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29 septiembre 2026 - 04:57
La Cámara Federal de Paraná mantuvo la clausura preventiva del sistema de efluentes del PIG.
Una serie de análisis ambientales, reclamos vecinales y obras que no alcanzaron para normalizar el funcionamiento terminó dejando fuera de servicio a la planta que recibe los efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG). Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó que la instalación deberá continuar clausurada hasta que pueda demostrarse que sus descargas cumplen con las exigencias ambientales.
La decisión fue adoptada por los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, quienes rechazaron los recursos interpuestos contra la medida que había ordenado el juez federal Hernán Viri el 24 de agosto.
El cierre había sido impulsado por el fiscal federal Pedro Rebollo como una herramienta preventiva frente a los resultados obtenidos durante la investigación. En la instancia ante la Cámara, el fiscal general José Ignacio Candioti también se pronunció a favor de mantenerlo.
El conflicto judicial tiene su origen en barrio Don Pedro, cuyos vecinos denunciaron en julio de 2025 que líquidos provenientes de las industrias instaladas en el predio terminaban llegando al río Gualeguaychú sin un tratamiento adecuado.
A partir de aquella presentación comenzaron las inspecciones y tomas de muestras.
Una de ellas, obtenida el 27 de agosto de 2025, arrojó parámetros que se encontraban fuera de los límites establecidos por la normativa. Los estudios señalaron, entre otros hallazgos, presencia de plomo y Escherichia coli.
Las sospechas no quedaron circunscriptas a aquel primer resultado. Hubo nuevas medidas en noviembre y, el 9 de junio de 2026, otro procedimiento permitió tomar muestras ante la posibilidad de una nueva descarga contaminante.
En esa oportunidad participaron agentes de la Policía Federal Argentina y de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú. Los análisis volvieron a detectar Escherichia coli y registraron aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc.
La clausura no fue la primera respuesta judicial al problema. Durante febrero y abril se realizaron dos audiencias entre los vecinos afectados y las autoridades vinculadas al parque para intentar establecer un programa de obras que corrigiera las deficiencias.
Para la Fiscalía, los tiempos acordados no fueron cumplidos. Al solicitar posteriormente el cierre preventivo, Rebollo sostuvo que todavía existían inconvenientes de funcionamiento y que las tareas de acondicionamiento iniciadas en 2025 permanecían incompletas.
La investigación también puso bajo análisis la situación administrativa del predio. El Certificado de Aptitud Ambiental, otorgado por la provincia de Entre Ríos en 2019, se encontraba vencido y, según lo incorporado al expediente, no constaba una renovación vigente.
El avance de la causa llevó al fiscal a solicitar el 14 de agosto la declaración indagatoria de trece personas relacionadas con la Comisión Administradora del parque y el Consejo Superior de CODEGU. La Fiscalía les atribuye una presunta conducta sostenida contraria a las normas que regulan el manejo de líquidos industriales. El pedido de indagatoria forma parte de una investigación en curso y no supone una condena.
Cuando el cierre llegó a revisión, las defensas buscaron revertirlo. La Cámara, sin embargo, consideró que el material científico reunido hasta esta etapa permite sostener preventivamente la existencia de un problema ambiental persistente.
Uno de los aspectos considerados fue la relación entre los resultados encontrados en una cañada ubicada en Las Magnolias y Los Cedros y las descargas de la planta. Para el tribunal, los distintos elementos incorporados al expediente no deben analizarse aisladamente y permiten, en esta instancia, mantener la vinculación entre ambos puntos.
La consecuencia inmediata no será el cierre de todo el Parque Industrial Gualeguaychú. Mientras la planta común permanezca inhabilitada, cada industria podrá contratar empresas especializadas para retirar o disponer sus propios residuos, siempre que el mecanismo utilizado no genere nuevos riesgos para el ambiente o la población.
Tampoco se trata de una clausura definitiva. La orden judicial establece una condición para revertirla: antes de volver a operar, la planta deberá acreditar que puede tratar sus efluentes y mantener los vertidos dentro de los valores exigidos por la normativa.
Hasta entonces, la instalación continuará cerrada mientras avanza, por otra vía, la investigación destinada a determinar eventuales responsabilidades por la contaminación detectada.
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