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Miercoles 27 de Mayo de 2026
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27 mayo 2026 - 11:03
La Justicia investiga más de 300 transferencias ilegales realizadas durante controles sobre la Ruta 8; hay nueve policías detenidos.
Una investigación judicial por presunta corrupción policial sacudió al norte bonaerense luego de que fueran detenidos el jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y otros ocho efectivos, acusados de integrar una estructura dedicada al cobro ilegal de dinero durante controles vehiculares sobre la Ruta Nacional 8.
La causa, encabezada por la fiscal de instrucción de Colón, Magdalena Brandt, expone un supuesto mecanismo organizado mediante el cual policías exigían pagos a conductores y empresas de transporte para evitar multas, secuestros de vehículos o incluso causas judiciales.
El expediente sostiene que el sistema funcionó entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y que los pagos eran realizados principalmente mediante transferencias bancarias y billeteras virtuales.
Las detenciones fueron ordenadas por el juez de Garantías César Solazzi, quien además autorizó allanamientos en dependencias policiales y domicilios particulares vinculados con los acusados.
Entre los detenidos se encuentra el entonces jefe del Destacamento Vial de Colón, identificado oficialmente como el subcomisario HGC, señalado por la fiscalía como presunto organizador de la asociación ilícita.
Según la investigación, los efectivos interceptaban a transportistas y automovilistas en operativos desplegados sobre la Ruta 8 y otros corredores del partido de Colón. Allí, de acuerdo a la acusación, amenazaban a los conductores con infracciones, retención de documentación, secuestros de vehículos o apertura de causas penales.
Frente a ese escenario, ofrecían “soluciones” a cambio de dinero.
Uno de los datos centrales de la causa gira alrededor de una cuenta bancaria del Banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, a la que presuntamente eran derivadas las transferencias realizadas por las víctimas.
Posteriormente, según la fiscalía, esos fondos se redistribuían entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con integrantes de la Policía Vial de Colón y otros efectivos.
La pesquisa detectó movimientos económicos millonarios. La causa menciona transferencias superiores a los 23 millones de pesos hacia algunos de los involucrados, además de múltiples pagos menores distribuidos dentro de la estructura investigada.
La fiscal Magdalena Brandt sostuvo que las acreditaciones provenían de “personas y empresas de distintos puntos del país”, muchas de ellas vinculadas al transporte de cargas que circulaba por la Ruta 8.
La documentación incorporada al expediente incluye informes bancarios, registros telefónicos, reportes de billeteras virtuales y declaraciones testimoniales. Según los investigadores, existen más de 300 operaciones sospechosas relacionadas con presuntos pagos ilegales.
Entre los casos mencionados aparece el de un camionero al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para liberarlo de una supuesta infracción. Finalmente, siempre según la acusación judicial, el chofer terminó abonando 2 millones mediante dos transferencias distintas.
La investigación también detectó pagos vinculados a presuntas irregularidades relacionadas con documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patente y hasta tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
La fiscalía considera que no se trató de hechos aislados, sino de una estructura estable de recaudación ilegal dentro de la Policía Vial bonaerense. Por ese motivo, los acusados enfrentan cargos por “exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.
En el expediente también aparecen referencias a posibles conexiones con superiores de la estructura de Policía Vial de la zona Junín y movimientos económicos relacionados con efectivos del Destacamento Vial de Carabelas, donde se sospecha que podrían haberse replicado mecanismos similares.
Para concretar los procedimientos, la Justicia autorizó allanamientos con habilitación de días y horarios inhábiles y dispuso la participación de fuerzas especiales, debido a que los acusados pertenecen a la Policía bonaerense.
La fiscal Brandt advirtió además sobre posibles riesgos procesales y señaló que uno de los imputados habría intentado contactar a una víctima para influir en su declaración.
La causa ya es considerada una de las investigaciones más delicadas por presunta corrupción policial en el norte de la provincia de Buenos Aires y pone bajo la lupa el funcionamiento de los controles viales realizados sobre la Ruta 8.
Con información y foto de La Opinión OnLine
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