Más previsiones: Clima 30 dias
20 octubre 2026 - 20:16
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense propone convertir el Parque Rafael de Aguiar en una reserva natural provincial. Las playas El Arenal y Barranquitas conservarían sus actividades.
El futuro del Parque Rafael de Aguiar ingresó en la agenda legislativa bonaerense. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone transformar el actual Ecoparque San Nicolás en una reserva natural provincial, con un régimen de protección más estricto y un nuevo esquema de administración.
La iniciativa, registrada bajo el expediente D-3921/26-27, lleva las firmas de los diputados Fabián Luayza y Viviana Romano, del bloque Nuevos Aires. Su objetivo es incorporar el área al sistema provincial de reservas y parques naturales, regulado por la Ley 10.907, y establecer medidas destinadas a conservar los humedales, la biodiversidad y los cursos de agua.
Sin embargo, el alcance de la propuesta va más allá de un cambio de denominación. El proyecto plantea revisar las condiciones de conservación del espacio y contempla una estructura administrativa que modificaría el esquema de gestión actualmente concentrado en el ámbito municipal.
Según la información aportada sobre la iniciativa, también se prepara una ampliación destinada a solicitar expresamente que la Provincia retire al Municipio la custodia de los terrenos, ante los cuestionamientos por el uso que se les dio durante los últimos años.
El planteo se apoya en un antecedente histórico: en 1959, la Provincia destinó esos terrenos a la conformación de un parque. Quienes impulsan la modificación sostienen que las intervenciones realizadas posteriormente, especialmente desde su transformación en Ecoparque, se apartaron de aquella finalidad.
Entre los cuestionamientos mencionan la realización de fiestas electrónicas, la circulación de vehículos, los desmontes y la fragmentación del territorio, actividades que consideran incompatibles con la preservación de un ecosistema de humedales.
Estas observaciones forman parte de los argumentos de los impulsores del proyecto y no constituyen, por sí mismas, una determinación administrativa o judicial sobre eventuales responsabilidades.
El texto legislativo propone que el área pase a denominarse Parque Provincial Rafael de Aguiar, con una superficie aproximada de 2.913 hectáreas, comprendiendo sectores continentales, insulares y cuerpos de agua vinculados con el río Paraná y el arroyo Yaguarón.
La delimitación incluye ambientes de barrancas, lagunas, humedales y sectores de islas, considerados de especial importancia para la conservación de especies nativas y la regulación hídrica de la región.
Uno de los artículos centrales establece una serie de prohibiciones para evitar nuevas alteraciones del ambiente natural.
Entre ellas figuran las obras que modifiquen el régimen hídrico, los movimientos de suelo no autorizados, la extracción de materiales, los desmontes, la circulación de vehículos a combustión en la isla Ballesteros y la realización de espectáculos musicales que generen ruidos capaces de perturbar a la fauna.
También se prohíben los emprendimientos inmobiliarios, industriales o comerciales de gran escala que impliquen pérdida o fragmentación del humedal.
El proyecto contempla, además, que las construcciones existentes que no cumplan con los requisitos necesarios para alcanzar los objetivos de conservación sean desmanteladas, procurando restablecer las condiciones naturales.
Un aspecto expresamente contemplado es la continuidad de las playas El Arenal y Barranquitas. El artículo 8 permite su utilización y el funcionamiento de instalaciones y servicios destinados a los visitantes, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección ambiental y con el Plan de Manejo.
El artículo 9 también prevé que el acceso a esos espacios pueda realizarse mediante lanchas colectivas, vehículos terrestres no motorizados o a pie, de acuerdo con las condiciones que establezca la autoridad competente.
De esta manera, la iniciativa no plantea eliminar el uso recreativo de ambas playas, sino establecer condiciones para compatibilizarlo con la conservación del entorno.
En cuanto a la administración, el texto propone crear una Comisión Administradora del Parque Provincial Rafael de Aguiar, encargada de coordinar la gestión, la conservación y la aplicación del Plan de Manejo.
También contempla la designación de un guardaparques remunerado, con apoyo de la Policía Ecológica y la Prefectura Naval, para desarrollar tareas de vigilancia, monitoreo y protección.
La autoridad de aplicación sería determinada por el Poder Ejecutivo provincial, mientras que el Estado bonaerense debería prever los recursos necesarios para sostener las tareas de conservación y recuperación ambiental.
Los fundamentos del proyecto advierten que la actual figura de Ecoparque, establecida mediante la Ordenanza 10.397/21, no equivale a una categoría de protección provincial.
En ese marco, los legisladores consideran necesario fortalecer la tutela jurídica del espacio para evitar nuevas alteraciones y garantizar su preservación a largo plazo.
El documento también señala que el área atraviesa un proceso de degradación asociado con deficiencias en la custodia y en la infraestructura destinada a su conservación, una evaluación que forma parte de los fundamentos de la iniciativa.
La propuesta recupera, además, el Plan de Manejo del Parque Rafael de Aguiar elaborado por la Fundación Oga en 2010, al que establece como referencia para organizar las futuras acciones de protección y restauración.
El proyecto dispone que ese instrumento sea actualizado cada cinco años, o antes si las circunstancias lo requieren, mediante un procedimiento que contemple la participación de especialistas y de la ciudadanía.
La discusión legislativa abre así un nuevo capítulo sobre el destino de uno de los espacios naturales más importantes de San Nicolás.
Mientras el texto presentado propone incorporarlo al régimen provincial de áreas protegidas, la ampliación anunciada buscará avanzar sobre un punto particularmente sensible: la continuidad de la custodia municipal de los terrenos.
Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que deberá atravesar el tratamiento correspondiente en la Legislatura bonaerense. La eventual transferencia de responsabilidades y la aplicación de las nuevas restricciones dependerán de su aprobación y posterior implementación.
El debate ya está planteado: determinar qué modelo de administración y protección tendrá el Parque Rafael de Aguiar y cómo garantizar que su utilización pública no comprometa la conservación de sus ambientes naturales.
Seguínos en WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKBZAY23n3mJkC2Du1m
Seguínos en Telegram:
https://web.telegram.org/a/#-1001779393029
