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La Procuraduría de Narcocriminalidad presentó su Informe de Gestión 2021.

23 febrero 2022 - 21:26

Durante 2021, la procuraduría inició 332 nuevas intervenciones, a la par advierte sobre el creciente despliegue de maniobras narcocriminales desde cárceles ¿Qué pasa en Rosario?

El trabajo reseña las principales intervenciones junto a fiscalías de todo el país y la labor de coordinación con otros ministerios públicos y agencias nacionales e internacionales. Destaca los resultados de los equipos conjuntos de investigación con fiscales provinciales y de otros países, y de forma particular los avances producidos en Rosario a partir del análisis de la información criminal. También advierte sobre el creciente despliegue de maniobras narcocriminales desde cárceles. La actividad por medios remotos potenció la actuación de la procuraduría especializada en los procesos.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó su informe de gestión 2021, en el que analiza su intervención en la asistencia a fiscales de todo el país, su labor autónoma en la investigación y su rol como organismo especializado en el diseño de la persecución penal en la materia en conjunto con otras agencias del Estado.

El informe repasa la actividad de las tres áreas operativas que conforman la procuraduría e indica que, en materia de persecución penal, la PROCUNAR actúa colaborando actualmente con más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país. Durante 2021, la procuraduría inició 332 nuevas intervenciones.

Los lineamientos de su actuación se basan en tres ejes interrelacionados: la intervención en casos, el enfoque estratégico -que prioriza los casos que involucran a la criminalidad organizada- y la cooperación interagencial.

La intervención de la PROCUNAR en casos concretos puede darse en casos ya judicializados, en los que se presta colaboración a la fiscalía que interviene; o bien a partir de la recepción de información o denuncias respecto de hechos no judicializados, lo que motiva la formación de una investigación preliminar. En aquellas jurisdicciones donde rige el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), la PROCUNAR –como todas las procuradurías especializadas– tiene competencia para intervenir en causas de manera autónoma, litigando directamente el caso si así lo dispone el fiscal coordinador de distrito.

Al cierre de 2021, se encontraban activas en la PROCUNAR 599 intervenciones, entre colaboraciones (295), investigaciones preliminares (124), causas delegadas (56) e investigaciones autónomas (124). Entre aquellas investigaciones que se judicializaron y permanecieron en la órbita del fuero federal o nacional, la procuraduría continuó interviniendo en el 75% de los casos, con distintos grados de participación.

La PROCUNAR actúa colaborando actualmente con más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país. Durante 2021, la procuraduría inició 332 nuevas intervenciones.

Particularmente en Salta y Jujuy, donde rige el CPPF, durante 2021 se iniciaron 112 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio e investigaciones autónomas, dirigidas a investigar organizaciones que distribuyen o ingresan estupefacientes al noroeste del país con el fin de transportarlos a grandes centros urbanos o de exportarlos. Además, la Regional NOA fue convocada por las fiscalías de la jurisdicción a intervenir en 79 investigaciones, 67 de las cuales se abrieron durante 2021.Asimismo, el año pasado se obtuvieron 25 condenas en casos de narcocriminalidad en el sistema acusatorio.

Entre otros datos, el informe pone de relieve que, desde la aplicación del CPPF en junio de 2019 a diciembre de 2021, con la intervención de la Regional NOA se ha logrado llegar a sentencias condenatorias en 33 casos; se han condenado 101 personas; el 79% de los casos formalizados ya finalizaron con condena mientras que el otro 21% están activos (algunos con condenas); y el 93% de los condenados optó por celebrar un acuerdo pleno.

Por otro lado, el informe refiere que la PROCUNAR viene trabajando de forma conjunta en distintas causas con otras unidades especializadas del MPF. Entre ellas con la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Dirección de Análisis Criminal (DAC), con las cuales ha desarrollado intervenciones estratégicas de fenómenos multidimensionales en la ciudad de Rosario y en la región patagónica.

En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, el año pasado -al igual que durante 2020- los y las representantes de la PROCUNAR participaron de la celebración de actos procesales vía remota, como audiencias de juicio, recepción de declaraciones testimoniales e intervención en indagatorias, entre otros; y también en el dictado de capacitaciones y en reuniones de trabajo con las distintas agencias. El informe señala que la actuación por medios virtuales no impactó negativamente en el trabajo sino que lo maximizó. «A lo largo de la emergencia sanitaria se intervino por primera vez en la instancia de juicio de forma directa, cuya concreción –de haberse llevado a cabo de modo presencial– no hubiera sido posible «, subraya.

En el caso Itatí se formularon imputaciones en diferentes jurisdicciones contra un total de 133 personas, de las cuales 106 se encuentran condenadas.

Intervenciones estratégicas

El trabajo describe la articulación realizada con los y las fiscales que intervienen o intervinieron en juicios orales complejos, como los derivados de las investigaciones sobre contrabando de estupefacientes desde Itatí, provincia de Corrientes; el juicio por lavado de dinero proveniente del narcotráfico al denominado «Clan Loza»; y las investigaciones -y juicio en curso- sobre el «Clan Castedo», cuyos integrantes pretendieron el dominio territorial de una zona del límite internacional con Bolivia, en la provincia de Salta.

El caso Itati -explica- demandó la coordinación con distintos fiscales federales para la investigación del tráfico (especialmente de marihuana) a través de la frontera con Paraguay y su distribución en distintos puntos de nuestro país. La tarea implicó reunir las pruebas obtenidas en más de 40 expedientes de trámite en Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, se descubrió la existencia y funcionamiento de dos grandes organizaciones criminales: un integrada por personas dedicadas al narcotráfico -entre otras, las autoridades comunales de la ciudad, el jefe policial local e integrantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval- y otra por funcionarios judiciales destinada a beneficiar a la primera a cambio de un rédito económico. Entre todas las investigaciones se formularon imputaciones contra un total de 133 personas, de las cuales 106 se encuentran condenadas.

Durante 2019, 2020 y 2021 se llevó adelante el debate oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 porteño respecto de los miembros del grupo narcocriminal. La PROCUNAR intervino coadyuvando al fiscal general Juan Patricio García Elorrio durante todo el desarrollo del debate. El tribunal condenó a 10 acusados, entre ellos a Carlos Barreiro, una de las personas identificada como jefe de la organización criminal –quien recibió una pena de 17 años de prisión– y quienes prestaban funciones en las policías Federal y provincial, quienes fueron condenados a penas de hasta 9 años y 6 meses de prisión. Al final del debate, dictó otras 34 condenas en el marco de juicios abreviados. Todas esas condenas se sumaron a otras 40 dictadas previamente por los TOCF N°2 y N°6 porteños en causas vinculadas.

En la actualidad, otros 8 acusados aguardan el debate oral y 7 permanecen prófugos. En tanto, la investigación sobre la organización integrada por funcionarios judiciales tiene doce imputados, entre ellos el ex titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. Está radicada en el TOCF de Corrientes a la espera de debate.

Por otro lado, entre febrero y diciembre de 2021 la PROCUNAR participó junto al fiscal general Gabriel Pérez Barberá, la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) en el juicio a once personas acusadas de integrar el denominado “Clan Loza”, organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos que operaba en Argentina, España, Italia y Holanda. Las procuradurías trabajaban en el caso desde 2018, cuando la investigación estaba a cargo del fiscal en lo penal económico Pablo Turano. Por entonces, la coordinación con autoridades de España e Italia -en el marco de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI)- permitió detener a 31 personas y secuestrar una gran cantidad de bienes.

En diciembre pasado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 condenó a 10 integrantes de la organización por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas a penas de hasta 10 años de prisión, mientras absolvió a uno, de conformidad con la solicitud de la fiscalía.

Al cierre de 2021, se encontraban activas en la PROCUNAR 599 intervenciones, entre colaboraciones (295), investigaciones preliminares (124), causas delegadas (56) e investigaciones autónomas (124)

Trabajo coordinado en Rosario

La actividad de la PROCUNAR en Rosario se materializó en la asistencia a las fiscalías federales y en el trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Para cumplir con el objetivo de profundizar el abordaje estratégico en la materia en esa jurisdicción, la PROCUNAR articuló con la DAC y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En el análisis de casos, ambos ministerios públicos coincidieron en que la criminalidad violenta relacionada al narcotráfico estaba en el barrio Godoy. Un ECI integrado por la fiscal Saccone, el fiscal Kishimoto y los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra abordó la situación en ese lugar y extendió su trabajo a San Lorenzo y Granadero Baigorria.

Entre los principales investigados se encontraban personas que respondían a Leandro Vinardi y a Ariel Máximo Cantero, apodado “Guille” o “Loco” (cada uno desde su lugar de detención, el Complejo Federal De Marcos Paz y Unidad Penitenciaria de Piñero, respectivamente), quienes coordinaban las maniobras de venta en inmediaciones del barrio Godoy. En paralelo, Cantero y Vinardi resultaron vinculados con una estructura dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Allí, se determinó que junto a otra persona detenida en Piñero habían participado en un secuestro extorsivo organizado desde el penal. En este caso se sumó la colaboración de la UFESE.

El informe pone de relieve que el trabajo articulado en ese proceso llevó a la concreción de 84 allanamientos de manera simultánea, con intervención de fuerzas federales y provinciales. Como resultado, se secuestraron drogas, armas de fuego y otros elementos de interés, y se logró la detención de los principales investigados.

También en Rosario, la fiscal Saccone y la Regional NEA de la PROCUNAR investigaron a una organización que actuaba en Villa Banana en la elaboración, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. La pesquisa detectó que una «cueva financiera» del centro de la ciudad estaba ligada a las operaciones de narcotráfico y en el allanamiento a su sede se secuestraron unos 34 millones de pesos.

La investigación conjunta entre fiscales de Argentina y Uruguay logró identificar una organización que transportaba en avionetas grandes cantidades de cocaína hacia el vecino país. La PROCUNAR inició la investigación a raíz de ciertos eventos de Tráfico Aéreo Irregular (TAI) detectados por la Fuerza Aérea uruguaya.

Cooperación interagencial

El informe indica que tanto a nivel nacional como internacional, la PROCUNAR buscó establecer los nexos entre fiscales y organismos especializados. Se destaca la articulación con otros Ministerios Públicos a través de la Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas que es coordinada por la procuraduría junto a la Fiscalía Especial Antidrogas de España.

Por caso, el trabajo subraya que durante 2021 la investigación conjunta entre fiscales de Argentina y Uruguay logró identificar una organización que transportaba en avionetas grandes cantidades de cocaína hacia el vecino país. La PROCUNAR inició la investigación a raíz de ciertos eventos de Tráfico Aéreo Irregular (TAI) detectados por la Fuerza Aérea uruguaya. La pesquisa, junto a la fiscal federal Josefina Minatta, permitió identificar a los responsables de las avionetas, las aeronaves empleadas y el hangar que utilizaban, situado cerca de Concordia, en Entre Ríos. El 27 de septiembre fue interceptado un vuelo no declarado con 409 kilos de cocaína incautados por las autoridades uruguayas y fueron detenidas 17 personas. Luego se conformó un ECI entre los ministerios públicos de ambos países que permite el intercambio fluido de la información.

En el informe anual, la PROCUNAR refiere que el trabajo conjunto con los fiscales provinciales es una prioridad. En ese sentido, la procuraduría especializada interviene en las mesas de intercambio de información -creadas por la ley 27.502- entre los distintos actores en las provincias que hayan adherido e implementado la ley 26.052, que establece la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. La procuraduría evaluó que la ley constituye un avance en relación con el trabajo de coordinación que viene desarrollando desde 2016 en aquellas jurisdicciones que optaron por la desfederalización de la investigación del microtráfico, con el objeto de mejorar la persecución penal, evitando que la atomización de las pesquisas opere de manera negativa y, por el contrario, potencie el trabajo de cada operador mediante el intercambio coordinado de información y elementos de prueba.

Durante 2021, en efecto, la PROCUNAR coordinó las mesas de intercambio de información en los distritos bonaerenses de San Isidro y Bahía Blanca y en Rosario.

En la provincia de Salta, en tanto, el intercambio de información se realiza de manera permanente con la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público provincial, con el que la Regional NOA de la PROCUNAR trabaja de manera coordinada. En noviembre pasado, el fiscal coordinador de distrito Eduardo Villalba y el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, se reunieron para reforzar los vínculos de ambas agencias.

Narcocriminalidad en cárceles

Mientras propicia el trabajo conjunto en diferentes jurisdicciones, a través del Área de Análisis de Información y Planificación Operativa la procuraduría especializada focaliza problemáticas específicas. Una de ellas fueron las maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios de distintas jurisdicciones, tanto federales como provinciales. El año pasado, la PROCUNAR elaboró un documento temático que puso a disposición del procurador Casal, junto a la propuesta de conformar una mesa de trabajo al respecto. El titular interino del MPF adoptó la recomendación y convocó a la mesa, que se reunió y luego entregó sus conclusiones a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este tema, además, fue una de las principales preocupaciones abordadas en el marco de la reunión de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, desarrollada en la Procuración General en diciembre pasado.

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