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29 septiembre 2026 - 09:02
El conflicto por la tasa al tránsito pesado expone un antecedente incómodo: la gestión nicoleña desvió camiones hacia el distrito vecino, pero además acordó con Acindar un aporte millonario para exceptuarla de la restricción sobre la Ruta 188.
La discusión por el cobro que Ramallo aplica al tránsito pesado tiene un capítulo previo que vuelve mucho más difícil sostener algunos de los cuestionamientos surgidos desde San Nicolás. Porque antes de objetar que el municipio vecino cobre a los camiones que utilizan su infraestructura, la gestión de Manuel Passaglia no sólo había decidido sacar buena parte de esos vehículos de la Ruta 188 y derivarlos hacia territorio ramallense: también estableció en San Nicolás una excepción particular para Acindar, condicionada a un aporte económico de casi 300 millones de pesos.
La contradicción aparece al reconstruir la secuencia completa.
El problema comenzó cuando el gobierno nicoleño avanzó con la transformación de la Ruta 188 y resolvió reducir drásticamente el tránsito de cargas. La explicación oficial apuntaba a mejorar la seguridad, disminuir la circulación pesada en sectores urbanizados y evitar el deterioro de la infraestructura vial.
En 2021, la administración Passaglia comunicaba que pretendía retirar aproximadamente al 80% de los camiones del corredor. Para aquellos que tenían como destino el Puerto de San Nicolás, Comirsa y otros establecimientos industriales, una de las alternativas pasó a ser el ingreso por Acceso Sánchez, dentro del partido de Ramallo.
La decisión solucionaba un problema para San Nicolás, pero no eliminaba los camiones. Cambiaba el lugar por donde circulaban.
Cinco años después, esa consecuencia está en el centro de la controversia: Ramallo amplió a todos los transportes el cobro de tasa por el tránsito pesado que utiliza sus caminos y desde San Nicolás aparecen cuestionamientos porque ese costo afecta la logística regional.
En medio de aquella política restrictiva ocurrió algo que hoy adquiere especial relevancia.
Acindar necesitaba continuar utilizando la Ruta 188 para su operación logística y llegó a un convenio con la Municipalidad de San Nicolás. El acuerdo fue firmado el 28 de diciembre de 2022 y posteriormente ratificado mediante la Ordenanza 10.508, promulgada en marzo de 2023. El documento oficial establece que la siderúrgica se comprometió a aportar $281.680.000 —una cifra que públicamente fue presentada entonces como cercana a los $300 millones— para obras sobre la Ruta 188, entre ellas mejoras de la carpeta asfáltica, señalización, semáforos, bicisendas y veredas.
A cambio, el Municipio estableció para Acindar una excepción a la Ordenanza 10.265, que era justamente la norma que restringía el tránsito pesado entre la Autopista y Av. Savio. El beneficio podía extenderse hasta la construcción de un nuevo acceso apto para cargas por Puente Sironi y calle 1001, o durante un máximo de diez años.
El antecedente resulta particularmente significativo frente al debate actual: mientras el resto del transporte alcanzado por la restricción debía utilizar recorridos alternativos —entre ellos el rodeo por Ramallo—, los camiones vinculados a Acindar consiguieron un régimen diferencial mediante un convenio económico con el gobierno nicoleño.
Ese episodio introduce una pregunta inevitable en la discusión actual.
Si en San Nicolás fue considerado razonable que una gran compañía realizara un aporte de casi $282 millones para obtener una excepción y seguir utilizando un corredor estratégico, ¿por qué resulta ahora objetable que Ramallo pretenda recaudar de los vehículos pesados que utilizan y deterioran su propia infraestructura?
El propio convenio de 2022 reconocía que el tránsito de cargas y el estado de la infraestructura estaban estrechamente vinculados. De hecho, el dinero aportado por Acindar quedó expresamente afectado a trabajos sobre la Ruta 188, según señalaron desde el municipio nicoleño por entonces.
Lo difícil de explicar es por qué vincular circulación pesada con financiamiento de infraestructura era aceptable cuando el dinero quedaba en San Nicolás, pero se convierte en motivo de cuestionamiento cuando quien pretende cobrar es Ramallo.
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