25 marzo 2023 - 21:18

Junto a otras dos personas ya están camino a un juicio oral por tráfico internacional de drogas. Cayeron en 2021 con unos 400 kilos de cocaína.

El juez federal Nº 2 de la ciudad de Santa Fe, Antonio Cuello Murúa, procesó a cuatro personas por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y les dictó una caución por 20 millones de pesos a cada uno. Ocurrió dos años y medio después que una avioneta llegara desde Paraguay hasta un campo cercano a la localidad de Larrechea, en el departamento San Jerónimo y a unos 90 kilómetros al norte de Rosario, con 400 kilos de cocaína de máxima pureza, que fueron secuestrados poco después en Villa Gobernador Gálvez por las fuerzas policiales.

La medida judicial alcanzó a Gustavo Daniel Núñez, de 50 años, untransportista nacido en la ciudad entrerriana de Nogoyá y radicado en Villa Gobernador Gálvez, quien supo tener vínculos muy estrechos con otras personas ligadas al narcotráfico local ya apresados o condenados por distintos delitos como Luis “Pollo” Bassi, Diego Cuello, Luis Paz y Reina Isabel Quevedo; al mecánico rosarino con domicilio en General Lagos, Sebastián Osvaldo Romera, de 49; su pareja Jorgelina Verónica Galligani, de 52, maestra jardinera y gestora oriunda de Arroyo Seco; y la también gestora Jésica Mariel Viglione, de 46 años.

El 19 de junio de 2021 un operativo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina desbarató una organización narco que traía importantes cargamentos de cocaína desde Paraguay en avionetas hacia campos cercanos a Rosario donde la droga era acopiada y enfriada para luego ser distribuidas entre algunas bandas que operaban en la región y también en la provincia de Buenos Aires.

En aquel procedimiento fueron detenidas cinco personas y se incautaron 391 kilos de cocaína de máxima pureza distribuidos en 369 panes escondidos en el interior de una camioneta BMW X5 estacionada en una cochera de Garay al 2100 de Villa Gobernador Gálvez. Siete meses después de aquel hallazgo el mismo fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez dispuso el cierre de la instrucción de la causa y pidió la elevación a juicio oral de la misma.

Así, por el tráfico de drogas llegarán al banquillo de los acusados los mencionados Núñez, Romera y Galligani además de Matías Ezequiel “Mele” Tomei, un herrero de 24 nacido en Rosario, y María José “Toti” Núñez, una empleada doméstica de 37 años, también radicada en Villa Gobernador Gálvez, cada uno de los cuales tenía roles asignados en distintas operaciones que realizaron entre septiembre de 2019 y junio de 2021 por tráfico internacional y almacenamiento de estupefacientes en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En aquel procedimiento, los pesquisas también secuestraron de un galpón de General Lagos unos 30 vehículos entre camiones, semirremolques, autos, motos y cuatriciclos que, según la investigación se compraban para lavar el dinero del narcotráfico. Aquel día cayeron los líderes de la banda y sus laderos, quienes esperan el juicio oral por tráfico de estupefacientes. Pero el fiscal Rodríguez no se quedó con ello y siguió la pata económica de la organización, por lo que esta semana pidió el procesamiento por lavados de activos provenientes del narcotráfico de los dos líderes y las gestoras del grupo.

En los considerandos del fallo, el juez Cuello Murúa señaló que Núñez, Romera y Galligani “pusieron en circulación de manera habitual desde octubre de 2017 hasta el 18 de junio de 2021 activos provenientes de las conductas de tráfico de estupefaciente que desarrollaron, en las modalidades de conversión y disimulación respecto de operatorias comerciales desarrolladas sobre 30 vehículos que fueran secuestrados en los allanamientos efectuados en 2021” y en un galpón de General Lagos, propiedad de Romera. La flota señalada consistía en 12 autos, 3 camionetas, 6 motos, 3 cuatriciclos, 2 camiones y 4 semirremolques.

En el procesamiento, además, se describieron los puntos más importantes de la acusación del fiscal Rodríguez entre los que resalta una intervención telefónica del 28 de abril de 2021 donde se descubrió que Matías Tomei y María José Núñez (ambos procesados por el traslado de la cocaína) hicieron un viaje a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tuvo “como objetivo el traslado de numerosos vehículos hasta Villa Gobernador Gálvez, sin descartase _a la luz de la información recolectada durante la pesquisa_ que ello sea producto de una transacción ilegal en materia de narcotráfico”.

Tras el arribo de esta flota de vehículos apareció en escena la gestora y empresaria del transporte Galligani, radicada en Arroyo Seco, quien comenzó a ofrecer esas unidades para la venta, lo cual “permite concluir que los bienes se encontraban a disposición de la estructura delictiva encabezada por Núñez y Romera”, describió el representante del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe.

Luego entraba en acción la gestora rosarina Viglione, quien aprovechaba su paso por la carrera de Ciencias Económicas para brindar el asesoramiento contable a Núñez y Galligani a fin de realizar los trámites correspondientes en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Esa era su contribución al perfeccionamiento de las maniobras de lavado de activos, según describió el fallo.

Además de la compra venta de vehículos, Núñez se registró en julio de 2019 para el “servicio de transporte automotor de cargas” y a partir de ese momento comenzó a adquirir camiones y semirremolques con la finalidad de destinarlos a tal actividad, continúa el detallado escrito judicial que terminó en el procesamiento del cuarteto por lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado, delito que estipula una pena que va de 3 a 10 años de prisión y una multa de entre dos y diez veces del monto de la operación.

Gustavo Núñez es oriundo de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, a 100 kilómetro de Rosario. Algunos investigadores recuerdan que entre 2009 y 2013 conducía remises hacia el norte del país para traer drogas y que esos autos de alquiler pertenecían a Luis “Pollo” Bassi, absuelto en el juicio por el crimen del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero y condenado a 16 años de prisión en 2017 por el homicidio de Juan Pablo Colasso.

Núñez también trabajó con Diego Cuello condenado en 2018 a 11 años y medio de prisión en la causa “Los Patrones” por ser proveedor de cocaína de la banda de Los Monos. Además, los detectives contaron que Núñez hizo de transportista para Reina Isabel Quevedo, una mujer de 68 años que en noviembre de 2018 fue penada a nueve años de prisión como autora de contrabando con fines de comercio de drogas agravado por la participación de tres o más personas, tras incautarle en Salta un cargamento de 80 kilos de cocaína que tenían por destino Rosario.

Esa práctica tal vez hizo que Núñez dejara de lado el convulsionado territorio rosarino donde las terceras y cuartas líneas de las organizaciones criminales dirimen sus diferencias y territorios a los tiros.

“A esta gente no le convenía demasiado introducirse en el narcotráfico rosarino. Jugaban a otra cosa. Es más difícil andar a los tiros todo el tiempo que lo que hacían ellos, que era muy profesional y más fácil. Llegamos a la conclusión de que tenían distintas pistas clandestinas y recibían droga para después hacer el negocio de la distribución”, fue la descripción que hicieron los investigadores luego del operativo del 18 de junio de 2021 en el que incautaron la cocaína valuada en 10 millones de pesos.

El 13 de julio de ese año, el juez federal Marcelo Bailaque procesó a Núñez y a Romera como organizadores del tráfico y almacenamiento de estupefacientes. A su vez, en un escalón más abajo fue procesada la gestora Jorgelina Galligani mientras que a María José Núñez y Matías Ezequiel Tomei (hermana y yerno de Núñez respectivamente) les atribuyó el delito de almacenamiento de estupefacientes.

Los cinco están a la espera del juicio oral desde marzo de 2022 luego de que el magistrado aceptara el pedido del fiscal Walter Rodríguez. Ahora Núñez, Romera y Galligani sumaron la causa por lavado de activos junto a Viglione, quien quedó por fuera de la organización pero con responsabilidad en dicho delito al brindarles sus conocimientos para “blanquear” las ganancias provenientes del narcotráfico.

Fuente: La Capital.

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