11 marzo 2026 - 19:33

Una nota presentada en el Concejo Deliberante alerta que el proyecto ya está judicializado y que el tratamiento “sobre tablas” podría agravar responsabilidades legales. La planta ubicada sobre la autopista Buenos Aires–Rosario ya tendría un avance cercano al 20 %.

La polémica en torno al “Nuevo Complejo Siderúrgico SIDERSA San Nicolás”, ubicado en inmediaciones de la Autopista Buenos Aires–Rosario, kilómetro 226, sumó un nuevo capítulo institucional este miércoles, luego de que ingresara al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Nicolás de los Arroyos una presentación formal que solicita frenar el tratamiento “sobre tablas” del proyecto de ordenanza que busca modificar la zonificación del predio donde se construye la planta industrial.

La nota fue presentada por abogados ambientalistas que plantearon una oposición formal al tratamiento exprés de la iniciativa vinculada al Expediente HCD N.º 18427 – D.E. N.º 108/26.

En el escrito dirigido “al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos”, los letrados advierten que avanzar con la modificación normativa sin debate previo ni análisis técnico podría tener consecuencias legales y ambientales relevantes.

“La pretensión de tratar esta modificación normativa sin debate previo ni instancia de análisis técnico resulta particularmente preocupante”, señalaron.

Un proyecto bajo judicialización

Los abogados recordaron en su presentación que el emprendimiento industrial se encuentra actualmente bajo análisis judicial. En ese sentido mencionaron una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva a cargo del juez Ricardo Eseverri.

Pero no se trata de la única causa en trámite. Según el documento presentado ante el Concejo Deliberante, también existe una investigación penal federal en curso que tramita en el Juzgado Federal N.º 2, Secretaría 2, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Incompatibilidades urbanísticas

Uno de los puntos centrales del planteo jurídico se vincula con la zonificación actual de los terrenos donde se desarrolla el proyecto siderúrgico. De acuerdo con la presentación, las parcelas involucradas tendrían usos incompatibles con la actividad industrial que se está construyendo.

Los abogados señalaron que, según el Código Urbano Ambiental de San Nicolás (Ordenanza 9949), una de las parcelas está destinada a uso agropecuario, mientras que la otra solo permite industrias de segunda categoría.

El complejo siderúrgico que se construye, en cambio, sería considerado industria de tercera categoría, lo que implica mayores riesgos en materia ambiental y sanitaria.

En ese contexto, los letrados advirtieron que aprobar una modificación normativa para adecuar la zonificación podría agravar la situación legal.

Según expresaron en el documento, “la aprobación de esta irregular ordenanza de cambio de zonificación de una parcela donde ya se construyó el 20 % de la mencionada industria es una acción del Concejo que potencia la ilegalidad y profundiza las conductas penales en investigación”.

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La presentación también plantea cuestionamientos sobre la ubicación del emprendimiento industrial. Según el escrito, el complejo siderúrgico se encuentra “a escasa distancia de áreas de concurrencia masiva, como el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, y de núcleos residenciales consolidados”, lo que —según los abogados— contravendría las distancias mínimas establecidas por la normativa urbanística vigente para industrias de esa categoría.

Además, señalaron que el proyecto habría comenzado a ejecutarse sin cumplir requisitos ambientales obligatorios. En ese sentido indicaron que la obra se habría iniciado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental ni con la evaluación de impacto ambiental previa, procedimientos exigidos por la legislación provincial y por la Ley General del Ambiente.

“La ausencia de dichos procedimientos constituye una irregularidad grave, ya que la normativa ambiental exige que toda obra susceptible de degradar el ambiente sea evaluada antes de su ejecución”, sostuvieron.

Críticas al tratamiento “sobre tablas”

Uno de los puntos más críticos del escrito se refiere al intento de tratar la modificación normativa mediante el mecanismo de “tratamiento sobre tablas”, un procedimiento legislativo que permite aprobar proyectos sin el análisis previo en comisiones.

Los abogados sostienen que avanzar de esa manera implicaría una convalidación legislativa de un proyecto que aún se encuentra bajo cuestionamiento judicial.

Según expresaron en la nota, “impulsar una modificación de zonificación mediante tratamiento sobre tablas, sin debate público, sin estudios técnicos completos y sin garantizar instancias de participación ciudadana, podría implicar una convalidación legislativa ex post de un proyecto actualmente cuestionado por su incompatibilidad normativa”.

Incluso advirtieron que, en ese escenario, “los concejales asumirían conductas reprochables legalmente”.

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En el documento también se invocan principios constitucionales vinculados al ambiente. Los letrados recordaron que “el derecho a un ambiente sano se encuentra garantizado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

Además señalaron que las decisiones públicas que puedan afectar el ambiente deben adoptarse con criterios de transparencia, evaluación previa y participación ciudadana.

Por esa razón solicitaron formalmente al Concejo Deliberante dos medidas concretas:

1. “Se abstenga de tratar sobre tablas cualquier proyecto de modificación de zonificación vinculado al complejo industrial SIDERSA.”
2. “Se garantice un debate público amplio, con acceso a la información ambiental completa y con participación de la comunidad.”

Mientras el debate político y jurídico se intensifica, la construcción de la planta siderúrgica podría enfrentar un escenario judicial complejo.

Según información exclusiva a la que pudo acceder PRENSA LIBRE SN, la obra —que tendría un avance cercano al 20 %— podría ser paralizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

La eventual suspensión está vinculada a la denuncia presentada hace dos años, que cuestiona la legalidad del emprendimiento y apunta directamente a la Municipalidad de San Nicolás, encabezada por el intendente Santiago Passaglia, por haber permitido el avance del proyecto sin cumplir requisitos legales básicos.

Si esa decisión judicial se concretara, el caso SIDERSA podría transformarse en uno de los conflictos políticos, ambientales y judiciales más relevantes de los últimos años en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

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