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Sábado 11 de Octubre de 2025
7 octubre 2025 - 18:05
Las publicaciones se realizaban en un grupo de Facebook denominado “Gallinas San Nicolás”, donde se ofrecían ejemplares protegidos
El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás dictó el procesamiento de dos hombres acusados de integrar una red dedicada al comercio ilegal de aves silvestres protegidas, en el marco de una causa que investiga la venta y traslado de especies provenientes de la caza furtiva, un delito previsto en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Los imputados —uno residente en San Nicolás y otro en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe— fueron procesados sin prisión preventiva y con embargos de 600.000 y 1.000.000 de pesos, respectivamente. La medida fue dispuesta el 11 de septiembre por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien consideró que ambos serían autores del delito de comercio de fauna silvestre proveniente de la caza furtiva.
En su resolución, el magistrado subrayó: “El bien jurídico aquí protegido es la fauna silvestre en sí misma, independientemente de que su preservación sea de utilidad para el individuo. La ley tiende a la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de las especies animales que habitan en nuestro país”.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y se originó a mediados de 2023, cuando la Brigada de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal Argentina (PFA) detectó publicaciones en redes sociales que ofrecían aves a la venta.
Según la pesquisa, uno de los acusados vendía especies silvestres desde su vivienda ubicada en el barrio Plastiversal de San Nicolás, mientras que el otro actuaba como proveedor desde Granadero Baigorria. Las publicaciones se realizaban en un grupo de Facebook denominado “Gallinas San Nicolás”, donde se ofrecían ejemplares como cardenales, chalchas, reina mora, boyeros, carpinteros y tortugas pequeñas.
Las tareas de inteligencia permitieron documentar un encuentro en el que un hombre llegó al domicilio con jaulas llenas de aves y se retiró con las jaulas vacías, lo que confirmó las sospechas de intercambio y comercialización.
El 1 de febrero de 2024, se allanó la vivienda del acusado en San Nicolás, donde se hallaron cuatro jaulas metálicas con aves de las especies cardenal y corbatita, además de tres ejemplares sin vida. Los animales rescatados fueron entregados a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que los trasladó a la Fundación Temaikén para su recuperación.
Un día después, se realizó otro allanamiento en Granadero Baigorria, donde se encontraron 29 aves de distintas especies, entre ellas jilgueros dorados, reina mora, corbatitas, varilleros congo, lonchura striata y cardenales copete rojo, distribuidas en 20 jaulas. En el lugar también se incautaron cuadernos con registros de precios, ventas y ejemplares fallecidos, además de un vehículo en cuyo interior se hallaron más anotaciones.
Ninguno de los involucrados presentó documentación habilitante que acreditara la tenencia legal de los animales, según constató la Brigada de Control Ambiental.
De acuerdo con la inspectora y asesora legal de la brigada, todas las aves encontradas pertenecen a la fauna silvestre argentina y están protegidas por la Ley 22.421. Algunas, como el cardenal copete rojo y el ave manón, figuran además en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula su intercambio internacional.
El fiscal Di Lello destacó el valor probatorio de los elementos secuestrados, al señalar que “los cuadernos incautados ilustran de punta a punta el despliegue y extensión del comercio ilegal y las consecuencias para las aves capturadas, pues registran cantidad y especies traficadas, el valor de venta y aquellos ejemplares muertos”.
Al resolver los procesamientos, el juez Villafuerte Ruzo dio por acreditada la materialidad de los hechos y la participación directa de ambos imputados. El hombre de San Nicolás fue señalado como responsable de la comercialización de aves capturadas ilegalmente, mientras que el de Granadero Baigorria fue identificado como el transportista y proveedor de los ejemplares.
Durante su declaración, este último admitió haber viajado a San Nicolás “para entregar pichones y realizar un intercambio por otros pájaros”.
Con las pruebas reunidas, el magistrado consideró que las conductas de ambos configuran un claro caso de tráfico de fauna silvestre, una práctica que afecta gravemente al ecosistema y que continúa siendo uno de los principales delitos ambientales en la región.