Milei aceptó la renuncia de Bailaque, que podrá cobrar su jubilación

1 julio 2025 - 11:53

El magistrado rosarino, acusado de proteger narcos, también podrá quedar preso tras la aceptación de la renuncia

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar a empresarios y malversar fondos. Esta decisión permite que el magistrado evite un juicio político y acceda a una jubilación de privilegio, aunque también implica que quedará detenido una vez que se oficialice la medida.

La aceptación de la renuncia fue formalizada a través del decreto 443/2025 del Boletín Oficial, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este decreto dejó sin efecto el proceso de destitución que se encontraba en curso en el Consejo de la Magistratura y no incluye fundamentación, a diferencia de lo habitual en los decretos presidenciales.

El 11 de junio, Bailaque presentó su renuncia con fecha efectiva del 1° de julio, acorralado por tres investigaciones internas y una causa penal que incluye extorsión, abuso de autoridad y prevaricato. Aunque el Consejo debía votar su envío a un Jury de Enjuiciamiento, la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo anula este procedimiento.

La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de Pro Luis Juez, había votado por unanimidad un dictamen acusatorio elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques. Este informe detalla hechos que, según los acusadores, configuran mal desempeño y falta de integridad, transparencia e imparcialidad.

Una de las acusaciones contra Bailaque lo vincula con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. A pesar de tener como contador a Gabriel Mizzau, quien también manejaba las cuentas de Alvarado, y de que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas relacionadas con el narco, obstaculizando medidas de prueba y demorando procesos clave.

Otra acusación se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei, amigo del juez, y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario, habrían participado en una maniobra para solicitar una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial.

La tercera acusación está relacionada con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, que fue intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. A pesar de sus vínculos, Bailaque no se apartó de esta causa y benefició a su entorno.

El 13 de junio, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) solicitaron al presidente Milei y al ministro de Justicia Cúneo Libarona que rechacen la renuncia para que se pueda juzgar el desempeño del magistrado. Las organizaciones advirtieron que “el Presidente tiene la facultad constitucional de rechazar la renuncia cuando hay un proceso de enjuiciamiento en curso. De lo contrario, se consagra la impunidad». Recordaron que uno de cada tres juicios políticos en trámite se frustra por la aceptación de la renuncia del juez investigado, alertando que «no se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo institucional que permite eludir la rendición de cuentas”.