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“Que se vayan todos”
19 diciembre 2025 - 05:53
Otro aniversario de la crisis económica, política y social que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa.
Al cumplirse 24 años de la crisis económica, política y social que desembocó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, distintos sectores recuerdan uno de los episodios más críticos de la historia reciente argentina, marcado por una fuerte represión estatal que dejó un saldo de 39 personas asesinadas, diez de ellas menores de edad.
Durante diciembre de 2001, la Argentina atravesó una secuencia de acontecimientos que fueron el resultado de casi tres décadas de políticas neoliberales extremas. Ese proceso incluyó el desmantelamiento del aparato productivo, la reducción del Estado, el desfinanciamiento de áreas clave como educación y salud, reiterados hechos de corrupción, altos niveles de precarización laboral y desocupación —con cerca de dos millones de personas sin trabajo—, una profunda recesión económica y una fuerte fuga de capitales, que alcanzó los 19.000 millones de dólares solo en 2001. A ello se sumaron recortes salariales de entre el 13 y el 21 por ciento, la reforma del sistema jubilatorio —con la eliminación del régimen estatal de reparto y de la prestación básica universal, entre otros cambios—, la Reforma Laboral y la implementación del corralito financiero, dispuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Este escenario llevó a que amplios sectores de la clase media, que veían desaparecer sus ahorros, se volcaran a las calles junto a los sectores populares, que ya venían organizándose mediante ollas populares, piquetes y asambleas. Frente al hartazgo generalizado ante un modelo considerado conservador, corrupto y excluyente, se consolidó la consigna “Que se vayan todos” como expresión del rechazo social.
Ante las manifestaciones y los saqueos registrados en distintos puntos del país, el Estado respondió con una fuerte represión, que incluyó el homicidio de casi cuarenta personas, centenares de heridos y alrededor de 4.500 detenidos, en el marco de la declaración del Estado de Sitio. Durante esos días, incluso integrantes de Madres de Plaza de Mayo fueron golpeadas por la policía montada.
No obstante, la crisis de 2001 también dio lugar a nuevas dinámicas de organización colectiva y participación política, debilitadas durante la década del noventa. En el conurbano bonaerense, la irrupción de piquetes y ollas populares visibilizó que la profundidad de la crisis no afectaba solo al interior del país. En La Matanza se realizó la primera Asamblea Nacional Piquetera, con la participación de organizaciones locales y del interior, que aprobó un plan de lucha basado en cortes de ruta progresivos contra las políticas de ajuste. En paralelo, frente al cierre de fábricas y empresas, trabajadores y trabajadoras se organizaron de manera horizontal y democrática, mayormente bajo la forma de cooperativas, mientras que en los barrios surgieron experiencias de economía social, trueque y hasta “sustitutos de moneda”, que se sumaron a los bonos y monedas alternativas impulsadas por el Estado nacional y provincial.
En distintos puntos del país también emergieron asambleas barriales que redefinieron las formas de participación comunitaria y articulación política. Según señala Graciela Di Marco (2011), estas experiencias constituyeron una condición de posibilidad para la construcción de una identidad política colectiva vinculada a la demanda de derechos. En estos procesos, las mujeres tuvieron un rol central al encabezar asambleas y comedores, organizar cooperativas y clubes de trueque y promover nuevos espacios de participación política orientados a la igualdad en la representación. A este fenómeno, Di Marco lo denominó “El Pueblo Feminista”.
En el plano institucional, durante 2001 gobernaba Fernando de la Rúa al frente de la coalición Alianza, con Carlos “Chacho” Álvarez como vicepresidente, cargo que quedó vacante tras su renuncia en octubre de 2000. Entre los ministros clave de ese período se destacaron Domingo Cavallo, designado en Economía en marzo de 2001, y Patricia Bullrich en Trabajo, mientras que Federico Sturzenegger se desempeñó como secretario de Política Económica. Tras la renuncia de De la Rúa en diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo fue asumido de manera sucesiva por Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y, finalmente, Eduardo Duhalde, de acuerdo con la Ley de Acefalía, en un contexto de extrema crisis social y económica.
En este nuevo aniversario, instan a recordar a las víctimas de la represión y de las políticas neoliberales de aquel 2001 y a reafirmar que el fortalecimiento de toda organización social radica en su carácter plural, diverso y solidario.
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