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Pensiones por incapacidad otra vez en la mira

27 septiembre 2018 - 12:53

En el marco del ajuste, el gobierno nacional impulsa nuevamente bajas en las PNC

Una nueva iniciativa se desprende del Gobierno Nacional para dar de baja a muchas de las PNC (Pensión No Contributiva) que se encuentran actualmente en el sistema de asistencia argentino.

A principio de 2017 había dado de baja sin previo aviso a miles de beneficios, personas discapacitadas de todas las edades, adultos mayores, gente en edad laboral pero con incapacidad, fueron víctimas de aquel recorte. La movilización popular en todo el país, incluida San Nicolás,  hizo temblar al gobierno y luego un falló de la Justicia Federal retrotrajo la medida, así los benéficos fueron restituidos.

Ahora Macri y su gabinete, luego de todos los intentos de avanzada sobre los más débiles, se abrazan a un Decreto del año 1997, el cual “regula” los parámetros de afectación.

El macrismo responde de manera “burocrática ante un fallo judicial adverso, dictado por la jueza Federal de Seguridad Social Adriana Cammarata, que ordenó reestablecer la totalidad de los beneficios que fueron dadas de baja y/o suspendidas y/o interrumpidas desde el mes de enero de 2017 en adelante”, publican en Infocielo.

“Como las pensiones no se eliminaron por un acto administrativo, sin resolución en cada expediente, se les ordenó que las devuelvan”, explicaron desde REDI ante la consulta de Infocielo. Pero el decreto, que fue dictado antes de que la Argentina adhiriera a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y tiene un carácter restrictivo- quedó en pie.

Toda persona debe demostrar al menos un 76% de incapacidad física para ser considerada imposibilitada de trabajar y percibir dicho beneficio, pero en el medio están los niños discapacitados, quienes no están contemplados en dicho decreto y quedan inmersos en un vacío legal que, seguramente, no será resuelto en su favor.

La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina adscribió en 2008 con lo cual asumió carácter de Ley, establece que se considera a personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras” que “puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”. La adhesión a la Convención quedó ratificada mediante la Ley 26.378, que ni siquiera es mencionada en la resolución publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad.

A esto hay que sumarle la no adjudicación o resolución de unos 75 mil tramites que se hallan sin inconclusos  dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Vale destacar que, ahora, a los adjudicatarios solo les resta esperar a recibir la carta del gobierno que los intime a re-tramitar su beneficio, pero no deben acercarse antes de eso a la oficina de ANSES.

 

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