra el magistrado por la sentencia dictada en la causa que investigó el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la distribuidora de San Pedro.
La organización rosarina puso el foco en las consecuencias institucionales que pueden provocar las campañas de cuestionamiento contra jueces cuando sus resoluciones no coinciden con las pretensiones de alguna de las partes.
En su comunicado, los abogados penalistas sostuvieron que los desacuerdos con una sentencia deben canalizarse mediante los recursos previstos por la legislación, sin trasladar esa discusión a mecanismos de presión sobre quienes tienen la responsabilidad de juzgar.
La intervención de la entidad rosarina se conoce en un contexto en el que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires también salió a respaldar la independencia de los jueces.
El organismo bonaerense difundió este viernes un comunicado en el que reconoció la legitimidad del juicio político como herramienta institucional, pero advirtió que no corresponde utilizarlo como represalia por el contenido de una resolución judicial cuando no existen causales legales que justifiquen la remoción.
Aunque ambos documentos presentan enfoques diferentes, coinciden en una cuestión central: la posibilidad de revisar una sentencia no debe confundirse con la facultad de sancionar a quien la dictó.
Los abogados de Rosario fueron especialmente críticos con la combinación de cuestionamientos públicos, eventuales sanciones y pedidos de enjuiciamiento contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a los intereses de determinados sectores.
Según expresaron, ese escenario puede comprometer las garantías del proceso judicial y condicionar futuras resoluciones.
La discusión comenzó después de que Alejandro López resolviera absolver a Cabaleyro y a los seis extrabajadores que habían sido acuados por los acontecimientos registrados en febrero de 2021, durante un conflicto laboral en Rey Distribución.
El juicio oral examinó las denuncias por las protestas realizadas en los accesos a la empresa, las presuntas amenazas y las acusaciones de extorsión.
Durante las audiencias declararon integrantes de la familia propietaria, trabajadores, peritos y efectivos policiales. También se incorporaron elementos contables que expusieron irregularidades laborales y fueron objeto de distintas interpretaciones por parte de la Fiscalía y las defensas.
La resolución absolutoria generó el rechazo de Manuel Passaglia, quien anunció que impulsaría el enjuiciamiento del magistrado al cuestionar los fundamentos utilizados para resolver el caso.
Ese planteo trasladó las consecuencias del juicio a un terreno institucional distinto del expediente penal: el de la responsabilidad de los magistrados y los límites de las intervenciones políticas frente a las decisiones judiciales.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Cabaleyro ni desarrolló una defensa de los fundamentos particulares de la absolución.
Su comunicado se concentró en el procedimiento que corresponde seguir cuando una parte considera equivocada una decisión judicial.
La entidad sostuvo que recurrir a campañas de desprestigio o amenazas de sanciones por una sentencia desfavorable puede afectar la independencia de los tribunales, un principio que consideró esencial para el funcionamiento del Estado de derecho.
De esta manera, el cuestionamiento al juez López ya provocó respuestas de organizaciones vinculadas con la actividad judicial de Buenos Aires y Santa Fe.
Mientras tanto, el caso Cabaleyro continúa generando consecuencias más allá de la absolución. El debate que comenzó con un conflicto sindical y empresarial ahora también alcanza a la relación entre el poder político, los mecanismos de control judicial y la independencia de quienes administran justicia.
Seguínos en WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKBZAY23n3mJkC2Du1m
Seguínos en Telegram:
https://web.telegram.org/a/#-1001779393029
