Diputados convocan sesión para revertir vetos presidenciales a financiamiento universitario y emergencia pediátrica

13 septiembre 2025 - 10:44

Está previsto que traten el “pedido de informes verbales” a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por su presunta participación en las coimas de la ANDIS

La Cámara de Diputados iniciará el proceso para revertir los vetos del presidente Javier Milei que esta semana impidieron la implementación de proyectos clave para el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica. La convocatoria, firmada por 31 legisladores de cuatro bloques distintos —Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica—, tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, coincidiendo con una movilización anunciada de sectores universitarios, trabajadores de hospitales y jubilados.

“Los diputados buscarán alcanzar los dos tercios de la Cámara para revertir los vetos, lo que implica lograr un total de 172 votos. En contrapartida, La Libertad Avanza y el PRO, junto con aliados provinciales y del radicalismo, intentarán sumar 86 rechazos para blindar la decisión del Ejecutivo”, detalló la información parlamentaria.

El temario proyecta una sesión extensa, que podría extenderse más allá de la medianoche. Además de los vetos presidenciales, se prevé la definición de citaciones para un “pedido de informes verbales” a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de su posible participación en una red de coimas vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al fentanilo contaminado. También existe consenso para la creación de una comisión investigadora sobre este último tema, iniciativa que podría recibir dictamen el mismo miércoles.

Entre los vetos que se intentará revertir se encuentran cuatro decretos de relevancia: el DNU 383/2025, que modificó el Estatuto de la Policía Federal Argentina; el DNU 62/2025, que prohibió tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas de adaptación de género a menores de 18 años; el DNU 396/2025, que reformó el Instituto Nacional del Agua; y el DNU 445/2025, que transformó el Registro Nacional de Armas.

La sesión también buscará confrontar la parálisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de reforma de la Ley de DNU aprobado por el Senado. La iniciativa establece que los decretos deberán limitarse a áreas específicas y que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificarlos, evitando la aprobación por omisión. Asimismo, se prevé emplazar a la Comisión de Presupuesto, cuyo titular José Luis Espert sigue una estrategia similar, para dictaminar la declaración de emergencia en ciencia, la implementación de un Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras demencias, y la creación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.

Los antecedentes recientes de votación anticipan una paridad compleja: en la votación previa para financiamiento universitario hubo 159 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones (19 ausentes); mientras que la emergencia pediátrica obtuvo 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones (27 ausentes). Según estos números, sólo la iniciativa impulsada por los trabajadores del Hospital Garrahan lograría los dos tercios necesarios. De concretarse, el Senado, con mayoría opositora más consolidada, deberá sumar el mismo porcentaje para completar la reversión de los vetos presidenciales.

El veto a la emergencia pediátrica busca frenar la asignación de fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución 2109/25 que modificó el sistema de residencias médicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada alcanzaría los $133.433 millones.

En tanto, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario afecta la reapertura de paritarias, fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para promover el ingreso a carreras estratégicas. El impacto presupuestario del proyecto para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI, según la OPC.