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6 octubre 2026 - 17:47
La Justicia consideró inconstitucional el mecanismo utilizado para condicionar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. La decisión alcanza al sistema universitario nacional y tiene impacto en la UTN San Nicolás.
Imagen de archivo, marcha universitaria
La discusión por el financiamiento de las universidades públicas tuvo este martes un nuevo capítulo. La Justicia Federal dispuso que el Gobierno nacional deberá avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, al resolver un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado declaró inconstitucional el mecanismo incorporado por el Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025, que había supeditado la ejecución de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
El conflicto se originó después de que el Ejecutivo vetara la normativa sancionada por el Congreso. El Poder Legislativo rechazó posteriormente ese veto y ratificó la ley con las mayorías requeridas. Tras esa instancia, el Gobierno dictó el decreto que terminó siendo cuestionado judicialmente.
En su resolución, Cormick sostuvo que esa decisión no supera un “test mínimo de razonabilidad”, debido a que terminaba suspendiendo la aplicación de una norma que ya había atravesado nuevamente el Congreso.
Para el juez, ante la imposibilidad de recurrir a otro veto, el procedimiento utilizado terminó funcionando como un “mecanismo extraconstitucional” y generó, en los hechos, una instancia que no está contemplada en la Constitución Nacional.
A partir de la sentencia, el Ejecutivo deberá dar “cumplimiento inmediato” a la ley y dictar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para ponerla en funcionamiento.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los recursos destinados al sistema universitario. También contempla la situación salarial de docentes y no docentes, uno de los principales reclamos sostenidos por la comunidad académica durante los últimos meses.
El tema tiene alcance directo en San Nicolás, donde funciona la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La institución forma parte del sistema de universidades nacionales alcanzado por la legislación y, por lo tanto, por las medidas que deberán adoptarse para cumplirla.
Otro aspecto analizado en el fallo fue el argumento relacionado con el costo fiscal. Cormick recordó que durante 2024 y 2025 no hubo nuevas leyes de Presupuesto y que se trabajó con prórrogas de partidas anteriores.
También tomó como referencia una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el impacto de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno nominal proyectado.
La sentencia es de primera instancia y abre una nueva etapa dentro de una disputa que atravesó al Ejecutivo, al Congreso y al sistema universitario. Mientras continúe el recorrido judicial que eventualmente pueda tener el expediente, la resolución dictada por Cormick ordena avanzar con la aplicación de la ley y con las medidas necesarias para hacer efectivos sus alcances.
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