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Domingo 14 de Diciembre de 2025
14 diciembre 2025 - 10:33
La escalada represiva, señalan los informes, afecta gravemente la libertad de expresión, no solo por el amedrentamiento a los manifestantes sino también por los ataques a la prensa.
Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron un cuestionamiento judicial con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del denominado «Protocolo Antipiquetes». La acción se fundamenta en que, a dos años de su implementación, se constataron más de 2.500 personas heridas en el marco de manifestaciones.
Paola García Rey, directora de la filial argentina de Amnistía, aseguró que la aplicación de la norma posibilitó «una escalada represiva». La activista afirmó que «la violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social».
El «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», establecido por decreto, fue una de las primeras medidas impulsadas por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. La normativa considera delito el corte de vías de circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial.
Desde el sector que acompañó a Bullrich en el Ministerio de Seguridad sostienen una «política con amplio consenso social y aplicada con total éxito», y un funcionario incluso deslizó a Agencia DIB que el fin de los piquetes «cimentó el triunfo en las elecciones este año» que la convirtió en Senadora.
No obstante, los datos difundidos por AI evidencian un aumento en la respuesta represiva: entre 2025 y la actualidad, 2.557 personas resultaron heridas por lo que las organizaciones denuncian como «uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza». Además, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectó un aumento del 77% en las detenciones, la mayoría de ellas con «legalidad muy dudosa».
Los informes destacan la práctica de disparos a los ojos de los manifestantes, algo que se había observado en Chile durante las protestas en el gobierno de Sebastián Piñera. Amnistía Internacional reportó que cuatro personas sufrieron la pérdida de un ojo por esta práctica.
La escalada represiva, señalan los informes, afecta gravemente la libertad de expresión, no solo por el amedrentamiento a los manifestantes sino también por los ataques a la prensa: se reportaron al menos 184 periodistas y fotógrafos heridos. El caso más grave fue el de Pablo Grillo, alcanzado por el disparo de un gendarme frente al Congreso.
