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6 septiembre 2026 - 07:30
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante propone aliviar tasas municipales, priorizar la contratación de empresas nicoleñas y crear un fondo para asistir a firmas en crisis. La iniciativa advierte sobre endeudamiento empresario, caída de la actividad y desempleo por encima del promedio nacional.
La situación económica que atraviesa San Nicolás llegó al Concejo Deliberante con un proyecto que propone declarar por 180 días la Emergencia Económica, Productiva, Comercial y Laboral en todo el partido, con la posibilidad de extenderla por otro período igual.
La iniciativa fue presentada por el abogado Carlos Galassi, de San Nicolás con Todos, y plantea una batería de medidas destinadas a sostener comercios, industrias, pequeñas y medianas empresas y fuentes laborales. Entre ellas aparecen reducciones o bonificaciones de tasas municipales, facilidades para regularizar deudas, prioridad para proveedores nicoleños y la creación de un fondo específico para asistir a empresas cuya continuidad se encuentre comprometida.
El proyecto fundamenta la declaración de emergencia en lo que describe como un agravamiento de la crisis económica local. Señala la caída del consumo y de la actividad, el incremento de los costos de funcionamiento, la presión tributaria y las dificultades para acceder al financiamiento.
También incorpora como argumento las manifestaciones realizadas por el presidente de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, quien advirtió sobre las dificultades que atraviesan pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el endeudamiento al que deben recurrir para afrontar gastos corrientes.
A ese escenario suma los datos del INDEC sobre el desempleo en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución, al señalar que los indicadores se encuentran por encima del promedio nacional. Para los autores de la propuesta, este contexto obliga al Estado municipal a reforzar las políticas destinadas a preservar el empleo privado.
Uno de los puntos centrales está relacionado con la carga tributaria municipal. El artículo 3 encomienda al Departamento Ejecutivo implementar un régimen extraordinario de reducción, bonificación o diferimiento de las tasas que gravan actividades comerciales, industriales y de servicios.
La prioridad, según establece el texto, deberá estar puesta en las micro, pequeñas y medianas empresas. A su vez, el artículo siguiente contempla planes especiales para regularizar las deudas tributarias municipales de los contribuyentes alcanzados por la emergencia.
El proyecto también impulsa la creación del programa “Compre Nicoleño”, mediante el cual la Municipalidad de San Nicolás debería promover la contratación prioritaria de empresas, cooperativas, comercios y prestadores de servicios con domicilio y actividad efectiva en el partido.
El mecanismo alcanzaría la ejecución de obras públicas, la prestación de servicios y la provisión de bienes, siempre que las ofertas locales presenten condiciones equivalentes de precio, calidad y capacidad técnica.
La iniciativa sostiene que en contrataciones municipales recientes se adjudicaron trabajos a empresas de otras jurisdicciones pese a existir firmas nicoleñas con capacidad técnica y operativa para realizar esas tareas. Por ese motivo, propone que el Ejecutivo reglamente mecanismos de preferencia para proveedores locales dentro de la normativa vigente.
Otro de los ejes es la creación del Fondo Municipal de Contingencia para la Producción y el Empleo. Los recursos serían utilizados para financiar programas extraordinarios de asistencia a empresas y emprendimientos cuya continuidad o mantenimiento de puestos laborales se encuentren comprometidos.
La integración del fondo quedaría en manos del Departamento Ejecutivo y podría nutrirse con recursos del Presupuesto Municipal, aportes provinciales y nacionales y otras fuentes de financiamiento permitidas por la legislación.
La propuesta incorpora además un capítulo de Emergencia Social. Allí se establece que el Ejecutivo deberá realizar un relevamiento integral de la población en situación de vulnerabilidad económica y social y elaborar un plan extraordinario de asistencia, financiado con recursos municipales y programas provinciales y nacionales.
En sus fundamentos, Galassi sostiene que la desaparición de una empresa no representa solamente la pérdida de una unidad productiva, sino también puestos de trabajo, inversiones y oportunidades para la comunidad. El proyecto considera que, ante la coyuntura económica, el municipio debe orientar recursos hacia la preservación del empleo, el fortalecimiento de las PyMEs, la promoción del comercio local y la asistencia a las familias más afectadas.
Si la iniciativa consigue el acompañamiento necesario y finalmente es sancionada, la emergencia tendrá una vigencia inicial de 180 días y el Departamento Ejecutivo contará con un plazo de 30 días desde su promulgación para reglamentar la ordenanza.
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