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Los Passaglia: testeos bancarios y pericias contables
1 agosto 2025 - 05:50
La fiscalía reunió múltiples pruebas técnicas y pruebas documentales que apuntan a una sofisticada trama de corrupción familiar.
Por Mauricio Alejandro Spahn
Especial «los Passaglia», capítulo II
La causa federal cuenta con extensas pericias financieras: los fiscales Di Lello y Amad derivaron informes de AFIP, DAFI y PROCELAC que revelaron irregularidades en las declaraciones juradas de los Passaglia.
Se corrigieron declaraciones de Bienes Personales y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020, tras observarse ingresos exentos sin respaldo, donaciones no registradas (incluso con CUIT apócrifa) y contradicciones sobre el origen de los fondos.
A su vez, AFIP detectó plazos fijos millonarios, volúmenes de compra de divisas y movimientos de tarjetas de crédito que no se condicen con ingresos registrados oficialmente.
Sobre Ismael José Passaglia pesan rectificaciones por ingresos no declarado cercanos a US$ 3 millones, justificados como arrendamientos agrícolas, pero carentes de comprobantes legales y fiscales.
Estas pericias sustentaron la sospecha de ocultamiento patrimonial y lavado de activos, así como de negociaciones incompatibles con la función pública (especialmente por la contratación del antes diputado, Santiago Passaglia, hoy convertido en intendente).
La SAPEM “Descubrí San Nicolás” y empresas vinculadas
Creación y propósito
La SAPEM fue aprobada por ordenanza en 2022, con participación mayoritaria del Estado municipal, y el respaldo político de JxC – bloque integrado por el passaglismo – en el Concejo Delibrante. Esta le confirió a los Passaglia amplias facultades para concesionar o alquilar bienes públicos (estadio, autódromo, terminal, cementerio) sin controles deliberativos. Se presentó como herramienta para potenciar el turismo y modernizar la gestión local.
Funcionamiento opaco y empresas pantalla
Como muestran los informes, la SAPEM operó como una “municipalidad paralela” con contabilidad propia y manejo discrecional de fondos públicos. A través de esta estructura se celebraron contratos con empresas vinculadas al clan Passaglia y aliados políticos, sin examen legislativo ni auditoría externa.
Una fuente interna definió el mecanismo como una vía para canalizar subsidios, contratos y pauta municipal “a espaldas del cuerpo deliberativo” y a favor de entes privados afines.
Empresas implicadas
Se menciona la firma “Islas del Mirador S.A.” como pantalla para adquirir inmuebles en Entre Ríos, imputada en la causa y vinculada al núcleo familiar, pese a carecer de capacidad real operativa.
Otras empresas con escasa trayectoria técnica o infraestructura actuaron como testaferros en la compra de campos, inmuebles en Buenos Aires y financiamiento de campañas políticas.
Los allanamientos del 19 de marzo de 2024 secuestraron discos rígidos, papeles y documentos electrónicos de la SAPEM y del municipio, en busca de pistas sobre cómo se lavó dinero público a través de contratos y concesiones opacas.
Evolución del Consejo de la Magistratura
Aunque la relación con este organismo no fue central en las primeras etapas de la causa, sí cobró relevancia en el contexto del juez Marcelo Bailaque:
Tras dictar la falta de mérito en 2023, Bailaque fue objeto de un expediente disciplinario ante el Consejo de la Magistratura, como consecuencia de su imputación penal (extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, allanamientos ilegales) y por preservar su jubilación especial al renunciar el 1° de julio de 2025.
El juicio político que el ex Magistrado iba a enfrentar previo a su renuncia —coordinado desde la Cámara Federal de Casación— puso su rol e imparcialidad en el centro del debate: ¿vale su decisión en la causa Passaglia, así como en otras?
Resumen
1. Los testeos bancarios y rectificaciones fiscales revelaron un esquema patrimonial voluminoso e incoherente con ingresos declarados, que incluyó terrenos, inmuebles, vehículos de alta gama y depósitos millonarios sin sustento legal.
2. La SAPEM “Descubrí San Nicolás” funcionó como un mecanismo organizacional opaco para derivar recursos públicos hacia empresas afines y enriquecerse políticamente sin supervisión.
En síntesis: la fiscalía reunió múltiples pruebas técnicas y pruebas documentales que apuntan a una sofisticada trama de corrupción familiar. Lo que falta es que la justicia no se desgaste técnicamente por jueces cuestionados, sino que aflore una resolución firme desde las instancias superiores para evitar la impunidad.
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