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17 septiembre 2026 - 11:12
La reforma dejaría fuera del beneficio general a las regiones incorporadas en 2021, entre ellas, San Nicolás.
Millones de usuarios que actualmente reciben descuentos en sus facturas de gas quedaron más cerca de afrontar un cambio sustancial en el sistema de subsidios. El gobierno de Javier Milei consiguió avanzar en el Senado de la Nación con una reforma que busca reducir el alcance del régimen conocido como Zona Fría, cuya cobertura había sido ampliada cinco años atrás.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Como ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, una aprobación del mismo texto en el recinto del Senado permitiría convertirlo en ley. La intención oficialista es llevarlo a votación la próxima semana.
La modificación apunta directamente a la ampliación realizada en 2021. Con aquella legislación, el descuento que históricamente alcanzaba principalmente a la Patagonia, Malargüe y la Puna se extendió a localidades de otras provincias, entre ellas numerosos municipios bonaerenses y distritos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y San Luis.
Si la reforma prospera, esos territorios dejarán de contar con un beneficio general por su ubicación geográfica. Eso no significa que necesariamente todos sus habitantes perderán cualquier asistencia: los hogares que cumplan determinadas condiciones económicas podrán permanecer subsidiados mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El proyecto establece, entre los criterios, ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales de un hogar tipo 2 del INDEC, además de situaciones específicas contempladas por la normativa.
El cambio no se limita al mapa de localidades beneficiadas. También modifica sobre qué parte de la factura se aplicará la ayuda estatal.
El esquema propuesto concentra la bonificación sobre el precio del gas consumido y deja afuera determinados componentes fijos. Incluso los usuarios de las regiones que conservarán el régimen histórico deberán afrontar sin subsidio el cargo fijo, según explicó el Gobierno durante el debate parlamentario.
La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, defendió la reforma con el argumento de que los recursos públicos deberían concentrarse en los hogares que necesitan asistencia económica y no distribuirse automáticamente entre todos los residentes de una determinada región.
Para respaldar esa posición, presentó diferencias de consumo entre distintas zonas del país. Según los datos expuestos por la funcionaria, un usuario residencial de la Patagonia consume en promedio unos 4.500 metros cúbicos de gas por año, mientras que en las regiones incorporadas al beneficio en 2021 el promedio ronda los 990 metros cúbicos. En las provincias sin Zona Fría, la referencia utilizada fue de aproximadamente 650 metros cúbicos anuales.
Tettamanti también cuestionó las razones políticas que llevaron a ampliar el régimen en 2021 y sostuvo que aquella decisión estuvo vinculada con el calendario electoral. Se trata de una valoración de la funcionaria nacional que fue rechazada por legisladores opositores durante la discusión.
Uno de los objetivos declarados de la reforma es disminuir el costo del sistema de subsidios. Durante el debate se expusieron distintas estimaciones sobre el impacto fiscal, mientras que el Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo permitirá reducir significativamente los recursos destinados al régimen.
La reforma también modificaría el fondo que financia estas bonificaciones, alimentado mediante un recargo que pagan consumidores de gas. Tettamanti argumentó que el esquema vigente no logra cubrir el costo del beneficio y sostuvo que, al reducir su alcance, también podría disminuirse la carga destinada a sostenerlo.
La funcionaria estimó, además, que los usuarios de las denominadas zonas templadas que pierdan el beneficio podrían afrontar aproximadamente $15.000 mensuales adicionales en promedio. Para quienes permanezcan dentro de las regiones frías históricas pero comiencen a pagar íntegramente el cargo fijo, calculó un impacto promedio cercano a $25.000 mensuales. Son proyecciones oficiales y el efecto concreto dependerá de la situación y consumo de cada usuario.
Uno de los cuestionamientos más fuertes no estuvo dirigido únicamente a la reducción de beneficiarios, sino a las atribuciones que el proyecto dejaría en manos del Poder Ejecutivo Nacional.
La legislación vigente determina porcentajes específicos para determinados beneficios. El texto que avanzó en el Congreso establece que algunas de esas condiciones podrán ser determinadas por el Ejecutivo o por la autoridad de aplicación, con las modalidades que considere pertinentes. Ese cambio generó reparos entre senadores que consideran que aspectos centrales del subsidio deberían continuar definidos por ley.
Entre quienes objetaron la iniciativa estuvo el senador puntano Fernando Salino, que advirtió sobre el impacto que podría tener la modificación en San Luis y cuestionó el margen de decisión que conservarían los funcionarios nacionales.
También plantearon reparos Alejandra Vigo, de Córdoba, y José María Carambia, de Santa Cruz. Este último puso especialmente el foco en que los usuarios patagónicos, pese a conservar parte del régimen diferencial, también podrían registrar incrementos al dejar de recibir bonificaciones sobre componentes fijos de la factura.
El dictamen conseguido por el oficialismo no modifica todavía las facturas ni elimina los descuentos actualmente vigentes. El régimen continuará funcionando bajo las reglas actuales hasta que el Congreso complete, eventualmente, la sanción de la nueva legislación.
El próximo paso será el recinto. El oficialismo apunta a tratar el proyecto el jueves 24 de septiembre. Si obtiene los votos necesarios y no introduce modificaciones al texto aprobado por Diputados, la reforma quedará convertida en ley. Si la Cámara alta realiza cambios, deberá regresar a la Cámara baja.
Lo que está en juego, por lo tanto, no es la desaparición absoluta de los subsidios al gas, sino un cambio en la lógica utilizada para distribuirlos: el Gobierno pretende reducir el peso del criterio geográfico y concentrar una mayor parte de la asistencia en la situación socioeconómica de cada hogar. Ese giro es precisamente el que ahora deberá resolver el Senado.
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