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19 septiembre 2026 - 09:23
La denuncia fue realizada en Villa Constitución y apunta contra su expareja por presuntos hechos de abuso y explotación que involucrarían a la hija adolescente de ambos.
Una mujer de 44 años acudió a la Justicia de Villa Constitución con una grave denuncia contra su expareja y padre de su hija, una adolescente que actualmente tiene 14 años. La presentación reúne acusaciones por presuntos abusos sexuales, violencia de género y posibles situaciones de explotación que, según su relato, habrían ocurrido entre San Nicolás y Villa Constitución.
La denuncia fue presentada en diciembre ante la Unidad Fiscal de la Acusación de Villa Constitución, dependiente de la Fiscalía Regional N.º 2. Actualmente se encuentra bajo análisis una cuestión central: determinar qué jurisdicción deberá intervenir, debido a que los episodios denunciados abarcan períodos en los que la familia residió en ambas provincias.
Detrás del expediente existe un extenso relato de la madre, quien sostiene que comenzó a reclamar una intervención judicial en noviembre de 2024, cuando acudió al Juzgado de Familia N.º 3 de San Nicolás porque su hija no quería permanecer en la casa de su padre. Según explicó, desde entonces intentó que la adolescente fuera escuchada y que diferentes situaciones fueran investigadas.
“Mi hija y yo: 19 meses pidiendo que alguien nos escuche”, escribió al reconstruir el recorrido que asegura haber realizado ante distintas instituciones. En otro tramo resumió el origen de su reclamo: “Mi hija no quería ir a dormir a la casa de su papá. No era un capricho”.
La mujer asegura haber aportado tres informes psicológicos y haber impulsado por su cuenta el peritaje del diario íntimo y del teléfono celular de la adolescente. Según su relato, del análisis del dispositivo surgieron fotografías de carácter sexual, accesos a páginas para adultos, conversaciones con hombres mayores y cuentas de una aplicación de pagos a nombre del padre vinculadas al número telefónico de la menor.
Ya durante 2026, la madre afirma haber encontrado en el teléfono cinco usuarios de Facebook, 27 correos electrónicos en los que solicitaban fotografías y cinco cuentas de Mercado Pago a nombre del padre. “Es la misma metodología que se usó conmigo”, sostuvo al explicar por qué pidió que la Justicia investigue posibles situaciones de prostitución y abuso.
La presentación no se limita a lo que la mujer denuncia respecto de su hija. También contiene un relato sobre los hechos de violencia que asegura haber sufrido durante su relación con el hombre.
“Terminé haciendo la denuncia penal en Villa Constitución, Santa Fe, porque en San Nicolás la fiscalía archivó la causa”, expresó. En esa presentación relató episodios de violencia física, psicológica y sexual y aseguró haber sido sometida a una situación de explotación vinculada con una deuda por drogas que habría contraído su entonces pareja.
Entre los episodios denunciados se encuentra uno especialmente grave. La mujer sostiene que fue utilizada para saldar aquella deuda y que sufrió un abuso sexual por parte de dos hombres en un descampado bajo amenazas de muerte.
La madre también cuestionó la actuación de diferentes organismos que intervinieron durante el conflicto. Asegura que algunas medidas de prueba no fueron realizadas, que personas que consideraba relevantes no prestaron declaración y que la adolescente atravesó largos períodos de inasistencia escolar.
El conflicto tiene además una dimensión familiar que la mujer sintetizó en una frase: “Hace diecinueve meses que no tengo ningún contacto con mi hija”. Sostiene que durante todo ese tiempo no pudo reconstruir el vínculo y reclama que la adolescente tenga la posibilidad de ser escuchada dentro del proceso judicial.
Su pedido final es concreto: “Pido protección para las dos. Pido, sobre todo, que investiguen”.
La denuncia se encuentra ahora atravesada por la discusión sobre la competencia territorial entre las jurisdicciones involucradas. Mientras ese aspecto se define, las acusaciones formuladas por la mujer continúan siendo hechos denunciados que requieren investigación y comprobación judicial, sin que impliquen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
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