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19 octubre 2026 - 11:09
Uno de los detenidos pidió anular el procedimiento realizado en su casa y reclamó su libertad.
La investigación que permitió desarticular una presunta organización dedicada a la comercialización de drogas en San Nicolás, conocida como Operativo Aeronáutico Blanco, enfrenta ahora un cuestionamiento judicial que apunta directamente a la validez de parte de las pruebas reunidas durante los allanamientos del 11 de septiembre.
El abogado Gabriel Ruiz presentó un pedido de nulidad absoluta del procedimiento realizado en una vivienda de B° Las Mellizas, donde la Policía secuestró cocaína, marihuana y otros elementos que la Fiscalía vinculó con la venta de estupefacientes.
La presentación, ingresada el viernes 16 de octubre ante el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo de Ricardo Luis Prati, también solicita el sobreseimiento y la inmediata libertad de un hombre de 32 años detenido en el marco de aquella investigación.
El planteo introduce una nueva discusión en una causa que adquirió notoriedad por la magnitud de los procedimientos, la cantidad de personas investigadas y el secuestro de una aeronave que, según la hipótesis fiscal, estaba vinculada con la estructura dedicada al tráfico de drogas.
El Operativo Aeronáutico Blanco se desarrolló el 11 de septiembre, después de una investigación iniciada en noviembre de 2025 sobre una presunta red de distribución de estupefacientes con conexiones entre San Nicolás y Rosario.
La pesquisa apuntó a una organización en la que distintas personas habrían cumplido funciones de abastecimiento, almacenamiento, distribución y venta de drogas.
Entre los principales investigados apareció Maximiliano Cafiero, piloto de 29 años, señalado como presunto responsable de la estructura. Durante los procedimientos fue secuestrado un hidroavión experimental que se encontraba en un hangar del aeródromo de Alvear, en Santa Fe.
Los allanamientos también permitieron incautar cerca de cuatro kilos de sustancias identificadas como cocaína y marihuana, armas de fuego, dinero, vehículos, teléfonos y elementos relacionados con el fraccionamiento de drogas.
La investigación quedó bajo intervención de la UFI N.º 1, a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, y derivó en varias detenciones, además de órdenes de captura contra otros sospechosos.
Uno de los domicilios incluidos en aquella serie de procedimientos fue una vivienda de Verdi al 1800, en barrio Las Mellizas. Precisamente allí se concentra el nuevo planteo judicial.
Durante el registro de esa propiedad, los investigadores informaron haber encontrado 62 envoltorios con 91,4 gramos de cocaína, cinco paquetes con 741 gramos de marihuana y aproximadamente 108 gramos de bicarbonato.
Para la acusación, esos elementos formaban parte de las actividades de comercialización investigadas. El hombre vinculado con el domicilio fue detenido el 15 de septiembre y declaró al día siguiente ante la Fiscalía.
En aquella oportunidad negó que las drogas fueran de su propiedad y sostuvo que el bicarbonato tenía una finalidad doméstica.
Ahora, su defensor no se limita a cuestionar la interpretación de los elementos secuestrados. El planteo busca invalidar el allanamiento desde su origen.
Uno de los argumentos centrales está relacionado con el ingreso del testigo civil que debía presenciar el procedimiento.
Según la presentación de Ruiz, el testigo declaró que los policías entraron primero a la vivienda y que él accedió aproximadamente cinco minutos después.
El abogado considera que ese lapso impidió verificar lo ocurrido durante los primeros momentos del registro, una circunstancia que, a su entender, compromete las garantías necesarias para asegurar la transparencia del procedimiento.
También cuestionó que, de acuerdo con esa declaración, solamente se hubiera revisado la vestimenta de dos de los al menos siete efectivos participantes.
A partir de esos señalamientos, la defensa puso en duda la forma en que se encontraron y documentaron las sustancias. Sin embargo, no existe una resolución judicial que haya acreditado una manipulación de pruebas.
El escrito también incorpora cuestionamientos sobre el trato recibido por las personas que se encontraban dentro de la vivienda.
De acuerdo con la versión presentada por Ruiz, una mujer de 59 años, su hija y dos niños de 4 y 6 años permanecieron durante varias horas en una habitación, bajo vigilancia policial.
La defensa denunció que durante ese período se les habría impedido acceder al baño y recibir alimentos, además de no haber sido convocados para presenciar las tareas de registro.
Estas circunstancias deberán ser examinadas judicialmente, ya que hasta el momento constituyen afirmaciones formuladas por la defensa y no hechos establecidos mediante una resolución.
El abogado también solicitó que se revisen las filmaciones del procedimiento que circularon en medios de comunicación y redes sociales. Su intención es contrastar esas imágenes con las declaraciones incorporadas al expediente y determinar si existen diferencias respecto de cómo se desarrolló el allanamiento.
La presentación incorpora otro episodio que, según la defensa, debe ser considerado al analizar la actuación policial.
El 27 de febrero de 2026, varios meses antes de los allanamientos del Operativo Aeronáutico Blanco, el ahora detenido había promovido un hábeas corpus preventivo por presuntos hechos de hostigamiento y vigilancia atribuidos a personal de Drogas Ilícitas.
Ese recurso fue rechazado el 12 de marzo por el juez Sebastián Luis Zubiri, después de evaluar los informes reunidos.
Ruiz sostiene que aquel antecedente guarda relación con los cuestionamientos actuales y pidió que sea tenido en cuenta al resolver la nulidad.
El pedido presentado ante el Juzgado de Garantías N.º 2 pretende que se declare inválido el allanamiento de barrio Las Mellizas y que esa decisión alcance también a los secuestros, pericias y demás actuaciones que dependan directamente del procedimiento cuestionado.
Como consecuencia, el defensor solicitó el sobreseimiento y la libertad inmediata de su representado. De manera alternativa, reclamó que se considere una medida menos restrictiva, como la prisión domiciliaria.
La presentación no implica, por sí misma, que hayan quedado invalidadas las pruebas ni que se haya dispuesto la liberación del imputado.
Tampoco supone automáticamente la nulidad de los restantes allanamientos realizados durante el Operativo Aeronáutico Blanco.
El planteo se concentra en uno de los procedimientos que integraron aquella investigación, aunque su eventual aceptación obligaría a examinar qué actuaciones posteriores dependen de las pruebas obtenidas en ese domicilio.
La causa principal continúa relacionada con presuntas infracciones al artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737, por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Ahora será el juez Ricardo Luis Prati quien deberá evaluar los argumentos presentados por la defensa y determinar si las circunstancias denunciadas tienen consecuencias sobre la legalidad del allanamiento.
A poco más de un mes de los operativos que terminaron con múltiples detenidos y el secuestro de un hidroavión, la investigación enfrenta así una nueva instancia: establecer si las pruebas reunidas contra uno de los acusados fueron obtenidas respetando las garantías del procedimiento penal.
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