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Martes 19 de Mayo de 2026
Martes 19 de Mayo de 2026
19 mayo 2026 - 10:19
Quedaron definidos los dos finalistas para operar el Paraná-Paraguay, pero la Fiscalía advirtió sobre eventuales consecuencias administrativas y penales.
El Gobierno nacional oficializó este lunes a las dos empresas que competirán en la etapa final de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el principal corredor fluvial del país por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
La definición se produjo en un contexto atravesado por fuertes cuestionamientos administrativos y advertencias judiciales sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, mediante la cual ratificó la precalificación técnica de los consorcios integrados por Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A. —empresa que actualmente opera la hidrovía— y la firma belga DEME, cuyo nombre completo es Dredging, Environmental & Marine Engineering NV.
En cambio, la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda. había sido descartada previamente durante el proceso.
La apertura de las ofertas económicas fue programada para este martes 19 de mayo a las 13:00 mediante el portal CONTRAT.AR.
La licitación contempla la concesión de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, desde la confluencia del Paraná hasta el Río de la Plata exterior, con inversiones estimadas en más de 10 mil millones de dólares.
El proceso forma parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno a través del DNU 3/2025, que eliminó la Administración General de Puertos (AGP) y creó la ANPYN.
Desde el oficialismo destacaron además que el procedimiento contó con asesoramiento de la UNCTAD y que se habilitaron instancias de participación ciudadana con más de 200 consultas.
Sin embargo, el avance administrativo quedó envuelto en cuestionamientos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
En un reciente dictamen remitido a la fiscalía federal 9, la procuraduría advirtió sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, falencias en la cláusula anticorrupción, participación “meramente formal” del área jurídica de la ANPYN y la posibilidad de que el contrato pueda ser cedido posteriormente a empresas que no cumplieron los requisitos técnicos originales.
El organismo también alertó sobre un posible direccionamiento del resultado licitatorio debido al mayor peso otorgado a la oferta técnica por encima de la económica.
La situación adquiere mayor relevancia porque la PIA ya había emitido observaciones similares en febrero de 2025, antes de que el Gobierno decidiera dar de baja el primer llamado a licitación.
Según el nuevo dictamen, muchas de aquellas irregularidades persistirían en el actual proceso.
La conclusión de la procuraduría fue contundente: el procedimiento podría derivar en una adjudicación “pasible de reproches tanto en el plano administrativo como en el penal”.
En paralelo, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para reclamar la suspensión de la licitación hasta que se subsanen las observaciones planteadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Del otro lado, entidades empresariales como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina y distintas cámaras portuarias y navieras respaldaron el avance del proceso, argumentando la necesidad urgente de profundizar el calado para sostener la competitividad exportadora.
Mientras tanto, la apertura de sobres prevista para este martes podría comenzar a definir quién administrará la hidrovía durante las próximas décadas, aunque el escenario continúa atravesado por dudas sobre la solidez jurídica del proceso y posibles futuras impugnaciones.
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