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Martes 17 de Marzo de 2026
17 marzo 2026 - 17:43
La Provincia participó de la primera audiencia ante el máximo tribunal y abrió una instancia de diálogo con Nación. El próximo encuentro fue fijado para el 21 de abril.
La provincia de Buenos Aires participó este martes de la primera audiencia formal convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por una deuda previsional que supera los $2,2 billones.
El encuentro marcó el inicio de una instancia de diálogo institucional entre las partes, en lo que desde el gobierno bonaerense interpretaron como una señal favorable del máximo tribunal ante los reclamos por recortes de fondos coparticipables, transferencias no automáticas y obras paralizadas. Tras la audiencia, se estableció una nueva convocatoria para el 21 de abril.
De la reunión participaron el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Al término del encuentro, López valoró la apertura del canal institucional y destacó que la Provincia pudo exponer su posición ante la Corte. En ese sentido, afirmó: “Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial”.
El funcionario también indicó que desde el Gobierno nacional se comprometieron a trabajar sobre el tema de cara a la próxima audiencia, y expresó la expectativa de avanzar en una solución: “esperamos llegar a la próxima instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución”.
El litigio con la ANSES forma parte de un conjunto más amplio de reclamos que la Provincia mantiene contra el Estado nacional. En total, las deudas por transferencias no automáticas y obras paralizadas ascienden a $15,6 billones.
Entre esos planteos figuran los reclamos por el recorte de fondos destinados a seguridad —como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal—, transporte —Fondo de Compensación al Transporte del Interior— y educación —Fondo Nacional de Incentivo Docente—.
Según explicó López, esta situación obliga a la administración bonaerense a sostener con recursos propios áreas clave del Estado.
El conflicto se desarrolla además en un contexto de caída de la recaudación, que desde la Provincia atribuyen a la recesión económica, sumado a un esquema de coparticipación que consideran desfavorable. De acuerdo con ese diagnóstico, Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional, pero recibe alrededor del 7%, mientras que la Nación concentra el 70% de los recursos.
En ese marco, el gobierno provincial sostiene que el recorte de transferencias y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional representan un condicionante central para el funcionamiento de servicios en el distrito más poblado del país.
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