17 mayo 2026 - 12:14

El abogado Gabriel Ruíz expuso ante la Organización Internacional del Trabajo por la denuncia de “violación de derechos a los trabajadores” en el expediente que involucra a delegados y dirigentes gremiales de San Pedro.

La causa judicial que involucra a trabajadores y dirigentes del Sindicato de Camioneros por el conflicto con la empresa Rey Distribuidora sumó un nuevo capítulo, en este caso fuera de las fronteras nacionales, luego de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) escuchara el planteo presentado por la defensa de los empleados imputados.

Según confirmó el abogado Gabriel Rogelio Ruíz a PRENSA LIBRE SN, el miércoles 13 mantuvo una audiencia virtual con representantes de la OIT Argentina en el marco de una denuncia por “violación de derechos a los trabajadores”.

La reunión se realizó vía Zoom y, de acuerdo al letrado, desde el organismo internacional “indicaron la gravedad de la situación”.

“Expliqué en 20 minutos todo lo sucedido, incluyendo el cambio de carátula por parte de la fiscalía, que me parece una locura. Ya recibí el formulario y lo voy a enviar a Ginebra con la documentación. Ahora veremos cómo sigue el proceso y qué medidas toman desde allá”, resumió Ruíz tras la audiencia.

El letrado sostiene públicamente que los trabajadores imputados son inocentes y que la investigación judicial apunta, en realidad, a sostener acusaciones contra referentes gremiales del sindicato, Cabaleyro y Espíndola, bajo la representación legal de otros abogados.

La causa se encuentra radicada bajo el expediente “Cabaleyro, Maximiliano Emanuel y Espíndola, Fernando José s/ Turbación de la Posesión en Concurso Ideal con Coacción en Tentativa, Extorsión y Extorsión en Tentativa”, tramitado ante el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial San Nicolás.

Entre los principales imputados aparecen los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, además de seis ex trabajadores de Rey Distribuidora: Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, quienes continúan sujetos al proceso judicial.

La investigación se originó a partir de un conflicto gremial ocurrido en enero de 2021 en San Pedro, donde la empresa denunció bloqueos y presuntas maniobras extorsivas vinculadas a medidas sindicales. Meses después, en octubre de ese mismo año, trascendió públicamente un video difundido en el marco de la causa.

El empresario Gustavo Rey había denunciado pedidos de “coimas” y bloqueos a la salida de camiones de la distribuidora, mientras que desde el sindicato sostuvieron desde el inicio que se trató de una protesta gremial legítima.

El 8 de abril de 2022 fueron detenidos Cabaleyro y Espíndola, quienes posteriormente accedieron al arresto domiciliario a mediados de 2023.

La causa es impulsada por la fiscal María del Valle Viviani, cuya actuación viene siendo cuestionada por la defensa de los trabajadores, especialmente luego del cambio de calificación legal de la investigación.

En marzo de este año, la Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio de la causa y fijó una audiencia preparatoria para el 16 de abril, consolidando el avance del expediente hacia la instancia oral.

En paralelo, Ruíz continú denunciando ante organismos nacionales e internacionales una presunta “criminalización del ejercicio del derecho de huelga”, argumento que ahora también quedó formalmente planteado ante la OIT.

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