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Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica
11 septiembre 2025 - 06:09
Aún no confirmaron si va a judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio del escándalo en el ANDIS
Sobre el filo del plazo, el presidente Javier Milei giró este miércoles al Congreso los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica, que representaba más fondos para el Hospital Garrahan. Se espera que haga lo mismo con el proyecto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de los gobernadores.
En el Parlamento, ya están planificando votar las insistencias a estos temas la próxima semana.
Esta postura choca con la propuesta de Milei de abrir una mesa de diálogo político con los gobernadores para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad de cara a los comicios nacionales de octubre.
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario, formalizado a través del Decreto 647/2025 y publicado este miércoles, representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La norma buscaba garantizar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país.
En respuesta, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre y la organización de una Marcha Federal.
Por otro lado, Milei no judicializaría la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso. El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, impulsor de la ley, dijo que debería comenzar a aplicarse esta misma semana. Sin embargo, la ley aún no fue reglamentada, y desde el Congreso amenazan con ir por Guillermo Francos si no se aplica.
Fuentes de la Casa Rosada se escudan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento”. Aunque hay versiones de que la estrategia sería una aplicación parcial, la única certeza, por ahora, es que Milei no acudiría a la justicia, dado el alto costo político que implicaría ir contra las personas con discapacidad, especialmente en medio de la conmoción por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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