El Gobierno avanzó con reformas en salud mental y pensiones por invalidez

20 abril 2026 - 07:01

Las iniciativas ingresaron al Congreso tras una reunión encabezada por Manuel Adorni y buscan cambios en internaciones, criterios médicos y control de beneficios sociales.

El Gobierno nacional envió el viernes 18 de abril de 2026 al Congreso dos proyectos de ley clave: uno para modificar el régimen de salud mental y otro orientado a combatir el fraude en las pensiones por invalidez. Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei y de ministros del área social y judicial, tras haber sido analizadas en una reunión de la mesa política realizada en la Casa Rosada, convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En relación al proyecto de salud mental, el texto oficial establece que “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”. Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que la iniciativa apunta a “actualizar el marco normativo del sistema” y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones que hoy no encuentran “adecuado encuadre”.

Entre los principales cambios, el Ejecutivo propone otorgar mayor protagonismo a los profesionales médicos, en particular a los especialistas en psiquiatría, al sostener que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica” en el abordaje de estas problemáticas. También se plantea reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando la noción de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión.

Otro punto central es la modificación de los criterios para internaciones involuntarias. El proyecto sustituye el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”. Además, se establece que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional”, con evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un psiquiatra y notificación judicial en plazos definidos.

En paralelo, el texto amplía la posibilidad de internaciones en distintos tipos de establecimientos —hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados— y determina que rechazar la atención por tratarse de salud mental será considerado un acto discriminatorio.

El segundo proyecto apunta a las pensiones no contributivas por invalidez. Según el mensaje oficial, estos beneficios pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023, lo que, según el Gobierno, genera “una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.

El Ejecutivo afirmó que auditorías e investigaciones detectaron irregularidades como “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”. En ese marco, sostuvo que la situación implica “un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta la correcta asignación de fondos públicos.

Para revertir ese escenario, la iniciativa propone implementar auditorías periódicas, el cruce de datos entre organismos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También incluye un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y define que la pensión por invalidez equivaldrá al “setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio”, estableciendo además incompatibilidades con el empleo formal.

Ambos proyectos comenzarán ahora su tratamiento legislativo en el Congreso, donde deberán ser debatidos y eventualmente modificados antes de su aprobación definitiva.

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