10 marzo 2026 - 08:27

La Unión Industrial Argentina advierte que el 45,6% de las empresas tiene dificultades para afrontar salarios, impuestos y proveedores. La morosidad familiar y los cheques rechazados profundizan el colapso del consumo.

El deterioro del consumo en los hogares argentinos comenzó a trasladarse con fuerza a la estructura productiva y hoy amenaza con romper la cadena de pagos de la industria. Atrasos en cuentas corrientes, cheques rechazados y dificultades para afrontar gastos básicos configuran un escenario de creciente tensión financiera para las empresas.

Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) señala que el 45,6% de las empresas industriales ya reporta problemas para afrontar pagos esenciales como salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros. La principal consecuencia del atraso en los cobros es el impacto de los intereses compensatorios, una presión financiera señalada por el 39,8% de las firmas consultadas.

En este contexto, los balances industriales muestran atrasos cada vez mayores. En sectores críticos, las cuentas corrientes ya registran demoras superiores a los 100 días, mientras crece el volumen de cheques rechazados dentro del sistema financiero.

El interior productivo, entre la caída del consumo y tasas del 100%

Economistas que analizaron los datos de las principales empresas del país indicaron a PERFIL que el fenómeno se vuelve especialmente grave en la provincia de Buenos Aires, donde muchas fábricas operan con altos niveles de capacidad ociosa y una demanda en caída.

La combinación de menor producción y costos fijos elevados obliga a las empresas a financiarse con créditos bancarios a tasas extremadamente altas. Según esos análisis, los descubiertos bancarios pueden llegar a tasas que oscilan entre el 80% y el 100% anual.

En sectores como la maquinaria agrícola, los plazos de pago de clientes ya alcanzan un promedio de 100 días, una situación que, según advirtió el dueño de una fábrica del rubro, “resulta imposible de sostener”.

Para cubrir los baches de liquidez, muchas pymes se ven obligadas a operar con costos financieros muy superiores a los necesarios para sostener la rentabilidad. Mientras el funcionamiento normal exigiría un costo cercano al 5%, en la práctica las empresas enfrentan cargas que oscilan entre el 25% y el 30%.

Este mecanismo termina deteriorando el capital de trabajo. En muchos casos, las firmas pierden entre un 5% y un 6% mensual de su capital propio al recurrir al descuento de cheques o a nuevos créditos para mantener la actividad.

Indicadores territoriales reflejan con claridad el impacto. En Rosario, la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (DREI) —medida a valores constantes— evidencia 32 meses consecutivos de caída industrial. Según referentes del sector, entre el 60% y el 70% de las pymes metalúrgicas de la región atraviesan una fase crítica.

“Ya está muy difícil seguir aguantando. Estamos viendo cierre de empresas, despidos y convocatorias de acreedores. Algunos pueden aguantar, otros se reconvierten”, advirtió un dirigente industrial.

Cheques rechazados y deuda familiar en alza

La crisis también se refleja en el sistema financiero. Datos del Banco Central, analizados por el especialista Alejandro Sangiorgio, muestran que el crédito destinado a las familias registró una morosidad del 9,3%, el nivel más alto desde el inicio de la serie histórica en enero de 2010.

Las líneas de financiamiento más afectadas son las vinculadas al consumo. En el caso de los préstamos personales, la morosidad trepó hasta el 12%.

El deterioro también impacta en los instrumentos de pago. Durante diciembre, el Banco Central informó que los cheques rechazados sin fondos se triplicaron, alcanzando 119.285 documentos dentro de un total de 160.823 rechazos formales.

En términos estadísticos, esto representa un aumento del 19% mensual y un crecimiento del 205% interanual.

El golpe a los sectores más vulnerables

El impacto del endeudamiento es especialmente fuerte en los hogares con menores ingresos. Un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) señala que el grupo con menores niveles de deuda —familias que deben entre $25.000 y $123.000— registra una morosidad del 27,9%, lo que indica que muchos dejaron directamente de pagar sus compromisos.

La situación se replica en el comercio minorista. En el sector de venta de electrodomésticos, el nivel de morosidad alcanza el 27%.

Los casos de Garbarino, que anunció su quiebra, y de Peabody, que ingresó en concurso de acreedores, aparecen como ejemplos visibles de las consecuencias de esta crisis, agravada además por la creciente competencia de productos importados frente a una industria local que aún no logra recuperar su nivel de actividad.

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