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En medio de tensiones y malestar, Vidal mete mano en la bonaerense

17 marzo 2018 - 10:49

El gobierno va a eliminar las jefaturas distritales y buscará unificar jerarquías entre los uniformados que cumplen tareas de seguridad.

Con un crecimiento del delito que parece imparable en varios de los distritos más importantes de la provincia, como La Plata, Lomas de Zamora y Bahía Blanca, el gobierno de María Eugenia Vidal ensaya otra vez recetas gastadas para mostrarse en movimiento e intentar ponerle freno a la inseguridad que se mantiene entre las 3 primeras preocupaciones de los bonaerenses.

Tras el evidente fracaso de la purga policial que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo insistió en no denominar de esa manera y que en poco más de un año dejó a miles de uniformados exonerados de la fuerza, decenas de miles de sumarios abiertos y un puñado de detenidos por corrupción policial, ahora la administración bonaerense va por un cambio de la estructura operativa eliminando las jefaturas distritales y pretende avanzar con una unificación de jerarquías para que el escalafón sea idéntico al que utiliza la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida podría significar una buena noticia para el golpeado bolsillo de los integrantes de la bonaerense, sin embargo, el proyecto solo incluiría la equiparación del escalafón y no de los salarios, como había prometido alguna vez la gobernadora cuando estaba en campaña, lo que seguramente le redituó una porción importante de votos entre los hombres de azul.

La eliminación de las dependencias intermedias conocidas como «distritales» será presentada como un intento de desburocratización de la fuerza, porque efectivamente cada jefatura requería de personal administrativo y restaba horas-hombre para tareas de patrullaje, sin embargo hay que considerar también que esa estructura permitía un mayo contralor y articulación entre la jefatura del comando de patrulla y los efectivos de calle, por lo que ahora todos los jefes de zona deberán reportar directamente a la departamental dificultando seriamente la resolución de problemas.

Además, la extinción de las oficinas cambiará el destino y la tarea de varios oficiales y para algunos representará la pérdida del cargo que ostentaba hasta la implementación de la medida.

Pero el malhumor entre los uniformados no depende de los cambios en la estructura de la fuerza, sino que, por el contrario, los policías resisten los cambios justamente porque arrastran el malhumor que provocaron algunas medidas anteriores que tuvieron impacto negativo en la actividad cotidiana de los integrantes de esa fuerza de seguridad.

Primero hay que mencionar el retraso en el pago de horas adicionales cores y polad, que fue minimizado por el jefe de la policía Fabián Perroni, pero que complica seriamente la economía de muchos efectivos cuyos ingresos aumentan de manera significativa gracias a esos adicionales.

Pero también hay promesas que se repitieron hasta el cansancio por la actual gestión y que continúan incumplidas, como la dotación de un chaleco antibalas para cada efectivo, que fue promocionado como un objetivo en sí mismo por la gobernadora y el titular de la cartera de Seguridad, a pesar de los cual en la mayoría de los distritos se sigue utilizando el sistema de «chaleco caliente» porque no hay uno para cada policía.

También se conocieron detalles esta semana de la supuesta compra de material inservible por parte de las autoridades, como por ejemplo un drone de vigilancia que por sus características técnicas y dimensiones no pudo ser homologado por la Administración de Aeronavegación Civil (ANAC), por lo que nunca levantó vuelo, y la adquisición de 10 motos de agua para el Operativo Sol, cuando en realidad la policía no tiene jurisdicción sobre el mar, ya que eso le corresponde a Prefectura.

Los uniformados le apuntan a Ignacio Greco, el Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad, que tuvo a su cargo el manejo de esas licitaciones, pero también es el encargado de administrar los fondos para las horas adicionales, por lo que rápidamente el reclamo apuntó a los expedientes por compras millonarias mientras que no se liquidaban las cores y las polad.

El 8M desnudó diferencias en todos los espacios políticos

Las marchas multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer, cargadas de consignas de reivindicación de derechos postergados y con amplio consenso en todos los sectores de la sociedad, generaron sin embargo serios inconvenientes internos en las organizaciones políticas que convocaron a marchar.

Los días previos fueron un permanente estado de ebullición puertas adentro de los espacios kirchnerismo y progresistas, porque no hubo directivas claras respecto del rol que debían ocupar los hombres durante la jornada del 8M, y además porque algunas mujeres exageraron el rol de luchadoras por la igualdad de género y terminaron realizando planteos casi ridículos que detonaron algunas relaciones dentro de la organización.

Así por ejemplo luego de una Asamblea de partidos que confluyen en un frente filo kirchnerista no peronista, cercanos a Martín Sabatella, algunas de las mujeres integrantes de esos espacios protestaron porque la relatoría del encuentro la había realizado un hombre y no les pareció justo que sea él quien resumiera los informes presentados por el Frente de Mujeres de ese espacio.

En otros sectores, más cercanos al peronismo, las mujeres difundieron una especie de “manual” para los hombres durante el 8M, en el que se consignaban cuestiones como “quédate en casa con los chicos”, es decir que reproducía los clichés que se supone hay que combatir en el marco de las políticas de igualdad, lo que también abrió una grieta interna, que en algunos casos amenaza con profundizarse.

En el oficialismo en cambio, el debate tuvo que ver con las facilidades que la gestión les ofrecía a las mujeres para que se plegaran al paro o pudieran participar de las movilizaciones.

En muchos distritos peronistas los intendentes decretaron asueto administrativo para las mujeres, pero en los gobernados por Cambiemos hubo titubeos hasta último momento esperando una definición de la gobernadora, que llegó sin demasiada firmeza sobre el final de la jornada anterior al 8M, no sin incertidumbre.

Es que sin el dictado de un acto administrativo que diga lo contrario, el ejecutivo viene respetando a rajatabla su política de descontarle a los trabajadores los días no trabajados, indistintamente de que se trate de ausencias por algún reclamo sindical, una falta injustificada o una licencia por enfermedad.

Y Vidal corre el riesgo de quedar en la encerrona de descontarle el día a los maestros que pararon durante los dos primeros días de clases, pero no a las maestras que se plegaron al paro del 8M, aunque el efecto sobre los chicos en uno y otro caso es idéntico: no tienen clases.

De todas formas, para muchos persisten las dudas sobre la actitud que finalmente tomará el gobierno más allá de los anuncios, y esperan que se descuente la jornada para aquellas empleadas públicas que se hubieran plegado al paro.

Fuente: AgenciaNova

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