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14 julio 2026 - 10:58
Diez empleados aseguran que les deben haberes, aguinaldo y pagos parciales desde abril. La empresa atribuyó la medida a la caída de ventas y suspendió al personal sin goce de haberes hasta el 31 de julio.
Diez trabajadores de la ex Arenera San Nicolás, actualmente denominada Mercado de Materiales del Interior S.A., denunciaron que atraviesan una delicada situación laboral tras varios meses de cobros incompletos, salarios adeudados y la aplicación de suspensiones sin goce de haberes. Mientras la planta permanece sin actividad desde hace al menos dos meses, los empleados aseguran que sobreviven con trabajos informales y la ayuda de familiares y allegados.
Según relataron a PRENSA LIBRE SN, el sueldo correspondiente a abril fue abonado con demora; el de mayo se pagó solo en forma parcial; el salario de junio permanece impago y durante julio únicamente recibieron un monto proporcional. A esa deuda, sostienen, también se suman el resto del salario de mayo, los haberes completos de junio y julio, además del medio aguinaldo.
Los trabajadores afirman que la empresa les comunica reiteradamente que atraviesa un proceso de venta y que los pagos se realizarán una vez concretada esa operación, aunque aseguran que esas promesas se vienen repitiendo sin resultados.
El conflicto motivó la intervención del sindicato Guincheros, que mantuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo y, junto a un abogado, remitió cartas documento cuestionando la legalidad de las suspensiones sin goce de sueldo. Según indicaron, la legislación laboral contempla el pago de una compensación durante ese período y consideran que la empresa incumplió esa obligación.
Las suspensiones comenzaron a regir el 2 de julio de 2026. En las notificaciones enviadas al personal, la firma informó que la medida se extendería por 30 días, hasta el 31 de julio, estableciendo el 1° de agosto de 2026 como fecha prevista para el regreso a las tareas habituales.
En esa comunicación, firmada por el apoderado de Mercado de Materiales del Interior S.A., la empresa fundamentó la decisión en una “fuerte caída de ventas” por causas que calificó como ajenas a su responsabilidad.
Entre ellas mencionó “la prohibición de acceso de camiones a nuestro predio por la RN188 dispuesta por la Municipalidad de San Nicolás”, situación que, según sostuvo, provocó que muchos clientes eligieran otros establecimientos con accesos habilitados.
Además, atribuyó la crisis a “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de frenar la obra pública”, que, afirmó, produjo “la detención masiva y absoluta de venta a empresas dedicadas al rubro”, así como a la retracción de la construcción privada por cuestiones cambiarias y otras políticas públicas.
La carta documento también señala que la empresa perdió otra vía de comercialización debido a que “se dañaran las vías férreas de acceso a nuestro predio”, agregando que “este daño en el ramal ferroviario no quiere ser reparado ni por la empresa concesionaria, ni por el Consorcio de Gestión Portuaria del Puerto de San Nicolás”, lo que, según indicó, le impide continuar utilizando el transporte ferroviario para la salida de materiales.
En el mismo documento, la firma sostiene que todas esas circunstancias “son de causa origen no atribuible a la dirección de la firma” y asegura haber realizado “hasta lo humanamente exigible” en cuanto a gestiones ante el Municipio y la entidad portuaria, aunque afirma que “en ningún caso hemos tenido una respuesta favorable”.
Mientras tanto, los empleados describen una realidad muy diferente. Señalan que la planta permanece cerrada, que la actividad fue derivada a otra arenera vinculada a los mismos propietarios y que algunos trabajadores aceptaron renunciar para ser incorporados a esa nueva firma, perdiendo la antigüedad acumulada y sin percibir indemnización.
Actualmente, los suspendidos son diez trabajadores —ocho hombres y dos mujeres—, la mayoría con familias a cargo. Sin ingresos regulares y sin certezas sobre su futuro laboral, aseguran que esperan una respuesta tanto de la empresa como de las autoridades mientras continúan los reclamos sindicales y las gestiones legales para intentar recuperar los salarios adeudados y preservar sus puestos de trabajo.
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