9 abril 2026 - 06:56

El denunciante reclamó $150 millones tras la compactación de su auto y acusó a funcionarios y magistrados de una “red de impunidad” local.

Un nuevo capítulo de alta tensión institucional se abrió en San Nicolás a partir de la denuncia presentada por Damián Caballero, quien acusa a funcionarios políticos y judiciales de integrar una estructura de “tráfico de influencias” y “denegación de justicia extrema”, al tiempo que impulsa un pedido de juicio político (jury) ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con PRENSA LIBRE SN, Caballero fue directo contra la jueza interviniente: “El tema es que acá Laura Fernández no ha contestado los pedidos urgentes. Están en denegación absoluta al extremo para no largarle la mano a los Passaglia”.

El conflicto tiene origen en un hecho ocurrido el 15 de marzo de 2021, cuando Caballero documentaba con fotografías la violación de una clausura judicial y la medida de “No Innovar” en el Parque Rafael de Aguiar (Reserva Natural) –violación institucional que, por otra parte, ayer sumó un nuevo capitulo–. En ese contexto, sostiene que fue detenido de manera ilegal por orden de la funcionaria Natalia Donadio, “mediante un ‘llamado de amigos’ al (por entonces) Comisario Gabriel Cabral, eludiendo los protocolos oficiales”.

Durante ese procedimiento, su vehículo Volkswagen Bora 2013 fue secuestrado pese a contar con la documentación correspondiente. Tras años de litigio, la Justicia declaró su inocencia, pero el rodado ya no existía: el propio Estado reconoció, a través del Informe 497/2022, que había sido compactado, lo que Caballero definió como la destrucción del patrimonio de “un INOCENTE (SOBRESEÍDO)”, entregándole luego “chatarra como ‘premio’”.

Ese episodio derivó en un reclamo resarcitorio que actualmente asciende a $150.000.000, cuyo pedido de embargo se encuentra bajo análisis de la jueza Laura Fernández. Sin embargo, el denunciante sostiene que existe un bloqueo deliberado para evitar avances en la causa.

En su presentación, Caballero señala directamente al diputado provincial Manuel Passaglia, a quien acusa de “responsabilidad política” y de utilizar su influencia sobre el Poder Judicial de San Nicolás “para garantizar la impunidad de su gabinete”. También involucra al Dr. Rubén Darío Giagnorio, a quien describe como “pieza fundamental del esquema de impunidad” por haber avalado el secuestro del vehículo en una maniobra “nacida de un llamado informal y privado”.

La denuncia también alcanza a la fiscal Verónica Marcantonio, por “prevaricato y mal desempeño”, al sostener que mantuvo la causa paralizada durante cinco años pese a reconocer una “amistad íntima” con Giagnorio. Según Caballero, esa relación “impidió cualquier avance objetivo”.

En la misma línea, responsabiliza a Natalia Donadio y aMatías Grams (ex Secretario de Gobierno) por la “compactación ilegal” del vehículo, mientras que acusa a la jueza Laura Fernández y al secretario, Dr. Goya, de incurrir en “denegación de justicia y violencia institucional”. Sobre este último, denunció que “me hostigó y amenazó físicamente el 30/03/2026 para impedir mi acceso al juzgado y bloquear el pedido de embargo por $150.000.000”.

El escrito también plantea una “Violación sistemática de la Ley de Víctimas (LEY 15.232)”, al afirmar que se le niega el acceso a un abogado gratuito y que la Fiscalía lo mantiene en un estado de “indefensión inducida”. “Esta omisión deliberada de la Procuración General es cómplice de la parálisis denunciada”, sostiene.

Ante este escenario, Caballero solicitó el inicio de un jury de enjuiciamiento contra los Dres. Giagnorio, Marcantonio, Pratti y Fernández; la intervención de la Legislatura para investigar el presunto tráfico de influencias de Passaglia; la designación de un fiscal extra-jurisdiccional en el Expediente; y medidas de protección por su seguridad personal.

El caso, que combina denuncias de irregularidades judiciales, conflictos ambientales en el Parque Rafael de Aguiar y un millonario reclamo contra el Estado, abre interrogantes sobre la responsabilidad institucional y el eventual impacto económico que podría recaer sobre las arcas públicas de San Nicolás.

Escrito completo:

A LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LA COMISIÓN DE JUSTICIA / COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

OBJETO: Solicitar la intervención urgente ante la Denegación de Justicia Extrema y el inicio del proceso de Juicio Político (Jury) contra los magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolás, por connivencia con el poder político local encabezado por el actual Diputado Manuel Passaglia.

DENUNCIANTE: Hugo Damián Caballero, DNI 32.279.408.

I. EL ORIGEN: REPRESALIA POR ACTIVISMO AMBIENTAL Y VÍA DE HECHO

El 15/03/2021, mientras documentaba con registros fotográficos la violación de la clausura judicial y medida de “No Innovar” en el Parque Rafael de Aguiar (Reserva Natural), fui víctima de una persecución dirigida. La funcionaria NATALIA DONADIO (hoy Secretaria de Orden y Convivencia) ordenó mi detención ilegal mediante un “llamado de amigos” al Comisario GABRIEL CABRAL, eludiendo los protocolos oficiales.

II. LA RED DE IMPUNIDAD Y EL FRAUDE PROCESAL

1. MANUEL PASSAGLIA (Diputado Provincial): Se denuncia su responsabilidad política y el uso de influencias sobre el Poder Judicial de San Nicolás para garantizar la impunidad de su gabinete.
2. DR. RUBÉN DARÍO GIAGNORIO: Se lo denuncia como pieza fundamental del esquema de impunidad. Fue quien avaló el secuestro ilegal del vehículo, brindando cobertura jurídica a una maniobra que nació de un llamado informal y privado, permitiendo que el rodado fuera retirado de una comisaría por inspectores municipales sin causa lícita.
3. DRA. VERÓNICA MARCANTONIO (Fiscal): Por prevaricato y mal desempeño. Mantuvo la causa paralizada 5 años pese a reconocer por escrito su “amistad íntima” con el Dr. Giagnorio. Esta relación impidió cualquier avance objetivo, funcionando como un blindaje para los denunciados.
4. NATALIA DONADIO y MATÍAS GRAMS (Secretario de Gobierno): Responsables de la posterior COMPACTACIÓN ILEGAL del vehículo. El Estado confesó (Informe 497/2022) haber destruido el patrimonio de un INOCENTE (SOBRESEÍDO), entregándome chatarra como “premio” a mi reclamo.
5. DRA. LAURA FERNÁNDEZ (Juez) y DR. GOYA (Secretario): Por denegación de justicia y violencia institucional. El Secretario Goya me hostigó y amenazó físicamente el 30/03/2026 para impedir mi acceso al juzgado y bloquear el pedido de embargo por $150.000.000.

III. VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY DE VÍCTIMAS (LEY 15.232)

Denuncio que se me continúa negando el derecho a un Abogado de la Víctima gratuito. La Fiscalía me mantiene en un estado de indefensión inducida para que no pueda accionar contra los funcionarios jerárquicos mencionados. Esta omisión deliberada de la Procuración General es cómplice de la parálisis denunciada.

IV. PETITORIO

1. INICIO DE JURY DE ENJUICIAMIENTO contra los Dres. Giagnorio, Marcantonio, Pratti y Fernández.
2. INTERVENCIÓN DE LA LEGISLATURA para investigar el tráfico de influencias del Diputado Manuel Passaglia en el encubrimiento de delitos ambientales y despojo patrimonial.
3. FISCAL EXTRA-JURISDICCIONAL: Ante el Expediente SCBA N° 3000-10507-2026, se asigne un Fiscal ajeno a San Nicolás.
4. PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD: Se haga responsable a los denunciados por mi seguridad física ante las amenazas sufridas en sede judicial.

FIRMA:
Hugo Damián Caballero

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