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16 septiembre 2026 - 17:48
El Gobierno propone eliminar artículos de la ley que garantizan su movilidad, por lo que los incrementos dejarían de producirse mediante la fórmula actualmente vigente si el Congreso aprueba la iniciativa.
El mecanismo que permite que la Asignación Universal por Hijo (AUH) acompañe automáticamente la evolución de los precios vuelve a quedar en discusión. El gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación de la Ley 27.160 que, de conseguir respaldo legislativo, terminaría con la actualización establecida actualmente para buena parte de las asignaciones familiares.
La propuesta aparece en el artículo 17 del texto remitido al Congreso de la Nación. Allí se plantea directamente la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la norma que regula la movilidad de estas prestaciones.
No se trata de una discusión completamente nueva. El Ejecutivo había intentado introducir una modificación semejante en el proyecto presupuestario anterior, pero la iniciativa no consiguió avanzar en el Parlamento. Ahora vuelve a incorporarla dentro de la planificación de gastos y recursos para el próximo año.
El alcance del cambio va más allá de la AUH. La legislación vigente establece la movilidad de las prestaciones contempladas en el régimen de asignaciones familiares —con excepción de la asignación por maternidad— y también contempla la actualización de parámetros utilizados para determinar el acceso a determinados beneficios.
Dentro de ese universo aparecen la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo e hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, además de otras prestaciones contributivas y no contributivas.
La eventual derogación no significa necesariamente que las asignaciones vayan a quedar congeladas. El cambio sustancial estaría en otro punto: dejarían de contar con la garantía de una actualización automática mediante el mecanismo previsto actualmente por ley.
En ese escenario, los futuros aumentos dependerían de las decisiones y disposiciones que se adopten para establecer los nuevos valores, en lugar de producirse automáticamente siguiendo la fórmula vigente.
La diferencia resulta central para millones de hogares porque el sistema actual busca evitar que los montos permanezcan sin modificaciones mientras avanzan los precios.
En septiembre, por ejemplo, las prestaciones recibieron una actualización del 2,11%. Ese mismo porcentaje también se aplicó sobre los topes y escalas de ingresos utilizados para el cobro de las asignaciones familiares correspondientes a trabajadores registrados.
Durante septiembre, el valor bruto de la AUH se ubica en $154.031 por cada hijo menor de 18 años.
De esa suma, ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $123.224,80. Los $30.806,20 restantes, correspondientes al 20%, quedan retenidos y pueden ser cobrados posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH y el cumplimiento de los requisitos previstos.
Por otra parte, la Asignación Familiar por Hijo destinada a titulares de Pensiones No Contributivas alcanza los $77.025 por hijo dentro del primer rango de ingresos.
En materia de desempleo, los valores informados se mantienen entre un mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800, sujetos a las modificaciones vinculadas con el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El proyecto presupuestario contempla $14,35 billones para financiar el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. Para 2026, la estimación había sido de $11,68 billones, lo que representa una diferencia nominal del 22,9%.
Ese incremento global no permite anticipar qué ocurriría con cada beneficio en particular. Tampoco determina qué porcentaje de aumento recibiría la AUH durante 2027 ni cada cuánto tiempo se modificarían sus valores en caso de desaparecer la movilidad prevista por la legislación actual.
Por eso, el punto decisivo no está solamente en cuánto dinero reserva el Presupuesto para las asignaciones, sino en quién y mediante qué mecanismo determinará sus aumentos futuros.
La propuesta deberá atravesar ahora la discusión parlamentaria. Mientras los artículos cuestionados de la Ley 27.160 continúen vigentes, las asignaciones alcanzadas mantendrán el sistema actual de actualización. El eventual cambio dependerá de lo que finalmente resuelva el Congreso al tratar el Presupuesto 2027.
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