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Enriquecimiento ilícito, lavado de activos y grabación política.
31 julio 2025 - 05:54
Investigación de la Justicia Federal a los Passaglia.
Por Mauricio Alejandro Spahn
Especial «los Passaglia», capítulo I
Una causa iniciada en 2018, impulsada por fiscales federales Matías Di Lello y Carlos Amad, reveló un esquema millonario de enriquecimiento ilícito y lavado de activos protagonizado por la dinastía Passaglia de San Nicolás .
Patrimonio cuestionado: bienes suntuosos y gastos incongruentes
La fiscalía denunció que Ismael José Passaglia —exintendente y dirigente político— y su clan familiar adquirieron en conjunto:
3 departamentos en Avenida Figueroa Alcorta, Buenos Aires;
Una casa en La Barra, Uruguay;
2.233 hectáreas de campos en Ramallo, San Pedro y Entre Ríos;
12 vehículos de alta gama (BMW X1, Mercedes GLC300, Audi Q3 Quattro, Peugeot descapotable, Yamaha YFM350R)
Se documentaron gastos en viajes al exterior, tarjetas internacionales, plazos fijos millonarios y adquisición de divisas, sin respaldo en sus ingresos declarados.
Inconsistencias patrimoniales y actividad fiscal irregular
Los fiscales identificaron consistentes incoherencias en las declaraciones juradas ante la AFIP: donaciones no declaradas, ingresos exentos sin respaldo, incluso un CUIT inexistente utilizado como donante. Ismael José – padre de Manuel y de Santiago – llegó a admitir ingresos no declarados por US$ 3 millones derivados de arrendamientos rurales, lo que convalidó la hipótesis fiscal de evasión tributaria asociada al enriquecimiento ilícito .
Allanamientos al Municipio y la SAPEM “Descubrí San Nicolás”
En marzo de 2024, el juzgado federal de Rosario ordenó múltiples allanamientos a la Municipalidad, incautando documentos y discos rígidos vinculados a la SAPEM “Descubrí San Nicolás”, empresa bajo control municipal que administra el estadio, autódromo, terminal y cementerio. Se la describe como “una Municipalidad paralela con contabilidad paralela”, usada para canalizar recursos públicos hacia aliados del clan Passaglia .
Rol de cada actor investigado
Ismael José Passaglia: exintendente y exfuncionario provincial, señalado como autor del enriquecimiento ilícito y lavado.
Manuel Passaglia: su hijo – exintendente y actual candidato a Diputado por “Hechos”-, partícipe necesario, interrogado en febrero 2023 junto a su hermana Delfina y otros presuntos testaferros .
Ismael Santiago Passaglia: actual Intendente de San Nicolás, exdiputado provincial, acusado de generar ingresos al municipio desde el Consejo Intermunicipal del Delta, un grave conflicto de interés .
Otros implicados: Liliana Ana Gaibazzi (esposa de Ismael José), Denisse Gastellú, funcionaria judicial (esposa de Santiago), Delfina y María Passaglia (hijas de Ismael José) y al menos cuatro personas sospechadas de funcionar como testaferros .
Bailaque: juez clave, resolución ambigua y escándalo tras escándalo
Falta de mérito y excusación
El exjuez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque fue quien dictó en mayo de 2023 la falta de mérito para todos los imputados (Ismael José, Manuel, Santiago, Delfina, María, Gaibazzi y Fernández Motta), sosteniendo que faltaban peritajes contables y que la investigación debía continuar, pero sin procesamientos formales por ahora. También se declaró incompetente para investigar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, derivándolo a la justicia local de San Nicolás.
Apelación y cruce con fiscales
Los fiscales apelaron de inmediato: denunciaron que Bailaque ignoró un acervo probatorio robusto (informes técnicos de la PFA, DAFI, PROCELAC, y datos de AFIP), al tiempo que omitió – incluso – un reconocimiento del propio Ismael José sobre fondos no declarados por US$ 3 millones. Reclamaron revertir la falta de mérito y frenar la declinación de competencia.
Detención y destitución del juez
En mayo-junio de 2025, el juezMarcelo Bailaque dejó de ser irreprochable y se convirtió en el centro de una crisis judicial: fue imputado por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad de documentos públicos y allanamientos ilegales, con inhibición de sus bienes por $1.500 millones y prisión preventiva domiciliaria con pulsera electrónica, confirmada por la Cámara Federal de Casación.
Posteriormente, presentó su renuncia al cargo el 1° de julio de 2025, para no perder su jubilación especial.
A Bailaque se lo acusa de haber coordinado extorsiones con un financista (Fernando Whpei) y funcionarios de AFIP a empresarios, a cambio de frenar investigaciones. La denuncia evidencia un entramado que habría desviado recursos judiciales y administrativos con fines corruptos.
Una causa trabada, con tropiezos judiciales
Estado actual
Embargos: todos los bienes de los Passaglia están embargados preventivamente, incluidos departamentos, campos y autos; sus cuentas bancarias congeladas.
Investigación a la SAPEM: Sigue en marcha; las pruebas secuestradas fortalecen la hipótesis de blanqueo vía estructura privada con dinero público .
Fiscalía vs. Juez: Los Fiscales insisten en que la falta de mérito fue arbitraria; apelan y piden que se revoque la decisión.
Causa por negociaciones incompatibles: Declaran incompetencia federal; fiscales buscan que no se archive en la justicia local .
Jueces en tela de juicio: Bailaque está imputado criminalmente y enfrenta juicio político; su rol en la causa Passaglia quedó comprometido por las propias contradicciones internas.
La sociedad está ante un caso “marca registrada” de envolvimiento político-familiar, enriquecimiento injustificado y entramado institucional cerrado. Los Passaglia aprovecharon su control político y aparentemente crearon una red paralela —la SAPEM municipal— para capitalizar activos; su patrimonio supera con creces los ingresos formales declarados, con gastos, propiedades y operaciones inconsistentes. La justicia federal avanzó con cautelas importantes (embargos, indagatorias, allanamientos), pero la resolución del juez Bailaque —que declaró falta de mérito y remitió parte de la causa a la justicia local— dilató los resultados concretos.
El escándalo judicial posterior al propio magistrado que instruía la causa —sus acusaciones por extorsión, prevaricato y vínculos con narcotráfico— destruyó la legitimidad procesal del caso, tornando más difícil aún su avance objetivo. Si el Poder Judicial no logra autonomía frente a la contaminación política y familiar que este caso expone, la apelación de los fiscales tendrá que ganar peso en la Cámara Federal de Rosario y evitar que la causa termine archivada o resuelta en la complacencia local.
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