Discapacidad: hecha ley, hecha la trampa

15 septiembre 2025 - 15:54

El Gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad, pero frena su reglamentación hasta definir financiamiento

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley de discapacidad recientemente ratificada por el Congreso, tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que la normativa no será reglamentada de inmediato, ya que el Gobierno espera definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó Francos.

El funcionario también remarcó, en declaraciones a Clarín: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

El alcance fiscal de la medida

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que la normativa podría incrementar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, lo que representaría un gasto adicional de entre $1.889.371 millones y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.

Además, el informe señaló que la compensación de emergencia a prestadores demandaría alrededor de $278.323 millones, mientras que la asignación prevista para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.

Beneficios y medidas incluidas

Uno de los ejes centrales de la ley es el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. El beneficio está destinado a quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no perciban ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no reciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.

La asignación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que no se supere el tope de ingresos fijado.

El texto también establece la transformación automática de las pensiones no contributivas ya otorgadas, evitando que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales.

Asimismo, se refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901) y se incorpora un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sector.

Con la promulgación, el Gobierno despeja la posibilidad de judicializar la ley, aunque la implementación queda condicionada a las negociaciones en torno al presupuesto y a la definición de su financiamiento.