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22 septiembre 2026 - 20:30
Un fiscal federal pidió que el Estado ponga finalmente en marcha una herramienta destinada a financiar la prevención, atención de emergencias y reparación de daños ambientales.
Una herramienta pensada para que el Estado disponga de recursos ante emergencias y daños ambientales continúa sin estar operativa pese a contar con respaldo legal y reglamentario. Esa situación llegó a la Justicia y ahora el fiscal federal Fabián Canda dictaminó a favor de ordenar al Estado Nacional que avance con su implementación.
El planteo gira alrededor del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental (FCA). El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que existe una obligación normativa concreta que permanece incumplida y respaldó el amparo promovido por la Asociación Civil Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas contra la Secretaría de Ambiente.
El dictamen no constituye todavía una sentencia. Se trata de la opinión del fiscal que deberá ser considerada por el tribunal encargado de resolver el amparo.
El origen del fondo se remonta a la Ley General del Ambiente N.º 25.675, sancionada en 2002. Su artículo 34 contempló un mecanismo destinado, entre otras finalidades, a preservar la calidad ambiental, prevenir y mitigar daños, atender emergencias y contribuir a la recuperación de sistemas ecológicos.
Años después, el Congreso avanzó sobre su instrumentación. La Ley 27.431, correspondiente al Presupuesto 2018, creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiero. En 2019 se aprobó además la Resolución 334, que estableció su estructura y funcionamiento.
Sin embargo, el mecanismo nunca llegó a operar de manera efectiva. Según consta en el expediente, el propio Estado informó, ante un pedido de acceso a la información pública, que no existe un contrato de fideicomiso ni un fiduciario designado. Tampoco se registraron ingresos de fondos, proyectos aprobados, desembolsos ni informes de rendición de cuentas.
Frente a ese escenario, la asociación ambientalista recurrió a la Justicia. Entre otras medidas, solicitó constituir el Comité Ejecutivo y la Unidad Coordinadora, designar al fiduciario, firmar el contrato correspondiente y garantizar que los recursos previstos puedan efectivamente utilizarse.
El Poder Ejecutivo Nacional se opuso a la demanda. Entre sus argumentos sostuvo que no estaban reunidos los requisitos necesarios para recurrir a la vía del amparo y que una orden judicial para poner en funcionamiento el fondo podría significar una intromisión sobre atribuciones administrativas, presupuestarias, financieras y ambientales propias del Ejecutivo.
Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 8, adoptó una posición diferente. Para el fiscal, la discusión no pasa por establecer desde la Justicia una nueva política ambiental ni por decidir cómo debe gastarse el dinero público, sino por determinar si el Estado puede mantener sin ejecutar una obligación que ya fue establecida por el Congreso y posteriormente reglamentada.
En ese sentido, sostuvo que quedó acreditado tanto el mandato legal como la falta de cumplimiento de la autoridad encargada de ejecutarlo y consideró excesivo el tiempo transcurrido.
El fiscal remarcó además que la falta de funcionamiento del fondo afecta una herramienta prevista específicamente para que el Estado pueda reaccionar frente a riesgos, emergencias y pasivos ambientales.
“El ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible”, señaló Canda en su dictamen. También advirtió que mantener inactivo el mecanismo priva al propio Estado de capacidad operativa para enfrentar los riesgos que la legislación buscó atender.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver el planteo. Si el criterio de la fiscalía es aceptado, la Secretaría de Ambiente deberá adoptar las medidas necesarias para poner en funcionamiento un fondo que cuenta con estructura normativa desde hace años, pero que hasta el momento nunca llegó a cumplir en la práctica la finalidad para la cual fue creado.
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