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Sábado 20 de Junio de 2026
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19 junio 2026 - 18:10
La suspensión del juez federal de Rosario por presunta corrupción vuelve a poner el foco sobre una de las causas ambientales más sensibles de la región.
La decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al juez federal de Rosario Gastón Salmain y someterlo a juicio político por presunto cobro de coimas y mal desempeño reavivó la atención sobre las causas que tramitaban en su juzgado, entre ellas el amparo ambiental promovido contra Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná.
El magistrado, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, fue apartado de sus funciones luego de que el Consejo aprobara por unanimidad la apertura del proceso de remoción. Salmain se encuentra procesado por presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, en una investigación que lo acusa de haber favorecido intereses privados a cambio de sobornos.
Mientras ese proceso avanza, uno de los expedientes que quedó bajo análisis es el amparo ambiental identificado como “Asociación Civil con Personería Jurídica Cuenca Río Paraná c/ Acindar Industria Argentina de Aceros Sociedad Anónima s/ Amparo Ambiental” (Expediente N.º 15238/2024), radicado en Rosario.
La causa tiene un antecedente que excede a las organizaciones ambientalistas. Desde hace años, integrantes del colectivo medioambiental y trabajadores vinculados a la planta siderúrgica de Villa Constitución vienen manifestando preocupación por las condiciones ambientales y de salubridad en torno a la actividad industrial, especialmente en lo relacionado con emisiones, efluentes y la disposición final de residuos de acería.
En noviembre de 2024, la Asociación Civil Cuenca Río Paraná promovió una acción preventiva de daño ambiental y solicitó medidas cautelares de amplio alcance. Entre otros puntos, pidió que se implementaran sistemas de monitoreo continuo de emisiones gaseosas y efluentes líquidos, y que cesara la disposición final de residuos sólidos peligrosos —principalmente polvos de acería— en los rellenos de seguridad ubicados en cercanías del río Paraná.
La organización sostuvo que existía un riesgo ambiental derivado de la actividad industrial y cuestionó la ubicación de los rellenos de seguridad, además de reclamar mayores controles sobre la operatoria de la empresa.
Sin embargo, el entonces juez Salmain no hizo lugar de manera inmediata a la cautelar. En cambio, ordenó requerir informes a distintos organismos públicos para reunir mayores elementos de juicio antes de resolver el planteo. Entre ellos solicitó información al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Finalmente, mediante una resolución notificada el 5 de junio de 2026, el magistrado rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora.
Uno de los aspectos más sensibles del expediente está relacionado con la presencia de material contaminado con Cesio-137 (Cs-137), originado tras un incidente ocurrido el 13 de julio de 2020 en la planta de Acindar de Villa Constitución, cuando fue fundida inadvertidamente una fuente radiactiva.
La Autoridad Regulatoria Nuclear informó a la Justicia que, tras el evento, se generaron distintos volúmenes de polvos de acería con presencia de Cs-137 y que parte de ese material quedó almacenado bajo control regulatorio. También explicó que recomendó no remover inicialmente unas 40 toneladas de material debido a que los escenarios analizados mostraban un impacto considerado «trivial» para el público y nulo para los trabajadores.
En informes remitidos al juzgado durante 2025 y 2026, la ARN señaló que realiza inspecciones y monitoreos periódicos desde 2021 y que no detectó contaminación radiológica en aguas subterráneas, en el río Paraná ni en las superficies inspeccionadas. Asimismo, sostuvo que «no surgen elementos que permitan inferir la existencia de riesgo radiológico para el público o el ambiente».
El organismo también informó que los residuos radiactivos continúan almacenados en contenedores especialmente acondicionados y que el seguimiento técnico se mantiene de manera semestral.
La suspensión de Salmain no modifica por sí misma el estado del expediente ambiental, que continuará bajo la órbita del Juzgado Federal de Rosario con la intervención de las autoridades judiciales que lo subroguen.
No obstante, el apartamiento del magistrado agrega un nuevo capítulo a una causa que combina reclamos ambientales, cuestionamientos sobre la gestión de residuos industriales, informes técnicos de organismos nacionales y la preocupación de vecinos, organizaciones y trabajadores respecto de las condiciones ambientales en uno de los complejos siderúrgicos más importantes del país.
Con el juez ahora suspendido y a la espera de un jury de enjuiciamiento, el expediente Acindar vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y ambiental de la región.
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