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16 octubre 2026 - 18:51
Tras el anuncio de un pedido de juicio político contra el juez Alejandro López por la absolución de Cabaleyro, la entidad bonaerense advirtió sobre los riesgos de utilizar mecanismos de remoción como herramienta de presión política.
La absolución de Maximiliano Cabaleyro y los seis extrabajadores de Rey Distribución dejó de ser solamente una discusión sobre las responsabilidades penales atribuidas durante el juicio. La decisión del juez Alejandro López abrió un nuevo conflicto institucional después de que el diputado provincial Manuel Passaglia anunciara que impulsaría su enjuiciamiento.
Este viernes 16 de octubre, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires intervino públicamente en la controversia. Lo hizo mediante un comunicado en el que cuestionó la posibilidad de utilizar los mecanismos de remoción de jueces como respuesta a decisiones judiciales con las que determinados sectores no están de acuerdo.
La reacción de la entidad se produjo después de que Passaglia expresara su rechazo al fallo que benefició al dirigente camionero y a los trabajadores involucrados en el conflicto con la distribuidora de San Pedro.
La causa había llegado a juicio por los hechos registrados en febrero de 2021, cuando un conflicto laboral derivó en un bloqueo de las instalaciones de Rey Distribución. Durante el debate se escucharon testimonios de empresarios, trabajadores, profesionales y efectivos policiales, además de incorporarse documentación y pericias relacionadas con las condiciones laborales y las acusaciones formuladas.
Concluido el proceso, López resolvió absolver a los imputados. Esa decisión, que puso fin a la instancia oral, pasó rápidamente al terreno político cuando Manuel Passaglia anunció su intención de promover un juicio político contra el magistrado.
El pronunciamiento del Colegio de Magistrados no estuvo dirigido a evaluar si la absolución fue correcta o equivocada. Su intervención apuntó a otra cuestión: qué herramientas corresponden utilizar cuando existe un desacuerdo con una sentencia.
La organización recordó que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas mediante los procedimientos establecidos por la legislación. También reconoció que los magistrados están sujetos a mecanismos de responsabilidad institucional.
Sin embargo, estableció una diferencia entre investigar una conducta que pueda constituir una causal de remoción y pretender sancionar a un juez por el sentido de una decisión.
En ese marco, advirtió sobre el riesgo de que las presiones ejercidas desde posiciones de poder económico, político o mediático terminen condicionando la actuación de quienes deben resolver los conflictos judiciales.
La entidad vinculó esa preocupación con un principio central del funcionamiento de la Justicia: que las personas puedan acudir a los tribunales sin que las decisiones dependan de la influencia de los sectores involucrados.
El comunicado, fechado en La Plata, también tuvo una destinataria concreta: la representación departamental de los magistrados de San Nicolás.
La organización provincial expresó su respaldo al Colegio local y ofreció acompañamiento para las acciones institucionales destinadas a resguardar la independencia judicial.
La intervención adquiere relevancia porque traslada la discusión sobre el caso Cabaleyro a un escenario diferente del que ocupó durante las audiencias. Mientras el juicio estuvo concentrado en determinar si las conductas atribuidas a los acusados constituían delitos, ahora el debate gira alrededor de la responsabilidad de quien dictó la sentencia y de los límites de los mecanismos previstos para cuestionar su actuación.
El anuncio de Passaglia y la respuesta del Colegio representan posiciones diferentes frente a un mismo episodio. El legislador cuestiona la actuación del magistrado; la entidad judicial reclama que cualquier procedimiento de responsabilidad se fundamente en causales legales y respete las garantías institucionales.
Por ahora, el anuncio de un pedido de juicio político no equivale a una sanción ni supone que se haya acreditado una falta del juez Alejandro López.
La absolución de Cabaleyro cerró una etapa del expediente penal, pero sus consecuencias continúan generando repercusiones fuera de la sala de audiencias. Esta vez, el centro de la controversia no está puesto en los acusados, sino en la actuación del magistrado que resolvió el caso.
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