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23 junio 2026 - 21:02
La Justicia investiga una transferencia de 200 mil dólares, una cuenta no declarada, operaciones patrimoniales millonarias y presuntos vínculos con un empresario condenado en Estados Unidos por lavado y fraude.
El exdiputado nacional y excandidato presidencial José Luis Espert deberá comparecer ante la Justicia Federal el próximo 30 de junio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que, según la acusación fiscal, involucra transferencias internacionales no declaradas, documentación considerada apócrifa y movimientos patrimoniales bajo sospecha.
La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a un requerimiento formulado por el fiscal Fernando Domínguez. Además de Espert, también fue convocado a prestar declaración su contador personal, Mariano Cosentino, mientras que la Justicia dispuso profundizar la investigación sobre Varianza S.A., sociedad constituida en 2019 por el dirigente junto a su esposa, María Mercedes González.
La causa se originó a partir de una investigación vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019, aunque con el correr de los meses derivó en un expediente centrado en presuntas maniobras de lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la fiscalía de San Isidro, en enero de 2020 Espert habría recibido una transferencia de 200 mil dólares en una cuenta del banco Morgan Stanley que, según la acusación, no habría sido declarada ante el entonces organismo tributario nacional.
Los fondos investigados fueron enviados por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma estadounidense señalada por la Justicia como una empresa pantalla vinculada a operaciones fraudulentas de venta de aeronaves.
Los investigadores relacionan esa transferencia con Federico «Fred» Machado, empresario que respaldó políticamente a Espert y que recientemente se declaró culpable por delitos de lavado de dinero y fraude ante tribunales de Estados Unidos luego de haber sido extraditado por Interpol. Machado cumple actualmente una condena de 16 años de prisión.
Según la acusación, para justificar el ingreso de los fondos se presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la empresa minera guatemalteca «Minas del Pueblo S.A.».
Sin embargo, la fiscalía sostiene que el documento carece de sustento real. Entre los elementos incorporados al expediente se menciona que las minas involucradas nunca habrían estado operativas, que no existen facturas ni documentación que acrediten la prestación de servicios y que el propio Espert no registró viajes a Guatemala vinculados con esa supuesta actividad profesional.
Por esos motivos, los investigadores consideran que el contrato podría haber sido utilizado como una herramienta para intentar justificar el origen de los fondos.
Mientras avanza la causa, la Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre Espert y su esposa. La medida restringe la posibilidad de vender propiedades o realizar determinadas operaciones patrimoniales sin autorización judicial.
A partir del análisis de documentación bancaria y dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, los investigadores reconstruyeron parte del recorrido del dinero bajo sospecha.
Según surge del expediente, una porción de esos fondos habría sido utilizada para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos un vehículo BMW y posteriormente un Lexus valuado en aproximadamente 130 mil dólares.
La investigación también señala que María Mercedes González suscribió un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, en la provincia de Buenos Aires, por una cifra superior a los 200 millones de pesos.
Otro de los elementos que cobró relevancia en el expediente son conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos judiciales.
Según la fiscalía, los mensajes muestran intercambios entre Espert y asesores contables donde se analizaban distintas alternativas para encuadrar tributariamente los fondos recibidos y justificar el nivel de gastos familiares.
Esos chats fueron incorporados como prueba y forman parte del material que evaluará la Justicia durante la etapa de indagatorias.
El fiscal Fernando Domínguez considera que las maniobras investigadas encuadran en las tres etapas clásicas del delito de lavado de activos: colocación, estratificación e integración de fondos de origen presuntamente ilícito.
Además, los investigadores sostienen que la operación detectada podría no haber sido la única. La sospecha surge porque el contrato presentado para justificar el ingreso de dinero contemplaba un monto de un millón de dólares, cinco veces superior a la transferencia de 200 mil dólares efectivamente identificada hasta el momento.
Con ese escenario, el próximo 30 de junio será una fecha clave para la causa. Ese día, José Luis Espert deberá comparecer ante el juez Lino Mirabelli para responder sobre una investigación que pone bajo la lupa el origen de parte de su patrimonio y sus vínculos financieros con Federico «Fred» Machado, empresario condenado por lavado y fraude en los Estados Unidos.
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