Porque nada queda oculto
Martes 13 de Enero de 2026
12 enero 2026 - 15:40
Organizaciones ambientales realizaron un informe en el que dejan al descubierto que la respuesta estatal cumple un rol fundamental en estos casos
El humo que desde fines de 2024 cubre amplias zonas de la Patagonia argentina no es solo una postal de desastre ambiental: también se transformó en un síntoma político. Los incendios forestales que arrasaron el bosque andino —con una superficie afectada que supera con creces la de temporadas anteriores— reactivaron un debate de fondo sobre el rol del Estado frente a emergencias que ya no son excepcionales, sino parte de una crisis climática persistente. En ese escenario, las miradas se posan sobre el presidente Javier Milei.
La discusión se intensificó tras la difusión del informe “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, elaborado de manera conjunta por organizaciones ambientalistas y sociales. El documento plantea que los megaincendios no pueden ser leídos como hechos aislados ni como simples fenómenos naturales, sino como el resultado de decisiones humanas acumuladas y de una respuesta estatal considerada insuficiente frente al avance del cambio climático.
Entre las entidades firmantes figuran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Greenpeace Argentina, que advierten que la superficie de bosque afectada se cuadruplicó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en comparación con el mismo período anterior. Según el informe, de mantenerse la tendencia actual, el impacto podría multiplicarse aún más hacia fines de este siglo.
El trabajo pone el foco en la gestión estatal del fuego y enumera una serie de factores que, a criterio de las organizaciones, explican la incapacidad para contener la crisis. Uno de los ejes centrales es el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), señalado como el organismo clave en prevención y combate de incendios. De acuerdo con el informe, durante 2024 se habría ejecutado menos de una cuarta parte de los recursos asignados, pese a tratarse de uno de los años con mayor cantidad de focos ígneos. A futuro, la proyección presupuestaria para 2026 reflejaría una caída real cercana al 80% en relación con 2025.
A la cuestión financiera se suma la reducción de capacidades operativas: menos horas de vuelo de aviones y helicópteros especializados y una merma en la elaboración de informes técnicos fundamentales para los sistemas de alerta temprana. El diagnóstico se completa con un déficit en políticas preventivas, como la falta de regulación de plantaciones forestales de especies exóticas altamente inflamables —entre ellas los pinos—, una débil planificación territorial y la ausencia de campañas sostenidas de educación y mitigación de riesgos.
Mientras persistían focos activos en sectores de Chubut, Río Negro y otras provincias patagónicas, el presidente Javier Milei realizó su primer pronunciamiento público sobre la situación. Lo hizo replicando un comunicado oficial que detalla el despliegue de recursos humanos y materiales para combatir los incendios, luego de varios días de silencio institucional y en un contexto de mejora meteorológica temporal.
El texto oficial informó que 22 de los 32 incendios registrados se encontraban extinguidos y destacó la participación de organismos nacionales, fuerzas de seguridad y aportes de empresas privadas. Sin embargo, el informe de las organizaciones subraya que el énfasis estuvo puesto en la respuesta reactiva frente al fuego, sin anuncios de cambios estructurales orientados a prevenir futuras catástrofes.
Para las entidades firmantes, el debate excede la coyuntura. Los incendios en la Patagonia son presentados como una manifestación concreta de la crisis climática global, marcada por sequías prolongadas, olas de calor, vientos intensos y condiciones cada vez más favorables para la propagación del fuego. En ese marco, sostienen que la falta de políticas públicas integrales —que articulen prevención, planificación territorial, manejo sostenible de suelos y bosques y estrategias de mitigación climática— mantiene a la Argentina en una lógica de respuesta tardía.
El saldo, advierten, es un Estado que actúa frente a emergencias aisladas mientras las causas estructurales permanecen intactas, haciendo que los incendios sean cada vez más frecuentes, extensos y difíciles de controlar.
