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Triunfo legislativo de La Libertad Avanza en Diputados
18 diciembre 2025 - 06:03
La recaudación aumentaría un 0,47% del PBI en 2026, con mayor presión sobre los impuestos a los Combustibles y a las Ganancias, y una menor incidencia de Bienes Personales.
El Gobierno nacional logró avanzar de manera parcial con su agenda legislativa durante la primera semana de sesiones extraordinarias, al obtener la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque sufrió un revés clave al perder la votación del capítulo más controvertido del proyecto. La iniciativa presupuestaria fue avalada por 132 votos a favor y 97 en contra, pero el oficialismo no consiguió sostener los apoyos provinciales necesarios para imponer los artículos más drásticos de la propuesta.
Los respaldos al dictamen general de La Libertad Avanza provinieron de legisladores alineados con los gobernadores de Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. En tanto, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal —bloque integrado por Nicolás Massot y Miguel Pichetto— votaron en contra. En el espacio País Federal, conformado por exlibertarios, se registró una división: Marcela Pagano rechazó el proyecto, mientras que Claudio Álvarez acompañó al oficialismo.
Antes de la votación en general y pasada la medianoche, el diputado “Bertie” Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, anunció modificaciones incorporadas al capítulo 11 del proyecto. Entre ellas, una cláusula que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de un acuerdo entre Nación y el PRO, y la creación de un fondo especial de $21.347 millones para la Jurisdicción 5 del Poder Judicial. Ese capítulo incluía el artículo 75, que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Sin embargo, al momento de votar ese tramo del Presupuesto —que también removía la movilidad de las asignaciones familiares y el Régimen de Zona Fría— varios aliados provinciales cambiaron su postura. La neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el puntano Claudio Álvarez y legisladores del peronismo tucumano y catamarqueño se alinearon con Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas. Este último bloque, que se había mantenido en abstención hasta el final, resultó decisivo para que el capítulo fuera rechazado por 123 votos contra 117. Además, se registraron dos abstenciones del radicalismo, correspondientes a Cipolini y Agüero, y dos ausencias del MID.
Durante la madrugada, la Cámara otorgó media sanción a otra de las iniciativas del oficialismo: la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como ley de Presunción de Inocencia Fiscal. El proyecto eleva el monto mínimo para que una evasión sea considerada delito, de $1,5 millones a $100 millones, y redefine los criterios para la configuración de delitos fiscales, priorizando la intervención penal en casos de evasión relevante. La propuesta fue aprobada con 130 votos a favor y 107 en contra.
Tras esa votación, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, impulsó la designación de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Fueron propuestos Mónica Almada por el oficialismo, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti en representación de las provincias. La decisión generó el rechazo del titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó el tratamiento del tema en extraordinarias y denunció una falta de respeto a los acuerdos políticos. En ese contexto, los legisladores de Provincias Unidas abandonaron el recinto, seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda. Con la presencia de provincialistas, peronistas y libertarios, la designación fue aprobada a mano alzada y los auditores juraron pasada las 3 de la madrugada.
La sesión quedó finalmente trunca por falta de quórum cuando debía tratarse el proyecto denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prevé penas de prisión para funcionarios que incrementen el gasto público sin contar con recursos acreditados para su financiamiento.
Otro episodio llamativo se produjo cuando el diputado correntino Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, destacó obras viales en su provincia pero leyó por error el dictamen del peronismo. La confusión fue señalada por Germán Martínez, quien aclaró que las obras mencionadas figuraban en una lista anexa impulsada por legisladores de Chaco y Corrientes.
En cuanto al contenido del Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta un crecimiento del PBI del 5,4%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año, por debajo del cierre del dólar de $1.475 registrado durante la jornada parlamentaria. También se fija como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación aumentaría un 0,47% del PBI, con mayor presión sobre los impuestos a los Combustibles y a las Ganancias, y una menor incidencia de Bienes Personales. El informe señala además que las transferencias corrientes a las provincias crecerían un 31,1% interanual y que las empresas públicas recibirían $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%, mientras que el IVA alcanzaría los $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. El tributo a los débitos y créditos bancarios generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%, y se prorroga hasta 2045 la exención impositiva para las energías renovables.
Entre los artículos más cuestionados por la oposición se encuentran el 69, que reduce las zonas alcanzadas por el Régimen de Zona Fría; el 70, que elimina la movilidad de la Asignación Universal por Hijo y del resto de las asignaciones familiares; y el 75, que deroga las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales se prevén $4,8 billones, un monto que el Consejo Interuniversitario Nacional consideró insuficiente. Además, el artículo 30 deroga normas de financiamiento educativo, científico y de defensa, mientras que se mantiene congelado el bono de $70.000 para jubilados, vigente desde 2023, pese a que se proyecta un incremento real del 5,7% en las jubilaciones.
Con información de Ámbito.
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