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8 noviembre 2026 - 10:39
Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone exigir licencias profesionales, antecedentes penales, VTV y seguros específicos a los conductores de plataformas digitales. El sector de los taxis reclama igualdad de condiciones.
Las empresas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales podrían quedar sujetas a nuevas exigencias en la provincia de Buenos Aires, si prospera un proyecto de ley impulsado por la senadora María Rosa Martínez, con el respaldo de la Federación Nacional de Peones de Taxis de la República Argentina. La iniciativa pretende establecer un marco regulatorio provincial que alcance tanto a las plataformas como a sus conductores, con requisitos relacionados con la seguridad, las habilitaciones y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La propuesta fue acompañada públicamente por la organización sindical que conduce Miguel Ángel Soto, desde donde vienen reclamando condiciones equivalentes para quienes prestan servicios de transporte de pasajeros. El planteo apunta a modificar las diferencias regulatorias que, según sostiene el gremio, colocan a los taxistas tradicionales en desventaja frente a quienes trabajan mediante aplicaciones.
Entre las disposiciones contempladas figura la obligación de contar con una licencia de conducir profesional categoría D1, además de establecer una edad mínima de 21 años para desempeñarse como conductor. También se exigirá la presentación de un certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, que deberá renovarse anualmente.
En cuanto a los vehículos, la iniciativa establece la necesidad de acreditar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y contar con un seguro específico para el transporte de pasajeros. Estas condiciones buscan que las unidades utilizadas mediante plataformas digitales cumplan requisitos de seguridad equivalentes a los exigidos para otros servicios de transporte.
Las responsabilidades no quedarían limitadas a los conductores. Las empresas que administran las aplicaciones deberán mantener actualizada una base de datos de vehículos y choferes, inscribirse ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), constituir domicilio en territorio bonaerense y abonar una tasa destinada a financiar los controles de fiscalización.
El proyecto contempla que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires sea la autoridad de aplicación, con facultades para supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y controlar el funcionamiento de las plataformas alcanzadas por la normativa.
Desde la Federación Nacional de Peones de Taxis sostienen que el objetivo no es impedir el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, sino evitar que su utilización genere diferencias en las obligaciones de quienes realizan una misma actividad. En ese sentido, la organización expresó: “La tecnología puede avanzar, pero nunca puede estar por encima de la seguridad, las leyes ni los derechos laborales”.
El gremio también cuestionó lo que considera una situación de competencia desigual y advirtió sobre la necesidad de proteger las condiciones laborales de los conductores. Para sus representantes, la incorporación de aplicaciones al transporte de pasajeros debe estar acompañada por responsabilidades concretas para las empresas que participan del negocio.
“No puede haber vehículos sometidos a controles y otros que desarrollen actividades de transporte sin las mismas exigencias de seguridad. Tampoco puede haber empresas que intermedien en el traslado de personas sin asumir responsabilidades frente a los pasajeros y la sociedad”, señalaron desde la organización sindical.
La discusión tiene alcance para municipios bonaerenses como San Nicolás, donde la eventual aprobación de una legislación provincial podría incorporar nuevas condiciones para el funcionamiento de los servicios de transporte gestionados mediante plataformas digitales. Sin embargo, la propuesta todavía debe atravesar el correspondiente tratamiento legislativo y no constituye una normativa vigente.
El impulso de esta iniciativa también refleja un cambio en la estrategia del sector de los taxis, que busca trasladar sus reclamos al ámbito parlamentario para establecer reglas generales sobre una actividad que se transformó con la expansión de las aplicaciones móviles.
En su posicionamiento público, la Federación Nacional de Peones de Taxis resumió el sentido de su acompañamiento al proyecto con una declaración: “No pedimos privilegios. Exigimos igualdad ante la ley. No rechazamos el futuro. Queremos ser parte de él, con nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra historia”.
La propuesta abre así una nueva instancia de discusión sobre las condiciones en las que operan los distintos servicios de transporte en la provincia de Buenos Aires, con el foco puesto en las obligaciones de las empresas, la seguridad de los pasajeros y los derechos de quienes trabajan al volante.
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