13 diciembre 2025 - 09:30

El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Luego de dos postergaciones solicitadas por su defensa, el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, fue indagado el martes pasado en el marco de una causa donde un equipo de fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF) lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita, integrada por el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, sospechada de favorecer a un fideicomiso para la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024. El magistrado declaró y negó los hechos que le atribuyeron.

La indagatoria al juez Salmain se concretó a requerimiento de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, de la Oficina de Litigio Oral y Estratégico del Área de Casos Complejos de Unidad Fiscal Rosario; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el fiscal general Diego Velasco, y el fiscal Juan Argibay Molina, de la delegación Rosario de la PROCELAC; y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA).

El trámite se cumplió en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Carlos Vera Barros, con la intervención de las partes a través de la plataforma Zoom. En esa instancia, se le comunicó formalmente a Salmain que quedaba acusado de conformar una asociación ilícita, junto a Whpei y Busaniche, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos delitos.

Según la hipótesis fiscal, bajo esa estructura direccionaron una causa judicial con un cohecho de base, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato, estos dos últimos de plena autoría de Salmain, y como partícipes necesarios los coimputados.

Desde la fiscalía indicaron que, al declarar, Salmain negó los hechos atribuidos y no respondió preguntas. Cabe recordar que en esta causa ya fueron indagados tanto Whpei como Busaniche.

Influencias y el 10 por ciento

En base a los fundamentos expuestos por los fiscales al momento de solicitar la indagatoria, el juez informó a Salmain que la imputación es “por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, entre septiembre de 2023 y hasta abril del año 2024, a través de la cual pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares”, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, a cargo de Salmain.

Siempre según la acusación fiscal, en ese contexto, y para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que el juez, en conjunto con Busaniche, direccionen el proceso judicial para beneficiar en los aspectos financieros a Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA, firmas relacionadas al financista.

A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares, según plantearon los fiscales.

De acuerdo a la hipótesis del caso, para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. En esa oportunidad, el financista le hizo entrega del escrito de presentación que realizaría, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Busaniche.

La fiscalía acreditó esos encuentros con registros de impactos de antena de las líneas telefónicas, correspondientes a Whpei y Salmain, que los ubican coincidentemente en la zona de calle Entre Ríos al 600, donde el juez tiene su despacho.

Luego, en el marco del expediente se dictaron las siguientes resoluciones y decretos:

Decreto del 14 de noviembre 2023, en el cual se tiene a los comparecientes por presentados y constituidos;

Decreto del 22 de noviembre 2023, donde el juez provee la demanda y ordena vista al MPF sobre la procedencia y la competencia;

Traslado de la demanda del 27 de noviembre de 2023 corrido al Banco Central de la República Argentina (BCRA);

Decreto del 4 de diciembre de 2023 donde dispone “vencido el plazo de contestación otorgado al BCRA, y en atención al estado de autos, pasen los mismos a resolver”;

Resolución a favor de la medida cautelar peticionada por la actora del 5 de diciembre de 2023, donde contiene la modalidad a cumplirse, la contra cautela y la correspondiente emisión de los oficios para su cumplimiento;

Resolución del 6 de diciembre de 2023, donde rechaza el recurso de revocatoria contra el libramiento de los oficios realizado por la demandada.

Ante la presentación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio realizado por el BCRA sobre la sentencia, que solicita el efecto suspensivo, el 14 de diciembre de 2023 el juez dicta una resolución de rechazo, y concede la apelación con efecto devolutivo, aduciendo que “los presentes no se encuentran comprendidos en el supuesto del artículo 13 de la ley 26.854”.

Como consecuencia de la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023, no conformándose Salmain y Busaniche con el porcentaje solicitado al principio de la maniobra (el desfasaje cambiario redujo el monto inicial pactado), se produjo una ruptura que culminó con amenazas de denuncias penales, cuestión que sucedió tiempo después con la remisión del expediente por parte de Salmain al MPF, el 26 de abril de 2024, tras encuadrar el incidente en un intento de estafa procesal.

Al describir los hechos y la evidencia reveladora que resultó la ampliación de la declaración como imputado arrepentido de Whpei -el financista está acusado de extorsionar empresarios en el mismo legajo en el que están imputados el exjuez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Rosario, Carlos Vaudagna-, los fiscales advirtieron que la teoría del caso fue nutrida de ciertos elementos “de extrema gravedad institucional”.

Y en ese sentido, expusieron que el discurso del declarante hizo hincapié en el trasfondo de la maniobra, irregular desde su inicio, y sobre la participación que en los hechos tuvieron el juez Salmain y el escribano Busaniche.

Abuso de autoridad: formalizan la imputación

Salmain también afronta un legajo fiscal donde se lo investiga por una posible situación de abuso de autoridad, cuando compareció ante el Juzgado Federal N°4 y solicitó el acceso a la causa donde ahora finalmente resultó indagado.

En esa investigación, que se formalizará el martes próximo ante el juez de Garantías Román Lanzón, interviene el fiscal general con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, y las fiscales coadyuvantes Soledad García y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario.

En concreto, el 20 de octubre pasado compareció ante el Juzgado Federal N°4 y solicitó el acceso a la causa, lo cual le fue denegada por un inconveniente en el sistema Lex100.

En ese marco, y haciendo abuso de sus funciones y atribuciones, un día después, Salmain envió un oficio al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su carácter de juez federal. Allí, aclaró que ese oficio está enviado en relación a la medida judicial llevada a cabo por personal de la fuerza el 17 de octubre, cuando se procedió al secuestro de su teléfono celular, y a la requisa del vehículo particular.

Además, solicitó la identidad del personal de (PSA) y del MPF que interviene en las distintas medidas y actuaciones ordenadas en el marco de la investigación en la que ahora resultó indagado.

Según los fiscales, se investiga al juez por “un hecho de gravedad institucional” en relación a «un hecho de abuso de autoridad, por haber utilizado su investidura para obtener información en relación al caso que lo vincula a las maniobras junto a Busaniche y Whpei».

Fuente: Fiscales

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