7 julio 2025 - 21:10

El equipo fiscal que interviene en el caso avanzó en las la formulación de las imputaciones contra el exinterventor de una cooperativa acusado de facilitar el desvío de fondos de la entidad y de un exfuncionario de la exAFIP, imputado por la extorsión a empresarios.

El juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, dio por formalizadas las investigaciones del Ministerio Público Fiscal contra un contador que tuvo a su cargo la intervención de una cooperativa portuaria, cuyos fondos inmovilizados judicialmente fueron girados por orden del también imputado exjuez federal Marcelo Bailaque a una entidad financiera vinculada al empresario Fernando Whpei, y contra un exfuncionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por su intervención en distintos actos administrativos utilizados como sustento en la extorsión contra dos empresarios, maniobras por las que también están imputados Whpei y Bailaque.

El martes 24 de junio, el fiscal a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, expuso verbalmente la imputación referida al contador público Roberto P., en su rol de interventor de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín.

El fiscal señaló que “a partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor [el contador] desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”.

El representante del MPF encuadró esas conductas como constitutivas de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, en grado de autor, y como partícipe necesario de prevaricato. El juez Rodrigues Da Cruz, de conformidad con la solicitud efectuada por el fiscal, ordenó que el contador fije domicilio y le impuso el deber de solicitar autorización si quisiera salir del país.

Según el fiscal, el accionar del contador imputado “se extendió desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Con la intermediación de Maximiliano D., a quien designó como su asesor legal, propició una reunión en mayo de 2020 entre asociados a la cooperativa y Whpei, en la que éste indicó que la causa vendría a Rosario, la tomaría un juez amigo y nombraría asesores ligados a él”.

El fiscal añadió que luego fueron nombradas tres personas de confianza de Whpei como asesores de la intervención, quienes mantuvieron reuniones con el contador. “Como resultado de esas gestiones el interventor le solicitó al juez el desbloqueo de los fondos depositados en entidades bancarias hacia otras más ventajosas en cuanto a las tasas ofrecidas, y priorizando a las locales”, recordó Reynares Solari.

También citó informes sobre el listado de llamadas telefónicas entre dos personas, una de ellas -sostuvo- que impuso Whpei en la cooperativa. Eso ocurrió al menos tres veces el 10 de diciembre de 2020, cuando Bailaque ordenó el desbloqueo de los fondos. Agregó que en abril de 2021 procedió del mismo modo respecto de fondos resguardados en los bancos Coinag, Macro y Galicia. De esa forma se transfirieron casi 1.150millones de pesos.

Según explicó Reynares Solari, la tarea del interventor estuvo enfocada en “negociaciones incompatibles con la función pública. Se habla de negocios inmobiliarios o financieros, y en ningún momento del objeto social de la cooperativa. Son los elementos que tenemos para considerar que hubo confusión de intereses en coordinación con Whpei y Bailaque”.

“A partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor [el contador] desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”, sostuvo Reynares Solari.

La imputación a un empleado jerárquico de la exAFIP

En otra audiencia que se desdobló entre el miércoles 25 y el viernes 27 de junio, el fiscal a cargo de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, imputó al contador y empleado de la exAFIP (hoy ARCA), Fernando D.A. por la comisión de los delitos de extorsión y, alternativamente, concusión; prevaricato; allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, todos en concurso ideal y en grado de partícipe necesario. También le atribuyó la autoría del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la hipótesis de la fiscalía, el imputado realizó “una serie de acciones y omisiones orientadas a generar las condiciones necesarias para que [Carlos] Vaudagna, extitular de la Regional Santa Fe de AFIP, Bailaque y Whpei concretaran, de 2019 al 22 de noviembre de 2024, actos para presionar y exigir dinero a [los empresarios Claudio] Iglesias y [Jorge] Oneto a cambio de influir en las actuaciones administrativas y en el expediente judicial que habían iniciado en su contra”.

El fiscal resaltó que, como parte de esa estrategia previamente coordinada, el contador simuló el 14 de agosto de 2019 la recepción de una denuncia anónima en la sede Rosario del organismo fiscal, a partir de la cual generó el caso administrativo SEFI N°1400149, donde se afirmaba que Iglesias lavaba dinero proveniente del narcotráfico y mantenía vínculos con la organización criminal “Los Monos”.

Para el fiscal, Vaudagna “omitió procedimientos habituales para este tipo de presentaciones” y el mismo día radicó la denuncia penal falsa ante el juzgado a cargo de Bailaque, mientras el caso SEFI N°1400149 de la exAFIP fue signado al ahora imputado, Fernando D.A.

El representante del MPF indicó que, en la causa judicial generada por la denuncia fraguada, Bailaque solicitó el 10 de septiembre de 2019 a la exAFIP el resultado de las tareas de fiscalización de las personas denunciadas, pero que ese requerimiento judicial no se incorporó al caso SEFI.

Argibay Molina precisó que, en respuesta al pedido, el 17 de septiembre el contador suscribió una nota en la cual únicamente adjuntó registros de Iglesias y Oneto. Y solicitó 60 días para completar el requerimiento ante la “complejidad de operatoria financiera, el entramado de 25 sociedades comerciales, y habiéndose constatado que efectuaron blanqueos”.

Al otro día, el caso fue desestimado en sede administrativa “por motivos operativos”, sin realizarse las medidas, y se remitió la nota 2968/2019 al juzgado de Bailaque, firmada por el jefe interino de la Sección Penal Tributaria y por Vaudagna, según describió el fiscal.

Causa fraguada

En su exposición, Argibay Molina repasó los hitos del caso:

En octubre de 2019, Iglesias, Oneto y un amigo de ambos se reunieron con Whpei, quien los puso en conocimiento de la existencia de la denuncia, les dijo que era “amigo personal del juez que tenía la causa” y le exigió a Iglesias 200 mil dólares para cerrar el proceso penal y la investigación.

El 31 de octubre de 2019 Bailaque emitió ilegalmente órdenes de allanamiento a domicilios vinculados a Iglesias. Vaudagna se ocupó de coordinarlos y de informar los resultados al juez, y Fernando D.A participó del allanamiento a una financiera vinculada a Oneto.

En diciembre de 2020, vencido el plazo para realizar la fiscalización, el imputado D.A la desestimación del caso SEFI 1400149 y, sin haber realizado ninguna investigación, dispuso el archivo con el argumento de que existía una “causa judicial abierta”.

En febrero de 2021 ante un requerimiento telefónico de un secretario de Bailaque, de manera informal y sin dar intervención a la Sección Penal Tributaria de la exAFIP, D.A extrajo copias de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y sobre bienes personales (períodos 2012 a 2019) de Iglesias y de Oneto, y se las envió por correo electrónico.

El 21 de abril de ese año Bailaque solicitó al organismo el resultado final de las tareas de fiscalización sobre las personas involucradas. Pero el oficio ingresó a la exAFIP sin número de registro. Ante ello, D.A intercambió mensajes de WhatsApp con el secretario del juez, con quien se reunió en al menos dos ocasiones para acordar y direccionar el contenido de la respuesta.

Luego, sin ninguna norma que ampare su actuación y en contradicción con el archivo dispuesto, el imputado firmó una nota donde expuso el análisis de los perfiles fiscales de Oneto e Iglesias. Concluyó que no podía “establecer con certeza la veracidad de la composición patrimonial expuesta en las declaraciones juradas y su evolución acorde a los ingresos declarados”. Para la fiscalía, como jefe interino de Investigaciones de la exAFIP, D.A. “cooperó directamente en lograr que salgan los allanamientos y luego cerrar la causa”.

El fiscal Argibay Molina recordó que en octubre de 2019 los empresarios Iglesias, Oneto y un amigo de ambos se reunieron con Whpei, quien los puso en conocimiento de la existencia de una denuncia, les dijo que era “amigo personal del juez que tenía la causa” y le exigió a Iglesias 200 mil dólares para cerrar el proceso penal y la investigación.

Tras describir los pasos de la maniobra extorsiva, el fiscal Argibay Molina sostuvo: “D.A omitió dar intervención y participación a las áreas correspondientes para que se concrete la fiscalización de Iglesias y Oneto y, a la hora de elaborar el informe técnico previsto en el Régimen Penal Tributario, incumplió con la instrucción que regula el deber de informar a la Unidad de Información Financiera operaciones sospechosas, y con la Instrucción General del Programa Especial de Fiscalización”.

La audiencia el miércoles 25 de junio concluyó en ese punto y el juez Rodrigues Da Cruz dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 27, cuando tuvo por formalizada la investigación en los términos propuestos por el fiscal de la PROCELAC e hizo lugar a las medidas cautelares de carácter personal y patrimonial solicitadas por el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Esteban Venditti, consistentes en la prohibición de salir del país sin autorización judicial previa; la entrega del pasaporte; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y de comunicarse o acercarse a ciertas personas; y la constitución de un embargo de una casa y un lote ubicados en la ciudad de Funes, de un inmueble rural ubicado en la localidad de Arocena (Santa Fe), de un departamento y una cochera establecidos en la ciudad de Rosario, además de medidas análogas sobre automotores, títulos y valores depositados en diferentes entidades financieras, hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos.

Bailaque, en arresto domiciliario

A partir de la publicación el lunes 30 de junio en el Boletín Oficial de la aceptación de su renuncia como magistrado, lo que significó la pérdida de la inmunidad de arresto, el exjuez Bailaque, cumple detención domiciliaria con empleo de medidas de vigilancia electrónica desde el martes 1° de julio. El juez Rodrigues Da Cruz ordenó que se ejecute la medida cautelar que había dispuesto el 30 de abril pasado -en ese momento ordenó la prisión preventiva- que luego, el 19 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones sustituyó por la de prisión domiciliaria.

La medida se extenderá por 90 días. También se le ordenó al imputado la entrega de su pasaporte y se dispuso la prohibición de salida del país y el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de 600 millones de pesos.

En la audiencia realizada para resolver la detención del exmagistrado participaron a través de la plataforma Zoom los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, de la región NEA de esa oficina, Matías Scilabra, y de la PROCELAC, Diego Velasco; los fiscales Reynares Solari y Argibay Molina; y el auxiliar fiscal de la PIA Venditti.

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