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31 julio 2026 - 20:07
El Frente de Sindicatos Unidos presentará la próxima semana una denuncia en Washington. Sostiene que la legislación vulnera derechos laborales y sindicales, mientras el Gobierno defenderá la norma ante el organismo internacional.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció que presentará una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma laboral aprobada por el Congreso. La exposición se realizará el martes de la próxima semana en Washington DC, sede del organismo, durante el inicio del 196° período de sesiones ordinarias.
La audiencia está prevista para las 14:00 hora local (15:00 de Argentina). En ese marco, representantes del espacio sindical dispondrán de 20 minutos para fundamentar la presentación, mientras que el Estado argentino contará con el mismo tiempo para responder a las acusaciones. Posteriormente, ambas partes podrán realizar réplicas.
Desde el FreSU señalaron que buscarán demostrar ante la CIDH que la Ley de Modernización Laboral afecta derechos fundamentales vinculados al trabajo, la actividad sindical y el derecho de huelga.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó la relevancia de la instancia internacional y afirmó: «Esta audiencia tiene una importancia trascendental para el movimiento obrero porque permitirá poner al Estado argentino bajo la lupa internacional. Es el primer paso del sistema interamericano para proteger derechos cuando la Justicia local no funciona».
En un documento difundido antes de la audiencia, el frente sindical sostuvo que la reforma laboral «desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte». Además, aseguró que la norma «retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas».
Entre los principales cuestionamientos, el FreSU también sostiene que la legislación «restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical», «deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales» y «desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales».
El escrito agrega además críticas al accionar del Gobierno durante las protestas sociales. En ese sentido, afirma que «el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión» y sostiene que «las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten».
Por último, el documento asegura que los operativos realizados durante distintas movilizaciones tuvieron «un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores».
La presentación ante la CIDH marcará el inicio del tratamiento internacional del planteo sindical, mientras el Estado argentino expondrá su posición en defensa de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
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