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16 octubre 2026 - 10:20
Gonzalo Arnedillo exige explicaciones por la demora de un proyecto sobre la calidad del agua potable.
La controversia por el acceso público a los análisis del agua potable de San Nicolás sumó un nuevo capítulo el pasado miércoles. El licenciado Gonzalo Arnedillo elevó una presentación formal al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para exigir información sobre el tratamiento de una iniciativa que permanece en comisión desde julio y solicitar explicaciones por declaraciones que atribuye al presidente del cuerpo, Daniel Luchelli.
El documento, fechado el 14 de octubre de 2026, consta de nueve páginas y está dirigido a la Presidencia del Concejo, a la Comisión de Legislación General y a los concejales. En él, Arnedillo solicita que las autoridades respondan por escrito cuáles son los motivos que impiden avanzar con el proyecto y qué pasos restan para que pueda ser considerado.
La iniciativa original fue presentada en julio y propone establecer un sistema municipal que permita consultar públicamente los resultados de los análisis realizados sobre el agua potable. Su finalidad es que los vecinos tengan acceso a información oficial, actualizada y verificable sobre las condiciones del servicio.
En paralelo, Arnedillo solicitó utilizar la Banca 21, mecanismo de participación ciudadana que permite llevar determinados planteos ante el cuerpo deliberativo. Para ello comenzó una recolección de firmas, procedimiento que también quedó alcanzado por la controversia.
El conflicto se profundizó después de una conversación que, según relata el propio interesado, mantuvo con Daniel Luchelli el martes 13 de octubre, en el acceso al recinto del Concejo Deliberante.
Arnedillo sostiene que durante ese intercambio el presidente del HCD puso en duda que las personas que habían acompañado con sus firmas el pedido de Banca 21 estuvieran debidamente informadas sobre el contenido de la iniciativa.
Ante esa situación, el impulsor del proyecto exige que Luchelli precise si sus manifestaciones estuvieron basadas en denuncias concretas, irregularidades documentadas o incumplimientos reglamentarios, o si se trató de una apreciación personal.
El escrito también reclama conocer si existe alguna impugnación formal contra las firmas reunidas y, en ese caso, cuáles son los antecedentes que la sustentan.
Para Arnedillo, el cuestionamiento reviste especial gravedad porque podría afectar la legitimidad de su actuación como promotor de la iniciativa y poner en duda la participación de los vecinos que decidieron acompañarla.
Otro de los puntos centrales del documento está relacionado con la falta de avances legislativos.
Según expone el presentante, el proyecto continúa en la Comisión de Legislación General sin que se le haya comunicado una resolución sobre su tratamiento ni una explicación suficiente acerca de los motivos de la demora.
Por esa razón, solicita acceder al historial completo del expediente, conocer las reuniones en las que fue considerado y determinar si existen objeciones técnicas, jurídicas, administrativas o presupuestarias que dificulten su tratamiento.
También requiere información sobre el funcionamiento de la comisión desde julio, incluidas las fechas de sus reuniones, los registros de asistencia, las actas y los motivos por los cuales algunas convocatorias no se habrían concretado.
En particular, menciona lo ocurrido el 13 de octubre, cuando acudió al Concejo y, de acuerdo con su relato, fue informado de que no se realizaría la reunión correspondiente.
El planteo incorpora además una afirmación que Arnedillo atribuye a Luchelli: que la iniciativa sobre la calidad del agua potable no constituía una prioridad frente a otros asuntos pendientes de tratamiento.
El autor del escrito cuestiona esa valoración y pide que se expliquen los criterios utilizados para establecer las prioridades legislativas, especialmente cuando se trata de una propuesta relacionada con la salud pública y el acceso a información ambiental.
La discusión no gira alrededor de un resultado específico de los análisis del agua, sino de la posibilidad de que esos datos estén disponibles para toda la población.
En ese sentido, Arnedillo deja expresamente aclarado que su proyecto no implica afirmar que el agua potable de San Nicolás esté contaminada. Por el contrario, sostiene que la publicación de los controles permitiría evaluar su calidad mediante información científica y documentación oficial, sin depender de versiones o suposiciones.
Para fundamentar el pedido, invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, entre otras disposiciones.
El documento recuerda que esta última norma contempla el acceso a información ambiental en poder de organismos públicos y establece plazos para responder las solicitudes formales comprendidas en su ámbito de aplicación.
Sin embargo, Arnedillo también aclara que su presentación no pretende obligar a los concejales a aprobar la ordenanza, sino obtener una respuesta institucional sobre su estado y garantizar que la iniciativa sea tramitada conforme a las reglas vigentes.
Entre los requerimientos formulados se encuentra la identificación de los artículos del Reglamento Interno que regulan el funcionamiento de las comisiones y el mecanismo de Banca 21, así como la comunicación de los pasos pendientes para avanzar con ambas solicitudes.
El escrito concluye con un pedido de respuesta expresa, completa y documentada. También solicita que se preserve la documentación relacionada con los expedientes y deja planteada la posibilidad de recurrir a otras vías administrativas o judiciales si se verifican incumplimientos de obligaciones legales.
No obstante, el propio Arnedillo señala que no atribuye anticipadamente conductas irregulares a los concejales ni afirma que exista una decisión política deliberada de bloquear el proyecto. Su reclamo apunta a conocer las razones de la demora y obtener una explicación verificable.
La nueva presentación se produce mientras continúa la convocatoria ciudadana para acompañar el pedido de participación mediante la Banca 21, con una jornada de recolección de firmas anunciada para este viernes 16 de octubre, a las 17:00 hs., en Mitre y Urquiza.
El conflicto deja así dos cuestiones pendientes: qué ocurrirá con la propuesta para publicar los controles del agua potable y qué respuesta dará el Concejo Deliberante a los cuestionamientos sobre su tratamiento y la participación ciudadana.
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