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10 octubre 2026 - 20:58
Los estudios genéticos confirmaron que las denunciantes no eran hijas biológicas de quienes figuraban como sus padres.
Más de cuatro décadas después de que dos niñas fueran inscriptas como hijas biológicas de matrimonios que no eran sus verdaderos progenitores, la Justicia Federal de Rosario se prepara para llevar a juicio a la profesional que habría permitido aquellas inscripciones mediante documentación falsa.
La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron la elevación a juicio de la causa contra Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, una médica obstetra acusada de intervenir en la alteración de la identidad de dos mujeres nacidas, según sus partidas, en 1981 y 1982.
El requerimiento fue presentado después de que quedara firme el procesamiento dictado el pasado 3 de agosto por el juez federal Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N.º 3 de Rosario. La imputada continúa en libertad mientras avanza el proceso.
La investigación sostiene que la profesional habría confeccionado certificados de nacido vivo con datos falsos, utilizados posteriormente para registrar a las niñas como hijas biológicas de las familias que las criaron.
Las denunciantes son Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes acudieron a la Justicia Federal en 2022 y 2023, respectivamente, para esclarecer las circunstancias de sus nacimientos.
Alzugaray creció en Maciel, provincia de Santa Fe, junto a Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Desde pequeña sabía que no era hija biológica del matrimonio, aunque su partida de nacimiento establecía lo contrario.
En ese documento figuraba que había nacido el 11 de junio de 1981, con una certificación extendida por Artale de Silva.
Durante años intentó reconstruir su historia. Según relató ante la Justicia, su padre de crianza le había contado que el contacto para recibirla se había establecido mediante una hermana de la obstetra. También señaló que la entrega ocurrió en una vivienda de Rosario.
La búsqueda la llevó a conocer a Lobos, quien atravesaba una situación similar. Esta última había descubierto durante su adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos, pese a que ambos figuraban como sus progenitores.
Su partida consignaba como fecha de nacimiento el 5 de agosto de 1982 y también llevaba una certificación de la misma profesional.
La coincidencia permitió vincular ambas denuncias, que inicialmente se investigaban por separado.
Una de las pruebas centrales surgió de los estudios genéticos realizados sobre las denunciantes y las personas registradas como sus padres.
Las muestras fueron obtenidas con intervención del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y del Equipo Argentino de Antropología Forense, y posteriormente analizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Los resultados descartaron los vínculos biológicos consignados en las respectivas partidas de nacimiento.
Para los investigadores, esa evidencia, junto con los documentos incorporados al expediente, respalda la acusación de que los certificados extendidos por la obstetra permitieron dar apariencia legal a filiaciones que no se correspondían con la realidad.
El avance de la causa también estuvo atravesado por evaluaciones médicas sobre el estado cognitivo de la imputada.
En mayo de 2025, Artale de Silva manifestó dificultades de memoria y se negó a declarar en una de las investigaciones. Una primera evaluación concluyó que presentaba un deterioro que le impedía comprender el proceso judicial.
Sin embargo, después de un planteo de la querella, se ordenó un nuevo examen.
En marzo de 2026, otra evaluación determinó que la médica presentaba un deterioro cognitivo leve, pero conservaba las condiciones necesarias para comprender la acusación y participar del procedimiento.
La investigación fue reanudada y el 2 de julio se le recibió declaración indagatoria por uno de los casos.
Finalmente, el 3 de agosto, el juez Vera Barros dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.
El magistrado consideró que la intervención atribuida a la profesional no se limitaba a una irregularidad documental, sino que habría permitido establecer oficialmente identidades biológicas falsas con consecuencias permanentes.
La investigación fue impulsada por la fiscal federal Soledad García y el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, mientras que la representación de las denunciantes está a cargo de la abogada Julia Giordano.
Aunque la causa penal avanzó hasta el pedido de elevación a juicio, todavía permanece sin respuesta una de las preguntas centrales: quiénes son las madres biológicas de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos.
Por ese motivo, la Unidad Fiscal Rosario lanzó una convocatoria pública para reunir información que permita reconstruir el origen de ambas mujeres.
El llamado está dirigido especialmente a quienes hayan dado a luz en fechas cercanas al 11 de junio de 1981 y al 5 de agosto de 1982, o puedan aportar datos sobre nacimientos y entregas de bebés ocurridos en aquellos años.
Quienes tengan información pueden comunicarse con el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que este expediente es independiente de otra investigación recientemente difundida contra una partera de 88 años conocida como “Dolly”.
Mientras se aguarda la resolución del pedido de elevación a juicio, las dos mujeres continúan buscando respuestas sobre sus verdaderos orígenes, una historia que comenzó hace más de 40 años y que todavía conserva interrogantes fundamentales.
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