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26 septiembre 2026 - 08:58
La Justicia ordenó embargos por $1.800 millones y avanzó sobre propiedades y vehículos.
Una investigación que comenzó siguiendo el circuito de la cocaína terminó poniendo el foco sobre departamentos, terrenos, vehículos de alta gama y movimientos millonarios que, según la Fiscalía, no tendrían correspondencia con los ingresos declarados por los involucrados.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario ampliaron la imputación contra 13 presuntos integrantes de una organización criminal desarticulada a fines de noviembre de 2025.
El grupo está acusado de haber trasladado cocaína desde Bolivia para posteriormente acopiarla, distribuirla y comercializarla en Rosario y localidades vecinas.
La nueva acusación fue presentada el 9 de septiembre, durante una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. Allí, el fiscal Juan Argibay Molina, titular de PROCELAC Rosario, y el fiscal coadyuvante Franco Benetti expusieron los primeros resultados de la investigación patrimonial desarrollada sobre los acusados y su entorno.
El punto de partida había sido la causa por narcotráfico. Cuando la organización fue desarticulada, los procedimientos permitieron secuestrar casi 53 kilos de cocaína, más de $51 millones, alrededor de USD 67.000, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos.
Pero la investigación no terminó con aquellas detenciones.
Durante los meses siguientes, los investigadores comenzaron a reconstruir el patrimonio de los involucrados para determinar qué ocurrió con el dinero que presuntamente generaba la actividad ilegal.
Según la hipótesis presentada por los fiscales, desde al menos 2024 se habrían realizado distintas operaciones destinadas a incorporar al circuito formal fondos provenientes del narcotráfico.
El análisis alcanzó bienes registrados no solamente a nombre de los investigados, sino también de familiares y allegados.
Para la acusación, varias de esas adquisiciones resultaban incompatibles con las actividades laborales y perfiles fiscales declarados por quienes aparecían vinculados con ellas.
Por esa razón, los 13 acusados fueron imputados por lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido de manera organizada y con habitualidad, contemplado en el artículo 303 del Código Penal.
Seis de los imputados se encuentran en libertad y deberán presentarse mensualmente ante la Oficina Judicial, permanecer sometidos al proceso y no podrán abandonar la provincia de Santa Fe sin autorización.
Los restantes ya cumplían prisión preventiva por la causa original de narcotráfico.
El avance patrimonial tuvo otra consecuencia de magnitud. A pedido de los fiscales, Vera Barros ordenó el embargo preventivo de bienes hasta cubrir $1.800 millones, con miras a un eventual decomiso.
La medida alcanzó dos departamentos del complejo Estación Norte, cinco terrenos situados en urbanizaciones de Alvear y otro departamento ubicado en un barrio privado de Pinamar, provincia de Buenos Aires.
La Justicia también dispuso secuestrar cuatro vehículos: un BMW Z4 3.0 Si, un Renault Clio de cinco puertas, un DS Crossback HDI 180 y un UTV CAN-AM Defender MAX XT HD10.
Las propiedades y los vehículos pasaron así a ocupar un lugar central en una investigación que intenta determinar cómo se habría transformado el dinero presuntamente obtenido mediante la venta de drogas en bienes aparentemente incorporados al patrimonio formal.
Entre las pruebas mencionadas durante la audiencia aparecen las pericias realizadas sobre el teléfono del hombre señalado como jefe de la organización.
La Fiscalía sostiene que su situación fiscal no resultaba compatible con el volumen de las operaciones económicas que le atribuye. En las conversaciones recuperadas del dispositivo, los investigadores creen haber encontrado indicios de una estrategia para otorgar una apariencia lícita a determinados ingresos.
Entre esos intercambios apareció una expresión atribuida al principal acusado que llamó particularmente la atención de los investigadores: “no volar alto de entrada”.
Para los fiscales, los mensajes deben analizarse junto con el resto de la evidencia patrimonial reunida.
La pesquisa detectó además operaciones relacionadas con terrenos del desarrollo Estación Alvear III, inmuebles de elevado valor en Granadero Baigorria y Rosario, una finca en Roldán y una vivienda de Pueblo Esther en la que se habrían realizado inversiones millonarias para su remodelación.
También fueron analizadas diferentes compras y ventas de vehículos.
Una parte importante de la reconstrucción estuvo apoyada en las tareas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde septiembre de 2025.
Los seguimientos permitieron documentar, de acuerdo con la acusación, quiénes utilizaban determinados vehículos y qué relación efectiva mantenían con los bienes investigados.
Esa información fue cruzada con multas e infracciones de tránsito, documentación oficial y boletos de compraventa encontrados durante los procedimientos.
En allanamientos efectuados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Alvear y Roldán, los investigadores habían secuestrado además $32.896.000, USD 62.562, más de diez vehículos, estupefacientes y armas.
La Fiscalía considera que el conjunto de esas evidencias permite avanzar sobre una segunda dimensión de la organización: ya no solamente cómo habría ingresado y distribuido la cocaína, sino qué camino habría seguido el dinero generado por el negocio.
La causa continuará ahora con trece personas imputadas por lavado de activos y un patrimonio millonario cautelado mientras la Justicia busca determinar el origen de los bienes y el grado de participación de cada acusado.
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