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Inédito: 50 años de cárcel para una banda que intentó copar comisaría.

10 abril 2021 - 21:07

Uno de los integrantes estuvo detenido en San Nicolás, no llegó a juicio porque se suicidó.

El veredicto se leyó este viernes en una sala de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de La Matanza. Una de las agentes atacadas quedó parapléjica.

Se trata de un caso sin precedentes en nuestro país. La escena fue cinematográfica y, el ataque, ultra violento. Cuatro asaltantes entraron a los tiros a una comisaría de La Matanza para liberar a un preso. En el intento, frustrado, dejaron parapléjica a una de las oficiales. Ahora la banda recibió una condena inédita para un solo caso: 50 años de prisión.

La sentencia fue dictada este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Matanza, integrado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno.

El hecho ocurrió en la madrugada del 30 de abril de 2018 en la comisaría de San Justo, cuando los delincuentes llevaron adelante un plan para liberar a un detenido.

El episodio derivó en un tiroteo adentro de la dependencia que dejó herida de gravedad a la agente Rocío Villarreal (28) de la Policía Bonaerense, que salvó su vida de milagro.

Los cuatro condenados a medio siglo de prisión por las tentativas de homicidio de los policías son Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Tomás Axel Sosa (22) y Sebastián Ariel Rodríguez (42), mientras que el imputado Gonzalo Fabián D’Angelo (25) fue condenado a 8 años de cárcel como participe secundario y la abogada Leticia Analía Tortosa (41), a 3 años de prisión condicional pero sólo por el delito de facilitación a la evasión.

Apelando a la sumatoria de penas, el fiscal Ariel Speranza Rossi había pedido una pena de 50 años de prisión para seis de los acusados.

En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), había solicitado una pena de 6 años por encubrimiento agravado.

La causa tenía un noveno detenido, Tomás Villamil (27), quien se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás luego de que la Justicia le dictara la prisión preventiva en este expediente.

La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que le pidió los 50 años fue la de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa».

En su alegato, Speranza Rossi habló de un hecho de «gravedad institucional», que contó con una «planificación» y una «división de roles y tareas».

Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Aranda y su esposa Bustamante, quien, según sostuvo este viernes el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.

Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza y, según dijo el fiscal, «tenía problemas afuera» y debía salir de la comisaría porque «había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14» de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa (41), está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.

El fiscal dio por probado que el episodio ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1° de San Justo, donde los imputados desplegaron un plan para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos.

Con por lo menos dos armas de fuego y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia con el propósito de causar la muerte de los policías.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones «gravísimas» y la dejaron parapléjica en forma «permanente y definitiva».

La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.

El juicio se desarrolló de manera semi presencial en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de ese departamento judicial, donde se acondicionó un sitio más adecuado para cumplir con la distancia social y otras medidas del protocolo dispuesto ante el coronavirus.

Fuente: Clarín; fotografía: Luciano Thieberger.

 

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