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7 agosto 2026 - 08:59
La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantuvo el nuevo procedimiento que permite desalojos de inquilinos en 10 días y reformas al régimen expropiatorio. El oficialismo retiró los capítulos sobre tierras en manos extranjeras y manejo del fuego.
El Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce un mecanismo de desalojos exprés para viviendas, terrenos y campos ocupados ilegalmente, modifica las reglas que deberá seguir el Estado en las expropiaciones y habilita la presentación de documentación digital ante los Registros de la Propiedad de todo el país.
El texto llegó a la votación con cambios importantes. El oficialismo retiró primero las reformas vinculadas con la compra de tierras por parte de extranjeros y luego hizo lo mismo con el capítulo referido al manejo del fuego. Ambos puntos habían concentrado buena parte de las objeciones durante la discusión parlamentaria.
Uno de los aspectos que sí quedó en pie es el nuevo procedimiento para los desalojos. La norma contempla su aplicación frente a inmuebles usurpados o en poder de tenedores precarios y habilita al juez a ordenar la entrega inmediata cuando considere verosímil el derecho invocado, previa caución juratoria.
También se establece que, a pedido del propietario y con la documentación que acredite la titularidad, el juez podrá intimar dentro de las 72 horas a la devolución de la vivienda, terreno o campo.
La ley alcanza además a los conflictos por alquileres. Cuando exista una deuda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y concederle un mínimo de 10 días corridos para regularizar los pagos. La notificación podrá efectuarse en el domicilio consignado en el contrato o mediante correo electrónico y tendrá que indicar con precisión dónde debe abonarse lo adeudado.
Si vencido ese plazo persiste el incumplimiento, el dueño podrá iniciar la acción judicial y el desalojo deberá concretarse dentro de los 10 días hábiles previstos por el nuevo régimen.
Otro punto establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves ni condicionarla al pago de las obligaciones pendientes. Sí tendrá la posibilidad de dejar asentada la existencia de deudas para reclamarlas posteriormente.
Cuando en el inmueble residan menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez tendrá que dar intervención a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar.
La reforma también introduce modificaciones en los procedimientos mediante los cuales el Estado puede expropiar bienes. La declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva y la decisión tendrá que estar debidamente fundamentada.
En materia indemnizatoria, se fija un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante. Para los intereses se contempla la evolución del Índice de Precios al Consumidor junto con la tasa del Banco Nación a 30 días.
La transferencia del bien no podrá concretarse sin que previamente se pague la indemnización correspondiente, aunque el Estado conservará la posibilidad de solicitar judicialmente su posesión.
Ante desacuerdos sobre el monto a pagar, el juez podrá requerir la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación para contar con una valuación del inmueble en discusión.
Otro capítulo apunta a extender la digitalización de los trámites inmobiliarios. A partir de la reforma podrán presentarse documentos digitales ante los Registros de la Propiedad de las distintas jurisdicciones del país, una modalidad que actualmente ya funciona en algunos distritos.
A su vez, se modifica la denominada Ley Pierri, vinculada con la regularización dominial. El cambio contempla el acceso a la escritura de la vivienda única para familias que acrediten una posesión pública durante los diez años anteriores, siempre dentro de las condiciones establecidas para acogerse al régimen.
Mientras el Senado discutía la iniciativa, en las inmediaciones del Congreso se desarrolló una protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La movilización terminó con enfrentamientos y una fuerte intervención de las fuerzas federales, en medio de corridas, utilización de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Durante los incidentes también se registraron destrozos en la vía pública.
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