10 abril 2026 - 11:55

El fallo exige detallar cheques, transferencias y costos ante reclamos por caminos rurales “intransitables”.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó al municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, que informe en detalle el destino de los fondos recaudados por la tasa vial, estimados en $1.000 millones, tras un pedido de acceso a la información pública impulsado por productores rurales.

La resolución judicial, firmada por los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, obliga a la gestión encabezada por Esteban Sanzio a presentar el listado de cheques emitidos, transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para fijar el tributo.

El reclamo fue iniciado por la Sociedad Rural de Baradero, que no obtuvo respuesta administrativa y decidió avanzar por la vía judicial en un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de los caminos rurales.

El presidente de la entidad, Pablo Roller, fue categórico al describir la situación: “Durante años no se hizo nada. Hay caminos que se encuentran completamente intransitables: no se puede transportar hacienda, hay chicos que no pueden asistir al colegio y personas que viven en el campo sin posibilidad de salir”.

En la misma línea, agregó que se trata de “una red de 600 kilómetros, de los cuales, en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”, y remarcó: “La verdad es un desastre”.

Roller también cuestionó el destino de los recursos: “Los municipios no recaudan en función del servicio que te prestan, sino en función de lo que necesitan para pagar sueldos y otras cuestiones que nada tienen que ver con esta tasa”. Además, señaló que el pago “es un chino porque la tasa es variable de acuerdo a, por ejemplo, la cantidad de hectáreas del campo”.

El caso de Baradero se inscribe en una tendencia más amplia en la provincia de Buenos Aires, donde productores de distritos como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson también recurrieron a la Justicia para exigir transparencia sobre la recaudación y el uso de la tasa vial.

El abogado Pablo Abdon, a cargo de estas causas, explicó que los pedidos se centran en tres ejes: “en primer lugar, cuánto se recauda por este concepto; en segundo lugar, cuánto se destina efectivamente al mantenimiento y mejora de los caminos rurales; y, en tercer lugar, cuál es la matriz de costos utilizada para su determinación”.

“Estos tres puntos son esenciales para evaluar la razonabilidad de la tasa”, sostuvo, y agregó que, al tratarse de un tributo vinculado a un servicio, “es imprescindible calcular previamente cuánto costará brindar ese servicio y que ese cálculo esté debidamente elaborado y disponible”.

En el caso puntual de Baradero, Abdon indicó que el objetivo inicial es que se rindan cuentas, aunque no descartó futuras acciones: una vez obtenida la información, podría evaluarse la devolución de lo abonado si se detectan irregularidades, e incluso impulsar denuncias penales ante un eventual uso indebido de los fondos.

Como antecedente reciente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen ordenó al municipio de Daireaux reintegrar montos cobrados por la tasa vial, tras comprobar graves deficiencias en el mantenimiento de caminos y el desvío de recursos. El fallo, dictado por el juez Pablo Cristián Germain, se basó en un informe que determinó que el 96% de la red presentaba problemas que impedían la circulación.

En este escenario, el pronunciamiento sobre Baradero refuerza la exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos y podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales en otros distritos.

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