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El drama de un jubilado discapacitado al que están por cortarle el agua

27 abril 2026 - 13:36

Aguas de San Nicolás intimó a un vecino a pagar más de $1,2 millones; “no tengo ni para comer”, relató Roberto Rigler, residente de barrio Savio.

Una notificación emitida el 24 de abril de 2026 por Aguas de San Nicolás encendió la alarma en barrio Savio, donde un vecino denunció que podría quedarse sin servicio por una deuda que supera el millón de pesos. Se trata de Roberto Rigler, de 66 años, quien vive en una vivienda ubicada en Pombo al 500 y asegura que no puede afrontar el monto reclamado.

El documento oficial —bajo el título “Restricción del servicio”— detalla que el inmueble registra una deuda de “$ 1.236.863,23”, correspondiente a la “Tasa de Aguas, Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales”. En ese marco, la empresa informó que “se ha procedido a dar cumplimiento a la restricción de dicho servicio”, conforme a las ordenanzas fiscal y tarifaria del año 2025 y el reglamento del ente.

La intimación establece que para restablecer el suministro se deberá abonar la totalidad de la deuda junto con el costo de reconexión, con opciones de pago mediante código QR o un “plan de pago en 3 cuotas fijas”. También advierte que la medida podría derivar en “acciones administrativas y/o judiciales” y remarca que “sólo a través de la cancelación total de las sumas adeudadas se podrá revertir la medida”.

En diálogo con Prensa Libre SN, Rigler describió su situación personal y económica. “Me llegó ya como diciendo que venían a cortar el agua. Yo les dije que no podía pagar porque tengo una jubilación mínima, estoy en silla de ruedas, estoy solo con mis discapacidades, y en este momento esa deuda no la puedo pagar”, afirmó.

Operarios de Aguas San Nicolás repartiendo las intimaciones de corte a los vecinos de barrio Savio.

El hombre, de 66 años, tiene un hijo de 29 años, quien tiene una discapacidad mental. Según relató, su estado de salud se deterioró tras un accidente doméstico: “Me rompí la cadera y me operaron y quedé mal, y hace dos años y medio que estoy así y no me recupero”.

Rigler explicó que la deuda se acumuló en los últimos años debido a su salud. “Hace un par de años ya que no estoy pagando”, dijo, y aseguró que nunca recibió advertencias previas antes de la intimación actual.

La magnitud del monto reclamado y las condiciones de pago también fueron cuestionadas. “Me quieren cobrar este millón doscientos en tres cuotas. Eso es imposible. Lo único que podría hacer es ver si de acá en adelante puedo pagar, pero esa deuda no”, sostuvo.

La situación económica del hogar es crítica. “Hoy día quince no tengo ni para comer, tengo que ir empeñando con la tarjeta”, expresó. Además, tanto él como su hijo requieren medicación: “El PAMI cubre el cincuenta por ciento, el resto hay que comprarlo”.

El caso pone en evidencia el impacto de las políticas de cobro sobre sectores vulnerables, en un contexto donde la empresa también advierte sobre sanciones penales en caso de conexiones clandestinas: “La conexión clandestina a la red troncal de agua potable significa la comisión del delito penal de daño agravado a los bienes de uso público”, con penas que van de “tres meses a cuatro años de prisión”.

Mientras el ente prestatario avanza con medidas para recuperar deudas, el caso de Roberto Rigler expone las dificultades de quienes, por razones económicas y de salud, quedan al borde de perder un servicio esencial.

El caso de este jubilado, no es el único en barrio Savio, según advirtieron vecinos a Prensa Libre SN.


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